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El 8 de octubre más de 23 millones de personas formaron parte del padrón electoral. De ellas, el 0.5% eran personas con discapacidad, (PCD) es decir 1 millón 150,000. El 80% de los electores votó, pero en el caso de las PCD, apenas el 0,9% de los electores con discapacidad (105,000), eran votantes. Y ni siquiera todos ellos sufragan efectivamente. En las Elecciones Regionales y Municipales del 2014, de un total de 74,155 PCD que se encontraban hábiles para ejercer el voto, sólo 37,501 votaros efectivamente.

El derecho al voto es una conquista reciente para las PCD. Hasta setiembre, una fuerte proporción de ellas que presentaban deficiencia intelectual, autismo, síndrome de Down y otras estaban impedidas de votar. Si tienen un carnet amarillo, peor. Este les daba derecho a viajar gratis en un bus pero los descalificaba como ciudadanos.

Pasemos revista a los derechos más importantes de las PCD que están respaldados por la legislación internacional (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006) y nacional (Ley General de la Persona con Discapacidad, 2012). Estos se han ido precisando y ampliando en los años recientes en la normativa, aunque en la realidad persisten hondas brechas que los ponen en serio entredicho.

Salud. Está normado el acceso universal a servicios de salud y rehabilitación públicas por parte de las PCD, que incluyan recursos, personal capacitado, infraestructura, equipos y dispositivos de apoyo. Asimismo el acceso a seguros privados debe darse sin discriminación

La distancia con la realidad es alarmante. Nueve de cada diez PCD (88%) de PCD no tiene tratamiento y/o terapias de rehabilitación (ENEDIS 2012). La exclusión comienza por la falta de acceso a un seguro de salud: hay un el 38.2% de PCD que no cuenta con ninguno. Además, como la salud no es gratuita totalmente, las PCD no acuden a los centros de salud por falta de dinero para comprar las medicinas y pagar los tratamientos que faltan en las instituciones públicas (ENEDIS 2012).

Educación. Está establecido que las PCD tienen derecho a acceder a la educación a lo largo de toda la vida y que el Estado debe ofertarla gratuitamente en todos los niveles, con calidad, pertinencia y soporte especializado. Debe ser con enfoque inclusivo, servicios de apoyo y asesoramiento a los que están en las instituciones regularse; sin discriminación ni bullyng. La inclusión en IIEE regulares debe dares de acuerdo a la edad normativa. El acceso a la educación superior contempla la del 5% de vacantes y el examen de admisión debe hacerse con las adaptaciones y/o ajustes razonables.

¿Cuál es la realidad? La mayoría PCD está excluida, el 24% d no ha recibido educación y el 41% solo tiene educación primaria. La mayoría de PCD en edad escolar aún está fuera de la escuela: El 62.8% de PCD entre 3 y 5 años no asiste a ningún centro educativo; así como tampoco el 36.9% de los que tienen entre 6 y 11 años. Es un embudo: en secundaria la mitad no asiste (ENEDIS 2012). De los 57 mil niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad que estudian en instituciones denominadas "inclusivas", solo 10 mil 667 reciben atención especializada y soporte (MINEDU, 2015) y muchos son objeto de bullyng. En cuanto a la educación superior, solo el 11.6% de PCD estudios superiores universitarios o técnicos (ENEDIS 2012). La gran mayoría de ellas presentan discapacidad física o visual.

Trabajo. Las instituciones públicas y privadas deben reservar cuotas de empleo de 5% y 3% respectivamente para las PCD. Asimismo, las PCD tienen un 15% de pun taje adicional en los concursos de empleo de entidades públicas. Las entidades públicas y privadas están obligadas a realizar los ajustes razonables que requiera la incorporación de PCD y el Estado debe promover el empleo de PCD.

Las brechas a este nivel son gigantes. Ocho de cada diez PCD están inactivas o desempleadas. Las pocas que trabajan están subempleadas (58.3% son trabajadores independientes o desempleadas 12,1%. La tasa de desempleo de las PCD es el doble del promed0o (ENEDIS)

Accesibilidad. Debe ser total, en todas partes: calles, plazas, transporte, información y comunicaciones, servicios, lenguajes, con diseño universal y ajustes razonables que eliminen todas las barreras. Están incluidos los espacios reservados y preferenciales, las bibliotecas accesibles, la exoneración de impuestos para importar vehículos especiales y tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda compensatoria para el uso las PCD.

Pese a algunos avances en este plano, la ENEDIS reporta que 29% de PCD tienen dificultades de ingreso y/o desplazamiento en establecimientos de salud, 23% en los mercados, 21% en los paraderos, 18% en los bancos y en los centros de rehabilitación. En todo el país solo existen 23 intérpretes de lengua de señas reconocidos oficialmente. Las construcciones no se piensan ni diseñan pensando en las PCD y muchas licencias de construcción se conceden sin exigir ni monitorear el cumplimiento de las normas de accesibilidad.

Profesiones. Si nadie entiende la problemática de la discapacidad, no se avanza en atenderla. Está normado que todas las profesiones tengan un enfoque inclusivo, de modo que el país tenga maestros, médicos, ingenieros, abogados, psicólogos, economistas, etc. formados para incluir a las PCD.

La realidad presenta un enorme foso negro en esta materia. Sólo un débil esfuerzo en educación, a partir de los maestros de educación especial y en salud con los técnicos de rehabilitación. La educación técnica y universitaria sigue formando estudiantes que desconocen la diversidad y que luego ejercen su profesión ensanchando las brechas para las PCD.

Presupuesto. A este respecto la normatividad es aún débil. No hay recursos garantizados para asegurar los derechos de las PCD. La legislación establece que debe haber una asignación progresiva de recursos presupuestales para las PCD. El INEI debe considerar la variable discapacidad en los censos, encuestas y registros estadísticos, y además esta información debe ser usada por todos los sectores y niveles de gobierno en la formulación de políticas y presupuestos., Se debe reservar 10% de presupuesto de fomento del empleo, 5% de las Oficinas Municipales para la atención de PCD, recursos para el Consejo Nacional para la Integración de PCD (50% de los recursos de lotería y similares, realizados por las sociedades de beneficencia pública.

Los recursos son escasos e incluso éstos no siempre se terminan asignando en su totalidad. No hay claridad de metas ni presupuestos, porque los sectores no manejan las cifras sobre discapacidad. No se planifica ni monitorea el incremento progresivo de recursos de acuerdo a las necesidades de atención de las PCD. No se supervisa eficazmente el cumplimiento de los pocos recursos asignados.

Hay otros derechos recientes, que carecen de avances, políticas y programas: el derecho a casarse, tener hijos, heredar, adquirir bienes, abrir una cuenta o ser sujeto de crédito. Aún son sólo una promesa.

Este 16 de octubre es el Día de la Persona Con Discapacidad. Para poder celebrarlo con orgullo debemos reducir las distancias que separan a las PCD de los derechos ciudadanos.

Mg. Teresa Tovar Samanez
Socióloga Magister en Sociología por la PUCP y Master en Democracia y Educación en Valores por la Universidad de Barcelona.
Investigadora con especialidad en temas de Políticas Educativas, Equidad, Género, y Discapacidad.
Actualmente es docente de la Maestria de Gerencia Social de la PUCP