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En un contexto de indignación nacional, una opinión pública sensibilizada por noticias como la violación de una bebé de dos meses, la violación a una empadronadora voluntaria durante el censo, el suicidio de joven violada , más feminicidios, escolares embarazadas por sus profesores , los casos más mediáticos de las mujeres quemadas y otras agresiones contra las mujeres y niñas; el gobierno, expresando su voluntad de apoyar desde el más alto nivel la lucha contra la violencia hacia la mujer y de una voluntad por erradicarla; anunció la creación de la Comisión de Alto Nivel Contra la Violencia hacia la Mujer ya frente al caso del asesinato de Jimenita

Esta propuesta de la ex jefa del gabinete ministerial, Mercedes Aráoz, expresó un desconocimiento del sector al ignorar que la Comisión de Alto Nivel del Plan Nacional contra la violencia de género se aprobó mediante Decreto Supremo N° 008-2016 por la primera gestión al frente del MIMP del propio gabinete Zavala. Además de ello existe la Comisión Multisectorial permanente del PLANIG (Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 -2017) creada mediante Decreto Supremo N° 004-2012. Saludamos la voluntad y el hecho de buscar mejores resultados según el anuncio de Aráoz. Lo que en realidad toca hacer cumplir la ley y los planes aprobados.

Durante la actual gestión del Presidente Martin Vizcarra y el Primer Ministro Cesar Villanueva se crea una nueva “Comisión de Emergencia” mediante RS. 129-2018-PCM de fecha 7 de junio para elaborar un Plan de Acción Conjunto en 45 días, sin presupuesto adicional. Medida cortoplacista, burocrática y efectista que nuevamente muestra desconocimiento de la normatividad vigente y debilita la institucionalidad.

La referida comisión no se inserta en el Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres y grupo familiar creada por la ley 30364 creando una instancia similar a la ya existente. La Comisión Multisectorial y de Alto Nivel (CEMAN), la que por falta de voluntad política tiene un desempeño que no responde a las necesidades frente a la agresión, acoso, violación y muerte de mujeres

Por su parte la CEMAN no ha cumplido con las obligaciones del artículo 36 de la ley 30364 pese a ello debe ser fortalecida con exigencias de cumplimiento obligatorio buscando priorizar sus tareas pendientes, entre ellas el Plan Bianual 2019-2020, plan que debe incluir presupuesto público de los sectores competentes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Publico y la Defensoría del Pueblo. Resulta grave la no inversión del estado en presupuestos públicos contra la violencia de género. Resulta insuficiente invertir casi exclusivamente en creación de más CEMs. Deben aprobarse los 4 Protocolos de Actuación Conjunta (Prevención, Atención integral y Protección, Sanción y Reeducación). Se requiere diseñar e implementar un Programa Presupuestal Mutisectorial y Resultados para financia el Sistema Nacional que crea la ley 30364

Es importante el interés, la más alta jerarquía del Estado. Creo que este es un gesto político importante del presidente, pero hay que señalar y tomar en cuenta, que la Ley 30364 ya estableció un Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y verificar que esta ley contra la violencia hacia la mujer se cumpla. La comisión prevista por la Ley 30364 debe estar integrada por nueve ministerios, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo y su Reglamento prevé, además, la existencia de un Grupo Nacional integrado por representantes de sociedad civil.

A lo largo de su trabajo durante 22 años el Ministerio de la Mujer ha sido permeable a buscar modificar para superar los enfoques (asistencialista y clientelares) que precedieron a los de igualdad de Oportunidades (2000- 2005, 2006-2010) y el de Igualdad de Género (2012-2017). El Promudeh creo el programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. El MIMDES (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social) impulsó hasta lograr que se promulgase, la Ley de Igualdad de Oportunidades (LIO) en el 2007. Y en el 2011 se elaboró y puso en práctica el Plan Nacional de Genero PLANIG 2012-2017 y que impulsó en noviembre – diciembre del 2011, durante nuestra gestión la tipificación del Feminicidio. Y su alineamiento a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que forman la agenda 2030 aprobada por el 2015 por las Naciones Unidas. Reafirmemos que reducir la pobreza, las brechas de género y las desigualdades son tres de los 17 ODS, que incluye a todos los ministerios. Es urgente el balance de la gestión al 2018 en relación al PLANIG 2012-2017 y su continuidad más allá del Bicentenario (2018-2022)


¿Qué hacer? Reflexionemos sobre medidas generales y específicas


Debemos, para empezar, superar la lógica exclusivamente punitiva e intimidatoria que se expresa recurrentemente y como cortina de humo prácticamente en la propuesta de pena de muerte Demandamos por ello mayor eficacia preventiva del delito. Ello requiere preparación de las instituciones del estado de cara a la protección de los ciudadanos. La ley establece en primer lugar: prevención. Urge establecer políticas de responsabilidades compartidas entre el Estado y la sociedad y el impulso de un Sistema Integral de Cuidados.

Una estrategia integral de intervención deberá estar basada en la articulación de los diferentes sectores. Se cuenta para ello con el instrumento matriz: el PLANIG 2012-2017, cuyo mandato es transversal a todos los sectores que debe ser proyectado y actualizado al 2022. Está pendiente el balance de lo actuado a la fecha.

Promover la Educación en Igualdad para superar la discriminación de género, la misoginia, el machismo y que se revalorice a la mujer. También la Educación Sexual integral. No permitir los retrocesos que se vienen evidenciando en el MINEDU, a partir de la influencia de los sectores conservadores opuestos a la Igualdad de género. El 2 de diciembre del 2017 los medios de comunicación dieron cuenta de la firma de un convenio multisectorial que incluiría Educación Sexual desde el nivel inicial, medida que saludamos. En el Currículo Nacional se fortalecerá el área de tutoría, con especial énfasis en la educación sexual. El convenio de MINEDU y el MIMP tiene carácter vinculante con los planes nacionales: el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 y el Plan Nacional Contra la Violencia de Genero 2016-2021 y el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021.

Así mismo el MIMP suscribió un convenio de Cooperación Interinstitucional con el MINSA, y el Instituto Nacional de Salud de San Borja buscando que los menores de 18 años que el MIMP alberga en los Centros de Atención Residencial (CAR) reciban atención atreves del Sistema de Integral de Salud (SIS)


Incremento del Presupuesto, del MIMP, las Fiscalías, la Policía Nacional, es una prioridad. El presupuesto del MIMP para el 2018 representa el 0.3% del presupuesto público y el monto total, S/ 456,2 Millones de soles, resulta inaceptable y no solo incomprensible que en el marco de la Reforma Tributaria se plantee incluir a las grandes empresas en exoneraciones tributarias. El presupuesto del 2018 creció en 10% y las exoneraciones representarían una pérdida del 15%. Por lo tanto el presupuesto real es menor e insuficiente

La Fiscalía viene pidiendo públicamente recursos para atender a víctimas ya que carece de un presupuesto asignado para combatir la violencia hacia la mujer. Así lo informo a la prensa la fiscal Silvia Chávez. En el mismo sentido se ha expresado la Jueza Superior Elvia Barrios Presidenta de la Comisión de Justicia de Genero del Poder Judicial y el propio Pablo Sánchez Velarde, Fiscal de la Nación.

La legislación debe ser severa, para sancionar debidamente a los agresores sin embargo es solo una parte de la solución. Las leyes son blandas frente a la violencia contra la mujer y las penas no fueron proporcionales a la gravedad de los daños causados. No más de 8 años de cárcel han recibido 656 violadores (13%) solo al 2% de ellos se le aplico la pena agravada de 12 a 18 años. La marcha del 25 de noviembre del 2017 exigió que el Ministerio Público actué de oficio ante las denuncias públicas de abuso contra mujeres. Resulta positivo, por otro lado, que el 15 de noviembre el Congreso aprobara la pena efectiva de cárcel para agresores, norma que prohíbe que acusados de cometer lesiones leves en agravio de mujeres reciban prisión suspendida.

La protección de las víctimas, con especial énfasis a mujeres y menores, es una norma que no se puede contravenir. La protección del Estado por ello debe estar presente en los procesos por feminicidio, violación de menores y afines. Actualmente (es el caso de los equipos profesionales) el rol está limitado a lo largo de todo el proceso judicial, al no tener la calidad de operador de justicia ni de sujeto procesal, conforme a ley. Se hace necesario recoger la propuesta de crear la Procuraduría Pública Especializada de Protección de Menores y Mujeres.

Capacitación y especialización de la policía y la fiscalía, Cursos especializados en los ámbitos regionales y locales.Atención gratuita y de calidad para la recuperación de la salud física y mental. Centros de tratamiento para los agresores. Inversión en servicios, son diferentes medidas a considerar así como la mejora de las condiciones socioeconómicas, para que el país acceda plenamente a la justicia.

A nivel de Estado, se requieren diversos cambios:

Profesionalizar las decisiones políticas para enfrentar el problema con respuestas eficientes que ataquen sobre todo las causas, establecer compromisos en la ejecución del monitoreo y seguimiento de políticas públicas. No se puede seguir aprobando leyes muchas veces populistas y reactivas frente a cada caso de la violencia. El código penal debe ofrecer un planteamiento sistemático para proporcionar proporcionalidad de las penas

Es fundamental hacer un análisis sobre el tratamiento de este tema en los medios de comunicación, el tratamiento de moustro a un violador representa un retroceso, no se trata de enfermos mentales , se trata de los hijos sanos del patriarcado que creen tener el derecho de violar, quemar y matar impunemente.

En Prevención y sanción a la menor sospecha o indicio de una agresión sexual, hay que detener a los delincuentes y encarcelados. El delito es demasiado grave para tener consideraciones. Siempre prisión y jamás comparecencia. Asimismo , sostiene que la creación de Centros de Emergencia de la Mujer (CEM ) en las comisarías es una iniciativa loable y novedosa y se hace necesaria la especialización de policías , fiscales y jueces . “ No cualquier juez puede ver un caso de lavado de activos internacional , para eso se especializan, pues lo mismo debe ocurrir con todos los involucrados en la cadena de justicia para atender los delitos contra la libertad sexual ”.

El plazo está vencido para detener la muerte. Se requieren más recursos y menos discurso

Preocupa que se creen más comisiones, que devengan en más burocracia estatal. La situación que viven día a día las mujeres en el Perú exige resultados concretos y específicos.

El primer resultado tendría que apuntar a mostrar otras cifras, menos dolorosas, que saquen al Perú del deshonroso lugar de ser el segundo país en Latinoamérica con más violaciones sexuales y tercero a nivel mundial en relación a los feminicidios ya que la expresión ¡Nos están matando! recorre las calles del país.

Y el segundo resultado tangible tiene que ser el incremento del presupuesto asignado al ente que ha venido luchando contra la violencia hacia la mujer en el Ejecutivo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Solo este incremento cuyas cifras se podrán evaluar el 30 de noviembre 2018, en que se vence el plazo de la aprobación del próximo Presupuesto General de la Republica, solo ello permitirá hacer evidente y medible la concreción de la voluntad política de implementar de hecho las políticas públicas favorables a la mujer y contra la violencia de género.

Hoy tenemos que vencer también la batalla contra el miedo y la inseguridad de las mujeres que hoy enfrentamos en el país. Se necesita el compromiso de todos, todas; y sin lugar a dudas el papel del Estado es fundamental en esta lucha.

Mg. Aída García Naranjo Morales
Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social. Magister en Políticas Públicas de Igualdad y Genero. FLACSO Uruguay /México 22013-2015. Integrante del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial (2018)