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Perú

Por Julio Arbizu y Dante Morales

Respecto a la corrupción en los Estados latinoamericanos hay una vasta producción académica a la que nos permitimos aportar en este pequeño ensayo. Una de las dimensiones del problema reside en que es un fenómeno cultural que va en franco crecimiento durante las últimas décadas. En relación directa al reconocimiento casi unánime de la gravedad del problema, lo cierto es que los hechos demuestran que hablamos de un mal endémico que ha afectado y sigue afectando con más intensidad a las débiles democracias en esta parte del mundo.

Entre los grandes escándalos que han remecido a la región latinoamericana en los últimos años tenemos al Caso Petrobras y la investigación alrededor de lo que en Brasil se ha llamado el caso Lava Jato, que ha propiciado diversos análisis desde una perspectiva tanto crítica como analítica[1]. En el Perú, este último ha provocado el encarcelamiento de emblemáticos políticos, entre miembros de los gobiernos de los últimos años y de bancadas de oposición en el Congreso. Este último es una realidad que ha afectado la imagen del país, su institucionalidad, y al mismo tiempo ha marcado un reto a un sistema de administración de justicia, no precisamente provisto de las mejores armas, técnicas ni éticas.

Desde otro punto de vista, la conciencia que se ha generado en gran parte de la población civil, a propósito de este mal endémico, ha logrado constituir un sentido de justicia permanente en el imaginario popular. Las demandas que los organismos no gubernamentales plantearon en su momento, si bien resultaron legítimas y valederas, no lograron el efecto deseado en las realidades estatales. Sin embargo, parece que la concientización está rompiendo el mito de la necesidad de una conducción, para pasar a convertirse en una demanda de un acompañamiento eficaz entre las instituciones y la población.

Tal como señala el trabajo que citamos, solo en México la prensa registró hasta 502 casos de corrupción y para 2014, este número había ascendido hasta 29505. En Guatemala, la renuncia del presidente Pérez Molina tuvo como principal causa el descubrimiento de negocios ilegales entre él y gente de su confianza. Hay serias acusaciones que pesan sobre otros mandatarios como el de Martinelli en Panamá, así como la renuncia del expresidente del Perú, Pedro Pablo Kuzsinzky, por un caso de compra de votos. Sendas medidas han tomado sus gobiernos, siendo insuficientes hasta ahora.

El crecimiento económico se ha planteado como una de las razones fundamentales de la proliferación del uso indebido de los fondos gubernamentales. Sin embargo, nuestra tesis se inclina por pensar en componentes sociales, idiosincráticos y culturales. Desde la instauración de las flamantes repúblicas en América Latina, la corrupción ha aumentado solo porque el Estado y sus capacidades lo han hecho simultáneamente, más no creemos que haya existido alguna tregua entre este fenómeno y las políticas de Estado.

Por tanto, así como el crecimiento y la propagación de las oportunidades en los países de la región tienen incidencia en el nivel corrupción, también estos actos ilícitos tienen repercusión en las economías de los países.[2] En ese sentido, se ha planteado que los sobornos o “coimas”, logran el irónico efecto de eliminar barreras burocráticas, lo que no tienen ningún sentido para el análisis. La corrupción no solo afecta directamente al erario nacional, sino que obstaculiza el crecimiento de la economía porque ahuyenta las inversiones de quienes deseen trabajar legalmente, y conforme a los dispositivos internacionales, en nuestro país.

Sobre los datos que nos dan una lectura concreta de la situación en los diversos países latinoamericanos, podemos citar el último Índice de percepción de la corrupción, preparado por la ONG Transparencia, donde se concluye que Uruguay y Chile son los países percibidos como menos corruptos de la región; y en contrapartida, tenemos a naciones como Guatemala y México, percibidos como los más corruptos. El Perú se mantiene en una zona muy cercana al de estos últimos países, colocándose en el puesto 105 de 180 países[3].

Asimismo, cabe resaltar el papel del Ministerio Público y las procuradurías en medio de todos estos escándalos, muchos de ellos realizando sacrificadas tareas que se alejan de la percepción anacrónica que la sociedad civil tenía hasta hace pocos años. La pasividad y burocratización, males de estas instituciones[4], se han visto desplazadas en los últimos veinte años. Como consecuencias de las reformas procesales realizadas para atacar a este flagelo, se puede observan un Ministerio Público más autónomo y fuerte en nuestros países.

El problema, sin duda alguna, es también extirpar estas conductas delictivas de las propias instituciones que deben velar por la legalidad y la fiscalización. Así, si bien se han hecho esfuerzos para lograr una mejora paulatina y capacitación del personal del Poder Judicial y el Ministerio Público, aún quedan vestigios del modus operandi de denunciables formas de ejercer la justicia, y nos referimos también a los regímenes que institucionalizaron la corrupción. Por ese lado, parece consenso general que, en el Perú, durante la década de los noventa, se logró maniatar el Poder Judicial y las redes de corrupción lograron enraizarse hasta a un punto que esto sigue produciendo efectos aún hoy en día, año 2019[5].

El derecho penal sigue ejerciendo un papel determinante en la lucha contra la criminalidad[6]. Así, Giezek considera que la tipificación permanente que hacen los legisladores logra el efecto de repercutir en la realidad:

"Es evidente que en la lucha contra las diferentes formas de corrupción el derecho penal cumple un importante papel. La formulación apropiada de los códigos que establecen el ejemplo de las conductas concebidas como las adecuadas desde el punto de vista de las estructuras estatales existentes, puede contribuir a la reducción de la escala de este fenómeno"[7].

Otros autores como Girling[8], citado por Bustos, ha aterrizado correctamente sobre la problemática, dividiendo la tarea de acabar con este mal enraizado. Dicho autor enfatiza en la normalización de una cultura corrupta que rompe la confianza en el sistema, populariza la idea de delictuosidad, presupone la idea de muchos casos y produce desánimo general. Si estos cuatro factores son atacados con cultura ciudadana y una correcta administración del sistema de justicia, lo que consecuentemente sucederá es una disminución proporcional y paulatina de este flagelo, razón directa y de origen de las debilidades democráticas e institucionales en los Estados de la región.

Pero hay además dos factores que a nuestro modo de ver, son esenciales en la mirada que un adecuado combate contra la corrupción no debe perder de vista. El primero tiene que ver con que en el último tiempo la corrupción ha acompañado la instauración de un modelo económico casi unívoco en la región. La configuración geopolítica reciente en Latinoamérica seguirá acentuando el nocivo algoritmo de mayor inversión privada a toda costa + escasez de controles = Corrupción. Y por otro lado, la economización del problema de la corrupción seguirá disfrazando un problema social de detrimento de derechos fundamentales (como es la corrupción que afecta la provisión de servicios básicos desde el Estado) con la careta de un problema estrictamente patrimonial.

Frente a esto, es necesaria la vigilancia ciudadana de un lado, pero del otro, un cambio o disputa de un sentido común que se viene arraigando en nuestros países, producto de algunos intereses poderosos. Solo así se puede entender esa ya vieja letanía de que “la corrupción la combatimos todos”.

[1] Se puede revisar el capítulo 2 del trabajo “Un análisis de la corrupción de América Latina”, de Alejandro Salas, director regional para las Américas, Transparencia Internacional.

https://revistainternacionaltransparencia.org/wp-content/uploads/2016/12/Alejandro-Salas.pdf

[2] Cárdenas, Gilberto; García, Sofía; Salas, Álvaro; Nieto, Laura: “Análisis de la corrupción y la gobernanza en América Latina”. Instituto L.R. Klein – Centro Gauss. U.A.M. D.T. nº 25. Diciembre, 2016.

[3] Índice de Percepción de la Corrupción, 2018. Se puede revisar la información completa en la web de la ONG Transparencia.

[4] Salas, Luis; Ma. Rico, José; “La corrupción en América Latina: manifestaciones y mecanismo de control”, 1ra edición, Miami. Centro para la Administración de Justicia, 1996.

[5] “La mafia es un leopardo, el Estado es un mamut”. Entrevista al ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra por Alonso Rabí Do Carmo.

[6] J. Giezek. “El combate a la corrupción en el derecho penal polaco”, Revista Vox Juris, 2007, pág. 82

[7] Ídem.

[8] R. Bustos, Corrupción política: un análisis desde la teoría y la realidad constitucional, Teoría y Realidad Constitucional, Madrid, 2010, pág. 76

Julio Arbizu González
- Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con formación en derecho público. Especialista en derecho penal y procesal penal. Amplio conocimiento en materias relacionadas con procesos de transición democrática (justicia transicional, reforma del Estado, procesos de integración y conflictos sociales) y delitos contra los derechos humanos y de corrupción. Ha sido docente de la Academia de la Magistratura, la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú y la Pontificia Universidad Católica del Perú, además, es habitual conferencista en eventos nacionales e internacionales. Fue integrante del equipo jurídico de la Procuraduría Ad Hoc Fujimori-Montesinos (2000-2005). Además, se desempeñó como Jefe del Área Penal del Departamento de Asesoría Legal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2005-2007). Ha sido Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (2011) y Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción (2011-2014). Dirigió el Centro Liber para la promoción y defensa del derecho de acceso a la información y transparencia pública (2014-2016). Fue integrante de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) promovida por la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el cargo de Oficial de Seguimiento (2016-2018). .


Dante Morales Taquia
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en las ramas de Derecho Penal, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. En su corta trayectoria, se ha desempeñado en entes públicos y privados. Ocupó el cargo de redactor principal y analista legal en Legis.pe entre el 2017 y el 2019, donde contribuyó con decenas de artículos de relevancia legal. Actualmente se desempeña como abogado asociado en el Estudio Arbizu & Gamarra.

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