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Perú

En medio de la epidemia del Covid-19, el inicio de la Década de la Mujer en México en 1975, parece muy lejano en el tiempo. América Latina y el Caribe experimentaron en aquellos tiempos una creciente conciencia pública, de impacto internacional, sobre la urgencia de vencer la discriminación y la violencia de género. Casi medio siglo después, el feminicidio y sus secuelas ha alcanzado niveles insostenibles en la vida de las mujeres en los diversos contextos nacionales de nuestra región. Contamos desde hace 40 años con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida por sus siglas en inglés: CEDAW (1979) y, desde hace 30 años, con la Convención sobre los derechos del niño: CDN (1989). Ambos instrumentos internacionales, ratificados en toda nuestra región, establecen la responsabilidad internacional de los Estados Parte y han propulsado importantes cambios en los países latinoamericanos y caribeños en favor de niñas y mujeres.

Los factores históricos macroeconómicos requieren de justa ponderación cuando se pretende entender cuál es la dinámica de la condición socio-económica y cultural de las mujeres y niñas. América Latina y el Caribe han tenido un corto período de expansión económica marcada por políticas neoliberales, sin un consistente desarrollo porque siempre quedaron atrás millones de personas que no se beneficiaron, como los pueblos indígenas y las poblaciones afro-descendientes. Se ha mantenido una constante desigualdad económica, social y cultural, enquistada en nuestras sociedades que afecta marcadamente a las mujeres en su desarrollo personal y colectivo, dependiendo en dónde se encuentren. Dicho todo esto, la vulnerabilidad económica de nuestros países está de retorno. Lamentablemente, la reciente crisis derivada del COVID-19, además de producir una unilineal urgencia, va a intensificar las tendencias negativas, sobre todo en cuanto a la acentuación de la pobreza y extrema pobreza, males que habían sido mitigados en las décadas recientes, aunque no eliminados, así como la exacerbación de la desigualdad en sus diversas vertientes. Estamos ante un momento excepcional para pensar y decidir sobre las prioridades. La vida, la salud, el cuidado de las otras personas se ha colocado en el centro de la agenda. Tenemos que hacer modificaciones sustanciales, inclusive en la economía, de lo contrario, las sociedades y sobre todo las mujeres verán, con certeza, su horizonte limitado en los años a seguir.

Es importante revisar cómo se han venido evaluando los resultados de las recientes décadas[1], a la luz de la normatividad internacional vigente, sobre todo expresada en las dos convenciones mencionadas. En primer lugar, se han sopesado las medidas normativas que rigen tanto las políticas públicas como las reglas de la vida social. Es notorio que nuestros estados han invertido ingentes recursos en la elaboración de marcos legales, muchas veces bajo influencia de los movimientos de mujeres en clara presión ante los órganos legislativos y ejecutivos. Hay suficiente experiencia regional para proyectar que esta es una de las regiones del mundo con mayor densidad legislativa y con potencialidad para producir las mejores leyes en favor de las mujeres. También hemos dicho que sin cifras no se puede avanzar en la búsqueda de soluciones. Poco a poco, muchos de nuestros países han construido sistemas estadísticos, algunos con enfoque de género, que han ofrecido sustento a las políticas de género.

En segundo lugar, las políticas públicas requieren de cuidadosa evaluación, incluyendo la revisión de sus presupuestos y de cada una de sus formas de implementación. Nuestra historia muestra las enormes barreras para llevar a la práctica las novedosas políticas públicas que se diseñan. Algunas de las excelentes políticas en favor de la igualdad de género formuladas, se quedan -como se suele decir- a mitad de camino. Otras han avanzado y han acompañado progresos sociales a favor de las mujeres. Lo más común, sin embargo, según lo que refieren los propios Estados, es no contar con suficiente financiamiento ni con personal adecuadamente calificado para llevarlas adelante. Por lo mismo, en pocos casos se llegan a las metas planteadas. En estas últimas décadas, queda claro que solo las políticas públicas persistentes y adecuadamente transversales pueden contrarrestar la inercia de la discriminación de género que tiene siglos de existir.

En tercer lugar, podríamos decir que las legislaciones han evolucionado favorablemente en lo civil, en lo penal, en lo laboral, en lo comercial y hasta en lo tributario. No se ha culminado aun la reforma legislativa para erradicar todas las formas de discriminación legal, pero los mayores retos están en las condiciones en las que las mujeres tratan de acceder a la justicia. Todavía persisten marcadas características de exclusión y deficiente atención a los problemas jurídicos que plantean las mujeres en toda su diversidad. Hay sustantivas discusiones sobre la pertinencia o no de jurisdicciones especializadas. Cada país decide si la temática de familia requiere o no de juzgados especializados, lo mismo si las situaciones de violencia ameritan una atención específica o si pueden ser tratados por juzgados que enfrentan un sinnúmero de otras causas. Para comenzar, las mujeres necesitan contar con asesoría legal calificada, en sus idiomas nativos, que les ayude a encontrar la solución dentro del marco legal. Eso implica elevar las oportunidades para el acceso a asesoría en los campos especializados, se requiere un trabajo sustancial de ampliación de la Defensoría Pública. Luego, se debe propiciar el agotamiento de las vías administrativas en búsqueda de soluciones, y solo más adelante y, en último recurso, ir a la vía judicial en todas sus instancias, para luego intentar, si fuera el caso, la justicia constitucional y, si queda aliento, ir a una instancia, sea regional o internacional. Los sistemas judiciales en nuestra región todavía enfrentan severos problemas en la formación de los jueces y juezas, quienes todavía aplican estereotipos negativos a las mujeres, en lugar de interpretar adecuadamente los mandatos constitucionales y las leyes.

Es imposible saber si los Estados están cumpliendo con sus obligaciones internacionales sin confrontar los resultados directos e indirectos en la vida concreta de las mujeres. Nunca como hoy, es necesario dar una mirada específica a los problemas para ver si se cumple con los estándares internacionales establecidos en la CEDAW y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay estudios orientadores, pero es importante relacionarlos con la política pública para identificar cuáles son las responsabilidades inherentes al Estado. Tocaremos en forma somera la educación, la salud, el trabajo, la participación política y la violencia.

Educación

Respecto del derecho a la educación, tenemos que situarnos en el corazón de la institucionalidad educativa, en la escuela y en la currícula educativa. Los niveles de cobertura son importantes, pero hay una urgente necesidad de escuchar a las maestras, maestros y, por supuesto, a las alumnas. Hay que estudiar y entender los problemas que enfrentan las mujeres, sobre todo las niñas, en el sistema educativo, para rediseñar nuevas soluciones e iniciativas . Por ejemplo, por qué tantas adolescentes se embarazan y no logran seguir en la escuela. El inicio de la maternidad en edad adolescente reproduce la discriminación y la tolerancia a la violencia sexual. Es indispensable quebrar la lógica que lo sigue reproduciendo para establecer claras medidas de prevención. Las probabilidades de salir adelante, de manera autónoma, en la vida de una madre adolescente son remotas, aunque no imposibles, cuando hay voluntad de encontrar soluciones. Pero, el asunto es más complejo porque aún no es suficientemente robusta la modificación de los patrones sexistas en la educación. Es sintomático que los estereotipos continúen reproduciéndose al momento de escoger estudios. Todavía no se logra que las mujeres elijan, como una opción a su alcance, las ciencias, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. Está claro que esta discriminación tiene que ser vencida para abrirles nuevos horizontes de realización personal, así como favorecer su ingreso y permanencia en el cambiante mercado de trabajo. No sabemos la forma que tomará después de esta crisis, pero sea cual sea, las niñas y las mujeres necesitamos una mejor educación.

Salud

Para comprender lo que pasa con el derecho a la salud, habrá que revisar todo lo analizado a la luz del reto de la respuesta a la epidemia del coronavirus. Hasta ahora, sabemos que no ha sido suficiente contar con cifras sobre el acceso de las mujeres a la salud. Hay que llegar a las salas de emergencia en hospitales de zonas densamente urbanas o de alguna cabecera de región, donde llega la población rural, para conocer lo que viven las mujeres. Es cierto que ha disminuido la mortalidad materna, pero es importante no bajar la guardia. Mientras no se autorice la legalización del aborto, seguiremos teniendo muertes maternas por abortos inseguros y las vidas de las adolescentes y de todas las que no desean ser madres, seguirán siendo forzadas a maternidades impuestas. Hay que escuchar en qué condiciones las mujeres dan a luz, antes y después de esta crisis, cómo son tratadas en los servicios de maternidad, cómo se atiende a las jóvenes adolescentes que van a buscar medios anticonceptivos. Existen inercias que, una vez reconocidas, se pueden alterar para que las políticas de género funcionen. Las mujeres afectadas por alguna discapacidad no deberían ver sus derechos sexuales y reproductivos disminuidos, no tendrían por qué ser sometidas a prácticas de esterilización, sin contar con su opinión libre e informada. Son innumerables los aspectos que deben ser evaluados para que realmente se respete el derecho a la salud de las mujeres. La situación crítica de hoy no debe posponer la responsabilidad de responder a las mujeres con un sistema de salud eficiente y respetuoso de sus derechos.

Trabajo

El ejercicio del derecho al trabajo es sumamente dinámico. Las miradas meramente cuantitativas no ayudan a entender lo que sucede con las mujeres en el mundo laboral. En general, las cifras muestran que las mujeres tienen ahora mayor presencia en la población económicamente activa, pero están sobrerepresentadas en los sectores informales, donde no hay protección social y son las mujeres quienes más trabajan a tiempo parcial o en el trabajo doméstico remunerado, que aún no tiene las protecciones laborales adecuadas. Algunas cifras, como la proporción de mujeres que no tiene acceso a recursos propios (29,4%) y casi triplica la de los hombres (10,7%)[2] , muestran la marcada desprotección de las mujeres y explica su nivel de dependencia. En el amplio panorama, queda claro que no es suficiente, aunque necesario, contar con una norma que exija el respeto a la igual remuneración por el trabajo de igual valor. Hay que saber que la brecha salarial llega casi al 30% en esta región y que, muchas veces sucede entre las mujeres con los más altos niveles educativos. Las mujeres están presentes en centros laborales, en muy diversas formas de trabajo informal, y también tienen gran presencia en zonas rurales o mineras. Este es un panorama dinámico, y como tal, está sujeto a la política pública. Es decir, pueden tomarse medidas que mejoren estas condiciones de trabajo. Aunque, es ya bien conocido que el elemento económico más importante del trabajo de las mujeres es todavía invisible a la economía formal, a pesar de serle vital. Me refiero al trabajo del cuidado, sobre todo el no remunerado. Ese es el soporte de la economía que aún no es reconocido en su real valor. La actual crisis derivada del coronavirus tiene uno de sus ejes centrales en el cuidado. Sea en el ámbito hospitalario, donde las mujeres son abrumadoramente mayoritarias o, en el espacio doméstico, donde el cuidado de las nuevas generaciones, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad o de quienes están afectados por enfermedades, ha reposado principalmente en la dedicación de las mujeres. Mientras no se resuelva este nudo, el trabajo de las mujeres seguirá teniendo baja remuneración y continuará con el halo de ser considerado como la extensión del amor, dentro del ámbito familiar y en todos los espacios feminizados del cuidado de los seres humanos. Es fundamental avanzar en la protección laboral del trabajo doméstico y continuar con la medición del uso del tiempo, así como proponer cuáles deberían ser las políticas públicas que conduzcan al reconocimiento económico y social del trabajo del cuidado no remunerado, con adecuados mecanismos de protección social.

Participación política

Otro aspecto que ha sido objeto de sesudos análisis es el derecho a la participación política. Las cifras suben y bajan. Hay muchos países con leyes que establecen cuotas o, mejor aún, mecanismos para la paridad en diversas modalidades. Sin embargo, es fundamental escuchar las historias de quienes se postulan en la política, de las mujeres que estuvieron alguna vez en responsabilidades locales, regionales o nacionales. Veremos que las barreras que bloquean a las mujeres en la política son realmente difíciles de franquear porque tienen raíces discriminatorias históricas. Aun no se tiene confianza en la gestión política a cargo de una mujer, aunque hay actualmente liderazgos de mujeres en puestos claves del Estado, con excelentes resultados. Ojalá se modifiquen los juicios rápidos sobre las mujeres en puestos de poder, a menudo bajo sospecha por el “error” que van a cometer. No se les da la oportunidad para que demuestren sus capacidades. Se las juzga inmediatamente por criterios que poco o nada tienen que ver con sus funciones. En el peor de los casos, han sufrido graves formas de violencia. Esos prejuicios o estereotipos no se desprenden de las leyes de paridad o de cuotas, según sea el caso. Están en las reglas no escritas de la política. Los Estados tienen además la responsabilidad de tener una representación internacional con criterios de paridad, no solo en el más alto nivel de la representación diplomática (embajadoras), sino en todos los niveles de la representación en las entidades regionales e internacionales. Sigue siendo una agenda pendiente.

Violencia contra las mujeres y las niñas

He dejado para el final comentar sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Este es uno de los ámbitos con más reforma legislativa en nuestra región. No solo tenemos uno de los mejores instrumentos regionales, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, aprobada en 1994, sino que prácticamente todos los países de la región tienen leyes al respecto. Ha llegado el momento de evaluar por qué el actual andamiaje legislativo no resulta efectivo. El reto es enorme porque mientras crece el feminicidio, se incrementan las voces para endurecer las penas. Se llega a hablar de cadena perpetua o hasta de pena de muerte. No hay camino más equivocado que ése. Nunca resolveremos este grave problema social por la vía de penalizar más a los agresores. Es fundamental revisar la causalidad de esta violencia extrema. Es hora de comprender que la desigualdad y la discriminación están detrás de cada muerte y de cada forma de violencia que destruye la vida de las mujeres y las niñas. Es imperativo cambiar este sistema o seguiremos lamentando muertes de mujeres y vidas truncadas de las niñas. Tampoco queremos impunidad. Los crímenes tienen que ser sancionados, pero la solución no se encuentra en la mera aplicación del derecho penal. Hay que elevar el nivel de protección de las mujeres y las niñas. La actual circunstancia de permanencia obligatoria en los domicilios, debido al coronavirus, implica la responsabilidad del Estado de ofrecer los mecanismos de protección adecuados a las mujeres que conviven con un agresor, tal como se hace con las líneas telefónicas o los Centros de Emergencia. Lo importante es evaluar que funcionen adecuadamente y, si no fuera así, rediseñarlos para mejorarlos. Estos servicios constituyen parte del derecho fundamental de toda mujer o niña a una vida libre de violencia. Su adecuado funcionamiento es responsabilidad de la política pública.

Queda claro que a las mujeres nos toca ocupar los lugares que nos corresponden, en situaciones de crisis también. Nos toca exigir que nuestros derechos se cumplan en todos los ámbitos. Los movimientos de mujeres y el feminismo, en todas sus vertientes, han sido los motores centrales de la permanente exigencia del respeto por los derechos. Por lo mismo, debemos ser escuchadas por la sociedad y por el Estado. La grave situación en la que estamos nos permite imaginar radicalmente otra manera de vivir. Si bien el panorama parece ahora sumamente difícil de desbrozar, también es cierto que se abren algunas oportunidades de reelaborar las prioridades empezando con el derecho a la vida digna, con acceso universal a la salud y al cuidado de las personas. El pleno derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y violencia, en los aspectos que hemos comentado, puede abrir las compuertas para una revitalización de la vida social, donde cada quien aporte según sus capacidades y no según el abusivo uso del poder que cada quien detente. Nuestra sociedad está todavía secuestrada por un orden patriarcal vetusto y renuente al progreso que descalifica la vida y la libertad de las mujeres. Hay que entender esta realidad para cambiarla. Es nuestra responsabilidad histórica.

[1] Ver el Informe regional sobre el examen de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en los países de América Latina y el Caribe a 25 años de su aprobación. CEPAL 2020.

[2] Indicador propuesto por CEPAL.

Mg. Gladys Acosta Vargas
Vice Presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer Peruana. Master en Sociología (Universidad La Sorbona-Francia). Abogada (Pontificia Universidad Católica del Perú). Actualmente Vice-Presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Jefa Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de la Mujer para las Naciones Unidas – UNIFEM (2008-2011). Representante de UNICEF en la Argentina (2006-2008) y en Guatemala (2002-2006). Asesora Regional en Asuntos de Igualdad de Género y Desarrollo Adolescente - Oficina Regional del UNICEF (1999-2002). Profesora visitante de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (1993-1995). Investigadora sobre Género y Poder en el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA). Directora del Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán” (1991-1992)..

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