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Chile

Christian Quinteros Flores

Resumen

Este ensayo busca relevar desde el punto de vista socio histórico, el rol gravitante que han desempeñado las mujeres en la construcción del tejido social y comunitario en Chile, en contextos de absoluta hegemonía masculina, no solo en ámbitos políticos, sino también epistemológicos y científicos, donde se ha evidenciado en distintas épocas una histórica subordinación frente a las elites predominantes. En contextos académicos de creciente instalación de epistemologías feministas, este trabajo busca identificar desde una perspectiva historicista, las tensiones y asimetrías que las mujeres tuvieron que enfrentar para desenvolverse exitosamente en distintas matrices sociopolíticas desde los años 60s hasta nuestros días. El trabajo se aproxima mediante revisión bibliográfica, al involucramiento de las mujeres en épocas enmarcadas desde el proyecto socialista en Chile hasta la relación con gobiernos autoritarios, para finalmente presentar ante nuevos escenarios de complejidad post COVID19, los nuevos desafíos que debe asumir los liderazgos territoriales femeninos en épocas de nuevas matrices sociopolíticas abiertas incluso a la búsqueda de epistemologías y ontologías que incluso amplían conceptualmente el margen de lo femenino.

Introducción

Hoy nuevas epistemologías del sur, irrumpen en las ciencias sociales latinoamericanas, intentando modificar las habituales y tradicionales formas de comprensión, estableciendo con sentido de urgencia la necesidad de considerar nuevas geografías de poder en las relaciones sociales, desde una mirada decolonial e incluso de tinte insurgente como lo señala Miraftab (2018) http://www.scielo.org.co/pdf/terri/n38/0123-8418-terri-38-00215.pdf

En este contexto, es pertinente considerar los esfuerzos históricos de un grupo social que, sin la densa dedicación epistemológica ni ontológica contemporánea, se caracterizó por aportar desde espacios institucionales precarizados y sin poder político a los procesos de urbanización y desarrollo de sus territorios. Sin lugar a dudas, la construcción de territorios requiere de la presencia de actores y actrices y que decidan el tipo de desarrollo que anhelan para sus espacios y el de sus futuras generaciones, desde sus propias ontologías y cosmovisiones, generando de esta manera una dimensión física y otra simbólica del desarrollo. En Chile, hasta ahora, se ha invisibilizado que gran parte de la historia social y política de las mujeres y especialmente aquella relacionadas con los espacios comunitarios, se ha basado y ha sido posible debido a la capacidad de éstas por intentar mejorar colectivamente la calidad de vida de sus grupos familiares y la de su barrio, desde posiciones de liderazgo territorial más que de poder formal, estrictamente hablando.

En este sentido en Chile, destaca la relevancia que tuvieron a modo de ejemplo, los centros de madres en la década de los 60s- organismos de segundo orden desde el diseño institucional pero que fueron capaces de liderar procesos de construcción comunitaria- o los movimientos poblacionales de “los sin casa” o “allegados” en los años 70, o las denominadas “ollas comunes” en la década de los 80s o en la actualidad, las múltiples expresiones asociativas de la sociedad civil, evidenciando que desde distintas áreas e intereses públicos las organizaciones comunitarias y ciudadanas actúan como verdaderos contrapesos a las decisiones del Estado- Nación, incluso aparecen hoy en escena nuevas miradas hacia la ciudad y el desarrollo, desde grupos activistas e insurgentes que desconfían de institucionalidades de participación y que incluso desconfían de los paradigmas de sostenibilidad instalados en las políticas públicas a nivel mundial, como lo señala la iraní Miraftab (2018). http://www.scielo.org.co/pdf/terri/n38/0123-8418-terri-38-00215.pdf

Desde cualquiera de estos espacios, las mujeres ejercieron y seguirán ejerciendo liderazgos comunitarios, apoyadas hoy -desde la academia y las ciencias sociales- de nuevos enfoques y perspectivas teóricas que les permitirá a su vez generar mayor influencia y nivelar las relaciones de poder. Sin embargo, no debemos olvidar que mucho antes de la irrupción significativa de estos movimientos feministas en Latinoamérica, las mujeres ya habían desarrollado con entusiasmo y convicción esta capacidad de proposición para el desarrollo de sus territorios.

Las fuentes bibliográficas y evidencias históricas que revisamos en este trabajo, avanzan en esta línea de re-conocimiento, y de valoración del aporte femenino, que aun cuando los espacios públicos de épocas anteriores estaban dirigidos y dominados totalmente por sectores masculinos, las mujeres igualmente fueron capaces de liderar sendos procesos territoriales y comunitarios. Los antecedentes históricos son claros en este sentido. En definitiva, este trabajo busca relevar los aportes de las mujeres en Chile al fortalecimiento comunitario, más allá de las épocas o crisis políticas, de regímenes autoritarios, de crisis económicas o ambientales, evidenciando la transversalidad y permanencia de estos movimientos, que han luchado por imponerse a asimétricas lógicas de poder. Creemos que esta reflexión es contemporánea y muy necesaria para desarrollar procesos de exitosa gobernanza.

La irrupción de las mujeres en lo público

De acuerdo a Bahamondez, la llegada del siglo XX se produce dentro de un contexto particular, que propicia que un número importante de mujeres empiece a cuestionar su situación y condición de histórica subordinación social y política. Hitos como el ingreso de la mujer al trabajo remunerado, a los estudios superiores y al ejercicio profesional, así como por el impacto de situaciones ocurridas internacionalmente que repercuten en Chile (Primera Guerra Mundial, mayo del ‘68, entre otros) provocan grandes transformaciones en los roles tradicionales de hombres y mujeres, apareciendo nuevas ideologías que plantean y justifican la existencia de una sociedad más igualitaria (Bahamondez, 2017) https://nomadias.uchile.cl/index.php/NO/article/view/45138

Esta búsqueda de la igualdad política, llevó a que las mujeres buscaran “en” y “desde” sus espacios cotidianos, la posibilidad cierta de intervenir en las decisiones que les afectaban, de disputar la participación decisional en los espacios públicos. Sin embargo, en términos formales, como se ha señalado, esos espacios estaban diseñados básicamente por hombres asociados mayoritariamente a alguna profesión de prestigio y a ciertos grupos económicos.

A nivel comunitario estas elitizaciones del poder estaban expresadas en Chile en las denominadas “Juntas de Vecinos”. Es importante indicar que las organizaciones territoriales como los espacios de “juntas vecinales” irrumpieron fuertemente en Latinoamérica. Dazarola al respecto, desarrolla un interesante ejercicio comparativo en las normativas jurídicas que regulaban estas materias en varios países de la región, todas ellas con diferencias conceptuales y metodológicas. Frente a la diversidad y extensión de las normas se consideraron normas que regulan; instancias de coordinación; denominación y definición del organismo; definición del territorio; constitución del organismo; órganos de gobierno y su elección; incompatibilidades; fecha de elección; reclamaciones del acto electoral, y funciones, entre otros aspectos (Dazarola, 2018) https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/72045/1/Libro%20con%20portada.pdf

En Chile, aunque las juntas de vecinos existen desde hace al menos cien años y fueron legalizadas hace más de cincuenta (1968), no son solo un objeto del recuerdo y están plenamente vigentes, en el contexto del reconocimiento y validación actual a las organizaciones de la sociedad civil. Según estudios recientes, es la categoría organizacional cuantitativamente más poblada y la que más crece en el país, representando un tercio del total de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y que han crecido en 4,7 veces en los últimos 10 años. (Irarrázaval, 2020) https://www.sociedadenaccion.cl/wp-content//uploads/2020/07/Mapa-OSC-2020_Sociedad-en-Acci%C3%B3n.pdf

Estos datos, permiten contextualizar la relevancia de este tipo de organizaciones territoriales, donde hombres y mujeres pueden expresarse en dimensiones colectivas y políticas más cercanas y cotidianas de lo público, espacios participativos diferentes eso sí, a las carreras político-electorales, que no es precisamente el tema de este ensayo.

La Ley Nº16.880 de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias promulgada en 1968, posibilitó y legalizó una práctica social que cumplía un rol fundamental de estructuración del conjunto de vecinos y vecinas para identificar problemas, y representar y plantear alternativas de solución en correspondencia con la autoridad y las instituciones. (Delamaza, 2018) https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/72045/1/Libro%20con%20portada.pdf

Desde sus inicios estas agrupaciones tuvieron sentido apolítico, o al menos a –partidista y solo buscaban representar los intereses genuinamente territoriales.

Dos son las funciones que han acompañado a las juntas de vecinos desde su aparición en el espacio social chileno hace más de cien años: por un lado, la animación de la vida comunitaria, y por otro, la interlocución con las autoridades. En el primero, han promovido la organización como modo de convivencia, han sustentado la celebración y la “fiesta”, la solidaridad y el conocimiento mutuo. En cuanto a la relación con las autoridades y las políticas públicas han puesto el “cable a tierra” de la perspectiva territorial frente al sectorialismo fragmentado del Estado chileno. (Delamaza, 2018) https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/72045/1/Libro%20con%20portada.pdf

Es en este contexto comunitario, donde predominaba fuertemente la injerencia de las elites. Así lo señala De la maza “mientras en el comienzo de la República se la entendió como la organización representativa más genuina de las localidades, este rol varió con la consolidación de los municipios. Todo ello dentro del marco de una institucionalidad política elitaria, donde la participación ciudadana se restringía a los varones en directa relación con su poder económico o su rango social atribuido (“los notables”) (Delamaza, 2018)

Esta subalternidad de las mujeres, probablemente se explica por el rol de madres, ya que este es comprendido desde la concepción binaria y biologicista que condiciona a la identidad femenina desde su rol reproductor y asociado a los cuidados. Según Vargas, entendemos que la naturalización de la diferencia sexual no se funda con la dictadura cívico militar chilena, sino que es internacional e inherente a la herencia colonial occidental para el caso latinoamericano, que surge con la adscripción identitaria femenina a través de la naturaleza maternal, la dedicación a la familia y los restringidos deberes domésticos. Esto asegura un control ejercido por hombres respecto a sus mujeres en el hogar, y que se evidencia también en las políticas públicas (Vargas, 2020) http://revistas.uach.cl/index.php/racs/article/view/6380

Volviendo a las juntas de vecinos, este esfuerzo del Estado por promocionar la participación y organización comunitaria, se enmarca además en el esfuerzo continental impulsado desde Estados Unidos y denominado “Alianza para el Progreso”, mediante el cual se pretendía combatir al “enemigo comunista” con medidas de reforma y no de reacción conservadora. El proceso desarrollado en nuestro país dio cabida a las organizaciones del territorio; y entre los muchos cambios llevados a cabo, se originaron las actuales juntas de vecinos, se fortalecieron los centros de madres y se incrementó el sindicalismo campesino. De acuerdo a Ramos: “Desde las corrientes más radicales imbuidas por la Revolución cubana (1959) hasta las posiciones más moderadas inspiradas por la Alianza para el Progreso (1961), pasando por los postulados desarrollistas de la CEPAL, casi todas ellas parecían coincidir que había llegado la hora de reformar América Latina” (Ramos, 2021, pp. 109) http://www.revistas.unisinos.br/index.php/historia/article/view/hist.2021.251.09/60748264

En los fundamentos de dicha ley, se recogían argumentos de diverso carácter que buscaban justificar la importancia del reconocimiento legal de las juntas de vecinos. Entre ellos, el más preponderante era el hecho de que tanto la significativa migración del campo a la ciudad como el aumento demográfico de la población de la época, habían generado una aglomeración de grupos de habitantes situados en la periferia de las ciudades (Medel y Holz 2018). El debate se llevó a cabo entonces en términos territoriales y el desafío para las políticas públicas se referían a cómo integrar a la ciudad a los sectores periféricos; cómo hacer que “las afueras de la ciudad” dejaran de serlo y se transformaran también en “ciudad”, en suma, cómo llevar la “ciudadanía” hasta los nuevos sectores periféricos. (Medel y Holz 2018) https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/72045/1/Libro%20con%20portada.pdf

Sin embargo, la dedicación a estudiar el rol específico de las mujeres en la gestión histórica de las juntas de vecinos y en cuanto ayudaron a integrar a esos vecinos y vecinas a la ciudad, no ha sido muy abundante, lamentablemente. En general los trabajos disponibles en esta línea de investigación están más bien referidos específicamente a un tipo de organización comunitaria llamada “centros de madres”, organizaciones de carácter funcional, de orden secundario a las juntas de vecinos, pero a nuestro juicio igualmente fundamentales en términos de sostener “estratégicamente” el tejido social. A modo de ejemplo, en la siguiente imagen, se pude apreciar un afiche invitando a generar una estructura nacional de este tipo de organizaciones exclusivas de mujeres.

Figura Nº 1. Afiche promocional de organización Centros de Madres.

Fuente: Libro Juntas de Vecinos en Chile. 50 años Historias de Desafío y participación. (2018)

Los centros de madres, se formaron a partir de los muchos grupos de mujeres que existían desde bastante antes de la ley. Ellas trabajaban de forma ardua en los problemas sociales que aquejaban a los vecinos, por ejemplo, en temáticas como el alcoholismo, el abandono y la pobreza. Se preocupaban de cómo enfrentarlos y cómo exponer sus riesgos; peleaban, por ejemplo, por cerrar locales clandestinos (Leyton, 2018). https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/72045/1/Libro%20con%20portada.pdf

Según Valenzuela, “Estas organizaciones se consolidaron como una “segunda familia”, junto a una movilización que se proyectaba más allá de los tintes políticos y en el momento justo para conformar una propuesta democrática al interior de las poblaciones. Las instancias que se gestaron en el mundo poblacional abarcaron desde la comercialización de bienes y servicios (talleres laborales), solución de los problemas habitacionales (Comités Sin Casa), Grupos de salud, Clubes de Alcohólicos y Centros de Apoyo Escolar” (Valenzuela, 2020, pp 28). https://revistasacademicas.udec.cl/index.php/rtr/article/view/2104

Los centros de madres como espacios de disciplinamiento social

Según Vitale, es entre 1965 y 1969 donde se organizan centeneras de centros de madres en las poblaciones que adquirieron personalidad jurídica por la ley de promoción popular (Vitale, 2006) https://www.archivochile.com/Ideas_Autores/vitalel/5lvc/05lvcmujer0006.pdf

Aun cuando, los orígenes datarían de 1954, cuando se crea el “ropero del pueblo”. Otros antecedentes enuncian la labor de las visitadoras, que recorrieron los hogares populares, hasta la creación de la Asociación de Dueñas de Casa en 1947 como otro intento de disciplinamiento de las mujeres más pobres. (Vargas, 2020).

La proliferación de Centros de Madres fue en incremento entre 1964 y 1973, ya que el interés estuvo en hacer partícipe a la mujer como fuerza política (Cárdenas, 2020). Con el golpe de estado de 1973 el gobierno autoritario decide estratégicamente valorar el aporte de las organizaciones femeninas al desarrollo del país en épocas de crisis económica y política, bajo una forma de adoctrinamiento político:

“Rectificado el rumbo de nuestra historia por el movimiento militar del 11 de septiembre mal podríamos nosotros las autoridades (junta de gobierno) olvidar el compromiso que hemos contraído con las mujeres de nuestro país. Su voz fue para nosotros la voz de la patria que nos llamaba a salvarla”… “gran importancia desean dar las autoridades a los centros de madres. Estos organismos de base que deben constituir centros vitales de capacitación para la mujer y de progreso para la familia, solo han sido hasta ahora campos de batalla de intereses políticos en los cuales poco y nada se ha hecho por el efectivo bienestar de nuestro pueblo”. (Valdés et al, 1988) https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/57799

Claramente, a partir del reconocimiento político se intenta sumar estratégicamente a estas organizaciones como espacios de control político en épocas de crisis institucional. Sin embargo, con el golpe de Estado, al mismo tiempo que se inauguraron nuevos Centros de Madres, otros tantos dejaron de funcionar. (Cárdenas, 2020)

Bahamondes señala que los Centros de madres, se crean y desarrollan masivamente en comunas de Santiago, pero que también, validado por los buenos resultados de estas “comunidades”, se exportó el modelo hacia las otras regiones del país, las que corresponden a un espacio en su mayoritaria o en gran parte rural, instalando así un patrón en un contexto completamente distinto donde la realidad de las mujeres distaba mucho de sus homologas citadinas (Bahamondes, 2017). Hay que recordar el profundo centralismo político de la época. Siguiendo a Bahamondes, si bien los CEMAS (Centros de madres) funcionaron como centros de disciplinamiento, existió conjuntamente una utilización por parte de las asistentes para fines defensivos, resistencia al sistema imperante, y también habrían servido como motor de unificación y reconocimiento de las inquietudes propias, en las otras compañeras (Bahamondes, 2017)

Al revisar la historia de conformación de los centros de madres nos encontramos que su origen se relaciona con la expansión del Estado durante los gobiernos radicales. A partir del estado llamado “de compromiso”, asume mayor responsabilidad social mediante políticas sociales ligadas a la reproducción de la fuerza de trabajo y de los sectores populares en general; es el estado benefactor o estado de bienestar. Anteriormente muchas de estas tareas eran asumidas “privadamente” por obras de beneficencia en que la iglesia católica y las mujeres, principalmente tenían un rol central, todo ello en el contexto de un proyecto de sociedad que proponía una creciente integración social en torno al compromiso de vastos sectores sociales alrededor del alineamiento común en la democracia. De esta manera, las mujeres de sectores populares, encargadas de la reproducción, canalizaban beneficios reproductivos hacia el grupo familiar, en una especie del reforzamiento del rol doméstico. Se suma a esta situación la carencia de instancias mediadoras ante el esto como partidos políticos o sindicatos.

Según Vargas, desde sus inicios, los Centros de Madres se configuraron como espacios para la formación de la mujer como madre ejemplar desde el asistencialismo o la caridad (Vargas, 2020) http://revistas.uach.cl/index.php/racs/article/view/6380

Las mujeres de estos sectores eran organizadas y educadas a través de los centros de madres; se les vendían máquinas de coser, para que ayudaran al mantenimiento económico de la familia.

Por su parte, para Valdés et al, no interesaba la incorporación o participación creativa y activa de los sujetos sociales, sino su sola aceptación –adaptación al orden construido autoritariamente. Los sectores pobres devienen en “objeto” de políticas sociales. (Valdés et al, 1989, pp.92). A partir de lo anterior es que se conciba a los centros de madres como centros de capacitación necesarias para el desarrollo de la patria. De este modo CEMA chile y la Secretaria Nacional de la Mujer no se re-crean para producir las condiciones de autodesarrollo para las mujeres o para otorgarle una cuota de poder real en termos de participación social.

En definitiva, las juntas de vecinos estuvieron representadas y dirigidas básicamente por hombres y los centros de madres fueron el espacio natural y exclusivo para el desarrollo de las mujeres, en épocas de marcadas tendencias desarrollistas que proliferaban bajo la teoría de la modernización.

Pero la labor de las mujeres no se refería en ningún caso solo a la participación en los centros de madres. También participaron en las juntas de vecinos. Hoy cuando se celebran más de 50 años de promulgación de la ley de Juntas de vecinos, las mujeres desempeñaron y desempeñan un rol fundamental en estas organizaciones. La fotografía siguiente, ilustra probablemente la mayor participación de mujeres en las organizaciones territoriales en la actualidad. En efecto, en el libro de mayor trascendencia sobre la materia publicado hace casi dos años denominado “Juntas de Vecinos en Chile. 50 años Historias de Desafío y participación” se puede observar en su portada la gran presencia femenina en una asamblea evidenciando el rol protagónico de las mujeres en la construcción comunitaria en Chile.

Fuente: Portada del Libro Juntas de Vecinos en Chile. 50 años Historias de Desafío y participación. (2018)

Es necesario precisar que, junto con las Juntas de vecinos y centros de madres, se crearon también centros juveniles, clubes deportivos y clubes de adultos mayores, espacios participativos que aún existen y se convierten en importantes actores públicos, como miembros de la sociedad civil.

Durante el régimen autoritario de Pinochet (1973-1990), las mujeres crearon y se incorporaron a organizaciones ciudadanas, en respuesta a las medidas político-económicas del Gobierno. Estas organizaciones se volvieron parte de los movimientos pro-democracia que lograron luego destituir a Pinochet en el plebiscito de 1988. La participación femenina durante este periodo se destacó por varias razones. Primero, porque se movilizaron en eventos exclusivamente femeninos, que cruzaban de forma transversal las líneas de clase y las divisiones ideológicas tradicionales de los partidos políticos. Segundo, porque se incluyó a muchas mujeres provenientes de comunidades carenciadas y otros sitios, que nunca habían tenido una participación en política. Tercero, porque las mujeres trajeron a la agenda de la oposición temáticas como la violencia doméstica y la inequidad de género, asuntos que anteriormente habían sido considerados más de índole "privada” que de política pública (Soles, 2018) http://editorial.bifurcaciones.cl/wp-content/uploads/2014/07/Disputar-la-ciudad.pdf

En relación a lo anterior, Soles, entrega una visión contemporánea basada en el enfoque de género para comprender la resistencia de aquella época, y plantea que se diluyeron las fronteras entre lo doméstico y lo público. El espacio doméstico, aparentemente apartado de la “vida activa” fue un lugar propio de la sociabilidad femenina. La "olla común” por ejemplo, fue una estrategia de supervivencia implementada en el Chile de la Dictadura, en donde los pobladores se organizaban para compartir los alimentos en tiempos de extrema escasez. Dirigidas principalmente por mujeres y frecuentemente dispuestas en los patios domésticos, tuvieron contenido político. Es en ese espacio fronterizo entre lo político y lo doméstico, en donde las mujeres se articulan como actrices sociales. Es en este periodo de dictadura política, donde se produce la mayor fragmentación de “lo vecinal”.

Sin embargo, a pesar de los nuevos bríos democráticos de los años 90s, esta fragmentación de lo comunitario continuó y se reforzó durante los gobiernos democráticos a través de tres estrategias: la privatización y la descolectivización del acceso a la vivienda; la proliferación de fondos concursables en torno a los cuales compiten organizaciones de un mismo territorio; y la consagración del barrio —en tanto espacio separado de los procesos urbanos mayores— como escala de gobernanza e intervención válida para enfrentar la exclusión social y la regeneración urbana a través de programas focalizados (Soles, 2018) http://editorial.bifurcaciones.cl/wp-content/uploads/2014/07/Disputar-la-ciudad.pdf

El rol de las mujeres en las políticas de vivienda

Los antecedentes históricos del movimiento de pobladores se remontan en Chile a los primeros asentamientos informales o “poblaciones callampas” instaladas desde el año 1947 alrededor del Zanjón de la Aguada en Santiago. De esta forma, los sectores populares urbanos se posicionaron lentamente como “actores de la vida política y social” con un movimiento constituido por redes de acción en el mundo poblador, que actuaba como “un tejido activo en la lucha por el derecho a la vivienda” (Valenzuela, 2020, pp 24) https://revistasacademicas.udec.cl/index.php/rtr/article/view/2104

Según Castillo, las políticas públicas de vivienda han sido un espacio histórico de densa participación femenina. Desde los años 60 son ellas las que impulsan a sus familias a tomar terrenos y a autoconstruir sus viviendas. Los hombres “solo las siguen”, señala Castillo.

Para esta autora, las políticas de vivienda, sin embargo, estaban divorciadas en gran medida de las aspiraciones de los pobladores. Mientras el Estado producía viviendas sociales en colaboración con el sector privado en la periferia de las ciudades, los habitantes de las poblaciones, buscaban permanecer en lugares más centrales, próximos a donde viven, y participan de la política habitacional, aunque sus acciones no son reconocidas (Castillo, 2014) http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/815

Así, a lo largo de todos estos años los pobladores- hombres y mujeres- han construido una sabiduría práctica y política que trasciende la gestión y la producción de vivienda, y los faculta para asumir un papel protagónico, no solo como receptores pasivos de los programas habitacionales, sino como actores con capacidad para transformar las poblaciones en fragmentos íntegros de la ciudad.

A lo largo de esta relación de pobladores o personas sin casa con el Estado, se producen una serie de aprendizajes colectivos, donde son las mujeres quienes han tomado más enérgicamente la decisión de mejorar sus condiciones de vida. Numerosos testimonios demuestran que a las tomas de los años 60s y 70s llegaron mujeres solas con niños, a las que se unieron más adelante los maridos (Castillo, 2014) http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/815

Por ejemplo, durante el proceso de autoconstrucción por ayuda mutua de Villa La Reina, población emblemática de los años 60, muchas mujeres que se presentan como solas, en realidad tenían maridos que no participaban. En 1975, familias del centro de Santiago se trasladan a la Villa Nueva Palena en Peñalolén, urbanización que nace de una toma de terrenos en 1973, sucede algo similar: es la mujer quien toma la decisión, y el marido solo se traslada cuando la familia ya está instalada en un sitio con una mediagua levantada. En la toma Esperanza Andina, primera ocupación de terrenos en democracia en 1992, los testimonios indican que normalmente es la mujer la que más se empeña por conseguir un lugar donde vivir. De hecho, en el sector de Esperanza Andina las mujeres de cada familia deciden ir a la toma, y cuando se trata de hacer una barrera para defender el terreno ocupado, son ellas y los niños las que forman una ronda para disuadir la represión de los carabineros (fuerza policial) (Castillo, 2014) http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/815

Así, desde la década de los 60 es ampliamente reconocido que quien toma la iniciativa para encontrar soluciones habitacionales es la mujer, que tiene gran poder de acción. Desde el 90 en adelante, en que comienza la organización para la postulación a programas de vivienda, son las mujeres quienes trabajan metódicamente con el objetivo de fomentar el ahorro y reunir los antecedentes necesarios para postular a una vivienda bajo la modalidad “llave en mano”.

La participación de las mujeres en las organizaciones de la sociedad civil: Nuevos escenarios

Las mencionadas juntas de vecinos o los centros de madres, entre otros tipos de organizaciones, han dado paso a nuevas formas de expresión y participación colectiva, las denominadas organizaciones de la sociedad civil que bajo otros marcos jurídicos intentan incidir en las políticas públicas en la actualidad, ante la crisis de legitimidad del Estado nación. Esta participación esta cruzada sin duda por un debilitamiento del estado nación (al menos en épocas pre pandemia donde se ha re-energizado su rol estratégico), por la desconfianza hacia la institucionalidad nacional y por el desarrollo de nuevas tecnologías y plataformas de incidencia pública.

Desde mediados de la primera década del siglo comienzan a surgir con mayor presencia diversas iniciativas sociales vinculadas a los territorios tanto urbanos como rurales, que manifiestan mayor autonomía y capacidad de poner en la agenda los problemas de las vecinas y vecinos. Son conocidos como “movimientos ciudadanos” (De la Maza, 2018)

El desarrollo de estas nuevas organizaciones ha sido promisorio. Según Irarrázaval, en el “Mapa de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2020” se observa que en Chile a fines de los años sesenta e inicios de los setenta hay un alza en el número de organizaciones que se crean, aunque se apreció una disminución significativa durante el régimen militar (1973 -1982). Desde mediados de los años ochenta se aprecia nuevamente un cambio de tendencia que llega a su máximo en el año 1990, cuando se observa una tasa de crecimiento de más del 70%, lo que coincide con el retorno a la democracia en Chile (Irarrázaval, 2020) https://www.sociedadenaccion.cl/wp-content//uploads/2020/07/Mapa-OSC-2020_Sociedad-en-Acci%C3%B3n.pdf

Aumentan así las asociaciones gremiales, asociaciones de profesionales y sindicatos, organizaciones de cultura y recreación, de defensa de derechos y política, de desarrollo social y vivienda, de educación e investigación, de medioambiente, salud, servicios sociales, intermediarios filantrópicos y promoción de voluntariado. Lo primero que queda en evidencia y que se mantiene en el tiempo es que las organizaciones comunitarias y funcionales son cerca de los 80% del total de OSC inscritas en Chile, tanto en el año 2015 como en el presente.

En el área de vivienda, cuando en el año 2000 el gobierno externaliza la gestión de organización de la demanda de vivienda, son nuevamente las mujeres las que se convierten en gestoras inmobiliarias, con la creación de las Entidades Organizadoras, precursoras de las EGIS. sociales. Así, en la actualidad un 80% de ellas son mujeres y jefas de hogar. Aunque normalmente se da por sentado que la mujer tiene más tiempo libre para asumir tareas comunitarias, ese no es el caso porque muchas mujeres son jefas de hogar y la gran mayoría trabaja fuera de su casa, principalmente como asesoras del hogar o como feriantes, y asumen un rol fundamental en el sustento económico de la familia. Sin embargo, es interesante señalar que los dirigentes autogestionarios, que negocian en el ministerio el decreto de vivienda popular durante 2011, generalmente son hombres. En palabras de Rafael Soto, esto se explica porque cuando “hay un conflicto, la señora manda al marido a pelear”, y porque “el sistema al final valida al hombre como negociador”. Entonces, muchas veces las mujeres son mayoría en las organizaciones para la vivienda, pero cuando las negociaciones se ponen más difíciles, son los hombres quienes asumen el papel de interlocutores del gobierno.

Pero como los gestores vecinales son principalmente mujeres, en materia de vivienda y barrio las autoridades deberían dialogar preferentemente con mujeres. Para potenciar una política pública en la cual se establezca una relación horizontal de trabajo y se canalicen adecuadamente los recursos, es fundamental tratar con el interlocutor idóneo, como lo hacen, por ejemplo, los bancos de los pobres o bancos sociales de microcréditos, que generalmente adjudican los créditos a las mujeres porque han reconocido y entendido cuál es el papel que estas desempeñan en la economía del hogar. Tal es el caso en Chile de asociaciones de microcrédito como Fondo esperanza.[1], donde el 81 % son mujeres y el 50% son jefas de hogar. https://www.fondoesperanza.cl/institucion/emprendedores-fe

La participación de las mujeres es fundamental no solo en la gestión de proyectos de vivienda, también lo es para la convivencia en los barrios recién formados y durante los procesos de transformación de aquellos, donde la convivencia es indispensable. En efecto, las mujeres pueden prestar un gran servicio al reconocer las diferencias entre los habitantes de un mismo barrio y facilitar la cohesión de la comunidad. Ciertamente las mujeres y los hombres tienen modos distintos de vincularse con el poder político. En suma, podemos señalar que, en el diseño de políticas públicas, considerar hoy la variable de género puede conducir a acciones más pertinentes y coherentes con las necesidades de la población objetivo, orientadas al progreso de la gestión vecinal realizada por mujeres que apoyan a otras mujeres, y articulada con los gobiernos local y central.

La participación y el liderazgo de las mujeres en la política y la vida pública en pie de igualdad son fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes de 2030. Sin embargo, los datos muestran que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones del mundo. Por tanto, alcanzar la paridad de género en la política es aún lejano. Según la ONU, existen pruebas firmes y cada vez más numerosas de que la presencia de mujeres líderes en los procesos de toma de decisiones políticas mejora dichos procesos. Por ejemplo, una investigación sobre los panchayats (consejos locales) de la India puso de relieve que el número de proyectos de abastecimiento de agua potable en zonas donde dichos consejos están liderados por mujeres era un 62 % mayor que en el caso de aquellas cuyos consejos están liderados por hombres. En Noruega se encontró una relación de causalidad directa entre la presencia de mujeres en los consejos municipales y la cobertura de la atención infantil.

A nivel mundial, según ONU Mujer, las cinco carteras ministeriales más comúnmente ocupadas por mujeres en el mundo son las siguientes: Familia/Niñez/Juventud/Adultos Mayores/Discapacidad, seguidas por Asuntos Sociales; Medio Ambiente/Recursos Naturales/Energía; Empleo/Trabajo/Formación Vocacional, y Asuntos de la Mujer/Igualdad de Género. https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2020/03/women-in-politics-map-2020

Las mujeres demuestran liderazgo político al trabajar por encima de las divisiones partidarias en grupos parlamentarios de mujeres —incluso en los escenarios políticos más agresivos— y al defender asuntos de igualdad de género como la eliminación de la violencia de género, la aplicación de licencias parentales y de servicios de cuidado infantil, cuestiones jubilatorias, leyes de igualdad de género y la reforma electoral.(ONU Mujer, 2020) https://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures#_ednref19

En Chile, las Organizaciones de la Sociedad Civil han sido un actor clave desde el periodo colonial hasta nuestros días en el desarrollo integral del país, no solo impulsando iniciativas solidarias, sino que también movilizando el interés público. En los últimos cinco años se han constituido más de 85.000 nuevas OSC. Luego, podemos decir que en promedio se crean más de 17 mil organizaciones al año y más de 1.400 cada mes. (Irarrázaval, 2020)

Figura Nº 3.- Resultados Mapa de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Fuente: elaboración propia a partir de Irarrázaval (2020)

Consideraciones finales

A lo largo de este trabajo hemos revisado como las mujeres en Chile han desempeñado un rol fundamental en el desarrollo comunitario y territorial del país. Fundamentalmente, lo han hecho a través de su participación en organizaciones como centros de madres, ollas comunes en momentos políticamente complejos, en la gestión de vivienda y urbanización y en políticas públicas de asistencia social. Este trabajo ha buscado evidenciar principalmente el rol de la mujer pobladora en Chile en la conquista de un territorio para vivir y cubrir sus necesidades básicas y el bienestar de su familia; en los diversos momentos históricos, con relación a los diferentes regímenes políticos y las políticas del Estado nación. En esta trayectoria socio histórica se pudo apreciar como las mujeres transitaron decididamente desde la escena privada a la pública, desde un sistema político controlado por el Estado y el dominio masculino, a un rol de ciudadanía, con protagonismo en la toma de decisiones.

En los centros de madres cumplieron inicialmente tareas asociadas a la concepción tradicional del rol femenino de la época modernizadora y de reformas según la concepción de desarrollo que primaba, para luego en momentos de autoritarismo político servir al régimen político al ser instrumentalizadas en favor de los intereses de éste, pero también cumplieron alternativamente formas de resistencia política en los territorios ante el control del régimen.

Por otra parte, el rol de las mujeres en la construcción de las ciudades en Chile ha sido gravitante. Desde sus liderazgos en la gestión de tomas de terreno hasta la posterior negociación con tecnócratas de Estado, ha resultado un factor clave en el desarrollo de las ciudades.

Sin duda, que esta revisión bibliográfica deja en evidencia que existe un espacio académico e investigativo por profundizar en el rol de las mujeres específicamente en las juntas de vecinos, donde estamos seguros que se apreciaría fuertemente el rol que han desempeñado en este tipo de organizaciones intermedias en Chile, inicialmente asociados a grupos de varones con poder político y económico. Se advierte en este punto un interesante tema y área de investigación para los y las profesionales de las ciencias sociales.

Según el mapa de las organizaciones de la sociedad civil, Chile cuenta hoy con 319.819 organizaciones de la sociedad civil inscritas y una serie de movimientos ciudadanos que representan espacios de desarrollo no solo desde el rol de sujetos cercanos a la familia y a los valores asociados a la reproducción y a la crianza, sino también abiertos a las temáticas emergentes de la actualidad.

Es necesario considerar desde la política pública que los nuevos movimientos ciudadanos muchas veces cuestionan la institucionalidad vigente y desvalorizan los espacios de participación política considerándolos como espacios ilegítimos de no mediar un cambio en las relaciones de poder entre los interlocutores. Los nuevos enfoques de género y las perspectivas feministas podrán avanzar con mayor fuerza en esta línea. Existe evidencia suficiente de que las mujeres han logrado aportar simétricamente en el desarrollo del país.

Las sociedades contemporáneas enfrentan hoy problemas cada vez más complejos, los que requieren del trabajo coordinado entre el Estado, empresas y sociedad civil para su resolución. En este contexto, es fundamental contar con información y evidencia que permita posicionar y fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil como un actor relevante en la construcción de bienes públicos (Irarrázaval, 2020) y especialmente a la labor de las mujeres en ellos.

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[1] https://www.fondoesperanza.cl/institucion/emprendedores-fe

Christian Andrés Quinteros Flores
Trabajador Social de la Universidad de Valparaíso, Licenciado en Servicio Social en la misma Universidad, Magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile. Es tesista del Programa de Doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable en la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina. Actualmente se desempeña como Académico de la Escuela de Administración Publica de la Universidad Católica del Maule-Chile. Desde 2020 pertenece al Grupo de Investigación en Descentralización, Territorio, Gestión Regional y Local del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile.