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Perú

Nélida Céspedes Rossel

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Introducción

En el mundo entero y en nuestro país, estamos viviendo las consecuencias de una crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, y, que ha puesto en evidencia el fracaso de las políticas neoliberales que profundiza la desigualdad y exclusión tanto en lo económico, lo educativo, el cuidado de la vida y de la naturaleza; poniendo aún más en evidencia, las débiles políticas públicas de salud, educación, empleo, seguridad alimentaria, entre las más importantes; agudizándose así las condiciones de vida de millones de peruanos/as, especialmente de los pobres, que según últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la pobreza afecta al 45,7 % de la población del área rural y al 26 % del área urbana, lo que equivale a un alza en 4,9 puntos y 11,4 puntos respectivamente, al compararla con el 2019 (INEI, 2020).

En relación a las políticas educativas también se han evidenciado las profundas brechas existentes en las zonas rurales y amazónicas, así como en sectores de personas jóvenes y adultas, que son atendidos en la modalidad de Educación Básica Alternativa (EBA). Esta modalidad atiende a 230 mil estudiantes, jóvenes, adultos y adultos mayores en tres ciclos: inicial (analfabetismo absoluto), intermedio (escolaridad completa, menos de 4 grados) y avanzado (secundaria), que históricamente se ha caracterizado por su desatención e invisibilidad en las políticas públicas, vulnerando el derecho a la educación, así como el derecho a que esta población viva dignamente, desarrollando una ciudadanía activa con justicia social y ambiental.

La Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Perú

Hagamos un poco de historia. La EBA se organiza en el año 2003 en el marco de la crisis general educativa, declarándose en emergencia el sector educación. En ese contexto se promulga la Ley General de Educación N.° 28044 (2003), la misma que se basa en una orientación humanista y de equidad social que exige compromisos concertados entre el Estado y la sociedad civil, y se propone como horizonte garantizar una educación de calidad durante toda la vida, para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultas/os del país.

Ante el rezago educativo de niñas, niños y adolescentes la EBA también asumió la atención a este sector junto con jóvenes y adultos, y si bien era importante su atención al estar excluidos del sistema escolar, esta población debió ser atendida por la Educación Básica Regular (EBR) para promover una educación pertinente a la edad de las niñas y los niños excluidos.

Sin embargo, es innegable la importante labor de una comisión de educadores comprometidos por el derecho a la educación, liderada por José Rivero, a la que se le encargó la elaboración de una propuesta que se expresó en, La otra educación (2005).

¿Cuáles fueron sus planteamientos centrales?

  • Ligaba justicia social con educación, señalando que era fundamental el pago de la deuda social a personas que por razones de pobreza no habían podido continuar con sus estudios de primaria y secundaria, y, de esta manera, planteó enfrentar la desigualdad y la exclusión.
  • Proponía una modalidad educativa flexible al ofrecer a las personas organizar su trayectoria educativa.
  • Flexibilidad en su estructura y procedimientos metodológicos.
  • Presentaba ofertas diversificadas.
  • Planteaba la complementación de estudios.
  • Reconocía los saberes de las/os participantes, e integraba los aprendizajes logrados en la comunidad y el trabajo.
  • Programas para resolver en breve plazo la situación laboral, personal o social, y para cubrir aspiraciones educativas de aquellas/os que han terminado formalmente sus estudios.

Teniendo en cuanta estos planteamientos, en el 2005, se elaboró el Plan Nacional de Educación, que se organizó en base a los seis objetivos de Dakar, que, si bien abordaba la situación de personas jóvenes y adultas resultaba insuficiente comparado con las propuestas realizadas para la educación de niñas, niños y adolescentes.

El Proyecto Educativo Nacional: La Educación de Jóvenes y de Personas Adultas sin atención

El Consejo Nacional de Educación elaboró en el 2005 un documento titulado: “Hacia un Proyecto Educativo Nacional 2006-2021”, en cumplimiento del mandato de la Ley General de Educación, invitando a la ciudadanía a que se involucre en él para avanzar hacia un nuevo contrato social por la educación como componente fundamental del Proyecto Educativo Nacional.

El proyecto planteó una visión renovada de la educación, ligada al desarrollo del Perú, con énfasis en una visión humanista, con una ciudadanía con derechos y responsabilidades que contribuya al desarrollo personal, de sus comunidades y del país, reconociendo la diversidad cultural y natural como riqueza.

Trazó seis objetivos, y por su importancia global sólo me refiero al primero que señalaba: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. Lo cierto es que, nuevamente, el énfasis para el desarrollo de este objetivo se centró en la infancia como prioridad nacional, tanto de las zonas urbanas como rurales. Lamentablemente, la atención a la educación de personas jóvenes y adultas en el Perú, nuevamente se caracterizó por su desatención.

Esto se muestra en el balance que el Consejo Nacional de Educación realizó en el 2019 en relación al Proyecto Educativo Nacional, en el que señala textualmente lo siguiente (2019: 27):

“Por otro lado, la Educación Básica Alternativa (EBA) ha ocupado, secularmente, una posición relegada en el sistema educativo. Entre 2007 y 2017, una serie de normas e iniciativas se han ejecutado para contribuir a la mejora de esta modalidad; sin embargo, gran parte de estos esfuerzos no resuelven el principal problema: la EBA se define en función de la Educación Básica Regular (EBR), y se percibe como una modalidad exclusivamente remedial de la modalidad regular. Esto limita su margen de acción a la alfabetización o promoción de la conclusión de la Educación Básica y elimina la oportunidad de ser un medio para desarrollar el potencial de su población objetivo, darle oportunidades para continuar con las diferentes trayectorias educativas y alcanzar el desarrollo de sus proyectos de vida”.

Así, también, en las conclusiones por objetivos estratégicos se plantea que:

“La Educación Básica Alternativa y la Educación Básica Especial aún presentan bajas tasas de acceso y, desafortunadamente, se mantienen como modalidades relegadas del sistema educativo en lo que respecta a su presupuesto y prioridad dentro de la formulación de políticas”.

Un tema de mucha preocupación es, igualmente, el financiamiento. César Picón Espinoza (2017), en una entrevista, señala acerca de la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA):

“…el financiamiento estaba por debajo de 900 dólares al año por estudiante. Obviamente no es posible generar una educación de calidad para jóvenes y adultos con bajos presupuestos. Es necesario crear un fondo nacional específico para la EPJA, que responda a sus demandas y promueva su articulación con los distintos campos de la vida nacional, contando con el apoyo del Estado”.

La falta de voluntad política, expresada en los acuerdos nacionales y sus políticas, la falta de financiamiento son factores claves del estancamiento de la educación de personas jóvenes y adultas en el Perú, así como la débil demanda de la sociedad por el derecho a la educación de esta población siendo urgente educar la demanda desde distintos sectores de la sociedad, y de movimientos sociales y populares.

Pandemia y Educación de Personas Jóvenes y Adultas

Como planteamos en líneas anteriores los estudiantes que atiende la (EBA), son personas que vieron, en su proceso de vida, vulnerado sus derechos en general e impedido el logro de su derecho a la educación.

Según datos de la Dirección de Educación Básica Alternativa (DIGEBA) son, pescadores artesanales, personas dedicadas a actividades agropecuarias, adultos mayores, madres adolescentes, víctimas del terrorismo, poblaciones indígenas, personas con discapacidad, personal del servicio militar voluntario, así como internos de los centros penitenciarios y centros juveniles, etcétera.

Si bien son importantes los esfuerzos que en los últimos años ha realizado la DIGEBA, aún no atiende la demanda potencial de personas jóvenes y adultas especialmente la de las mujeres por lo que el Consejo Nacional de Educación[1] ha planteado que:

“De conformidad con la definición de la Unesco, el Perú estaría cercano a ser considerado como territorio nacional libre de analfabetismo. Sin embargo, la realidad del medio rural peruano no posibilita de inmediato tal condición. El 9 % de la población masculina y el 25 % de la población femenina rural no sabe leer ni escribir. Este problema está particularmente acentuado en regiones como Apurímac, Huancavelica y otros de la sierra sur, así como en los grupos de edad de 40 a más años. A lo señalado anteriormente, se agrega el hecho de que existe un contingente humano no precisado cuantitativamente de personas jóvenes y adultas que son analfabetas por carencia de continuidad de aprendizaje letrado cuando desertan prematuramente de la escuela”.

Este duro panorama muestra las profundas brechas educativas que se han acrecentado con el Covid-19. Esta crisis ha dejado al descubierto que los sistemas de salud, han colapsado, vulnerando el derecho a la salud de millones de personas; que las políticas laborales, no responden al legítimo derecho a un trabajo digno; que, la mejora de la política educativa ha sido ineficiente e intermitente, por lo que el ansiado lema, “No Dejar a Nadie Atrás”, promesa central y transformadora de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es una lejana aspiración, siendo hasta el momento más retórica que acción.

Perú, medidas educativas y, conectividad en tiempos de Covid-19

En el Perú, bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación (Minedu), se está implementando una estrategia de enseñanza a distancia titulada “Aprendo en casa”, según datos oficiales se ha llegado a más de 6 millones de estudiantes de colegios públicos a través de internet, radio y televisión. Esta estrategia se ha desarrollado en el año 2020 y 2021 con el objetivo de garantizar el inicio y la continuidad del servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria para defender la vida, evitando se propaguen aún más los contagios del Covid-19.

En el caso de la EBA, el ciclo inicial e intermedio se imparte a través de Radio Nacional, interconectándose con radios regionales y locales para llegar a los estudiantes de las zonas urbanas y rurales del país. El ciclo avanzado tiene una mayor ventaja porque antes de la pandemia se utilizaban opciones semipresenciales y a distancia, a través de distintos medios: páginas Web de algunas escuelas, WhatsApp, Facebook, celulares, etcétera.

Sin embargo, nos preguntamos: ¿Qué pasó con las y los estudiantes de Educación Básica Alternativa? Profesoras y profesores de la modalidad de EBA han manifestado con gran preocupación que, para identificar a sus estudiantes del ciclo inicial e intermedio han tenido diversas dificultades ya que muchos de ellos migraron a sus zonas de origen a causa de la pandemia por su condición de trabajadores informales, ahondándose sus precarias condiciones de vida. Aun así, con algunos lograron vincularse, trabajar a distancia especialmente utilizando el WhatsApp, quintuplicando el tiempo en la labor educativa de docentes y estudiantes. Sin embargo, en las zonas rurales y de la Amazonía esta situación se complejizó aún más debido a la falta de conectividad.

En relación a la conectividad, según un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2019), en el Perú solo el 46 % de peruanos tiene acceso a Internet; que la penetración de Internet es casi inexistente en las zonas rurales (1 %), mientras que en las zonas urbanas es del 30,2 %. Lo cierto es que, es imposible asegurar en esas condiciones el derecho a la educación de nuestros estudiantes, especialmente de jóvenes y adultos.

Según el Informe de Diagnostico del Estado Actual del Mercado de Banda Ancha y Posicionamiento de la RDNFO en el Mercado, elaborado por el Banco Mundial (2019) (en adelante, Informe de Diagnostico): “solo el 46 % de peruanos tiene acceso a Internet”, lo que significa que si bien la tenencia de Internet en los hogares peruanos ha crecido de manera constante en los últimos 5 años, al segundo semestre de 2018 la penetración del servicio solo alcanzo un 27,9 %, que representa 2 475 993 conexiones de acceso a Internet fijo.

Sigue el informe señalando que:

“La penetración de Internet es casi inexistente (1 %) en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas es del 30,2 %. La participación del mercado de acceso a Internet Fijo es liderada por Telefónica del Perú con 1 845 344, equivalente al 74 % del mercado; seguido por América Móvil Perú con 460 263 conexiones, que representa un 19 %.”

Así también, en el último Informe del INEI (2019), se señala que, de cada 100 hogares, 34 tienen al menos una computadora; de éstos el 95,3 % son para uso exclusivo del hogar, es decir para actividades académicas, profesionales o de estudio, el 4,4 % combina su uso para el hogar y el trabajo, y el 0,3 % lo usa exclusivamente para el trabajo.

Según estos datos la zona rural es la que no accede a este derecho porque los hogares rurales disponen de 1 computadora es decir el 5,9 %, mientras que en los hogares de Lima Metropolitana es del 48 %, y en el resto urbano es el 39,1 %. En relación con el teléfono celular el 71,4 % de los hogares del país cuentan con él.

Esto pone al descubierto que las estrategias educativas que se desarrollan en la educación pública en tiempos del Covid-19, tienen como punto de partida la desigualdad en la conectividad; agregándose la desigualdad entre la Educación Básica Regular con la Educación Básica Alternativa, y la Educación Especial, la desigualdad entre la zona urbana de Lima, con las otras zonas urbanas del país, así como, entre la zona urbana, rural y amazónica.

La formación docente de EBA

El Colectivo por una EPJA Transformadora elaboró una publicación titulada, “Por el Derecho a la Educación de Jóvenes y Adultos. De la EBA 2021 a la EPJA 2036” (2019), como un documento de incidencia política a presentar al Consejo Nacional de Educación para el nuevo Proyecto Educativo Nacional.

En relación a la docencia señalamos como parte del diagnóstico la inexistencia de instituciones que brindan formación inicial y en servicio de docentes que, demanda una atención creciente de la EBA, con excepciones como en Cajamarca, Cerro de Pasco, Chimbote y la Universidad de la Cantuta. Así también, la inexistencia de una política magisterial específica para docentes que laboran en los centros de Educación Básica Alternativa (CEBA).

Proponíamos, que el personal docente tiene que reorientar su rol, el cual en el futuro será mucho más complejo. Sin dejar de lado la dimensión histórica de la docencia como arte, requerirá, en forma creciente, la dimensión de su polivalencia y especialización. Si cambia el rol docente, tienen que cambiar, entre otros elementos clave: la formación docente y sus aprendizajes, así como la reorientación sustantiva de algunas áreas de formación inicial y continua con visión de futuro, un amplio desarrollo metodológico con el aporte de las corrientes pedagógicas transformadoras, una reorientación de los recursos para el aprendizaje incluyendo a las TIC, a la informática y a la robótica. Los docentes de la EBA también deben estar conscientes de los impactos que debe traer a la educación el desarrollo de la “inteligencia artificial”.

Impactados por la crisis del Covid-19, qué retos a nivel institucional, en el rol del docente, en las prioridades curriculares, se le plantea al sistema educativo y a los docentes para que los estudiantes no vean aún más vulnerados sus derechos, y los derechos de los trabajadores de la educación.

Volvemos a insistir que los problemas agudizados por la Covid 19, así como las desigualdades que se han profundizado, expuestas en el presente artículo, nos presentan desafíos insoslayables. Se requieren transformaciones de fondo, como parte del pago de la deuda social para enfrentar la larvada invisibilidad, exclusión y desigualdad de esta población, lo que debe acompañarse de un cambio de modelo de sociedad que enfrente el neoliberalismo, el racismo, el patriarcado, así como, de un modelo educativo que permita que jóvenes y adultos transformen su vida y la de sus comunidades como parte de la liberación del pueblo y la transformación de la sociedad.

Desafíos centrales:

  • Que el Estado como garante de los derechos humanos tiene el deber de respetar y proteger, en forma real y concreta, los derechos y garantías de personas jóvenes y adultas, trabajando por políticas, programas, estrategias intersectoriales, intergeneracionales para enfrentar las desigualdades y todo tipo de exclusión.
  • Desarrollar corrientes que promuevan aprendizajes para la toma de conciencia, el análisis crítico, el diálogo de saberes, el compromiso, la organización, la innovación, para asumir la EPJA en su perspectiva ético-política, promoviendo la educación popular, las pedagogías críticas para que los actores de la EPJA superen sus condiciones de opresión personal y social.
  • Impulsar un enfoque de desarrollo biocéntrico para que los actores de la EPJA se comprometan en el respeto y la conservación de todas las formas de vida, rechazando el uso exacerbado de la materia y energía que sostienen estilos de vida consumistas, defendiendo la casa común, gozando de todos los derechos humanos y de la naturaleza.
  • Proponer aprendizajes para la descolonización del saber, basados en nuestros saberes ancestrales. Pasa por despojarnos de esa “dependencia” de corrientes hegemónicas que imponen una forma única de pensar, sentir y vivir, abrazando la perspectiva del Buen vivir.
  • Aportar aprendizajes para una cultura de la no violencia contra las mujeres, niñas, niños con perspectiva de género, superando el patriarcado que se manifiesta en el ámbito de la familia, la escuela, en los cargos de poder en el Estado –y cómo se ejerce ese poder– pasando por el ámbito laboral y académico.
  • Reconocimiento a los/as actores/as de la EPJA como sujetos sociales de derechos, con autonomía, capacidad de decisión, reconociendo sus trayectorias educativas hacia un nuevo modelo de gestión.
  • Visión integral de la EPJA, articulando al derecho a la educación, al derecho a la salud integral y el trabajo digno. Desarrollando intervenciones intersectoriales con presupuestos compartidos y no meras coordinaciones.
  • Una visión de inclusión que enfrente todo tipo de discriminación por edad, raza, situación geográfica, cultura, orientación sexual, etcétera.
  • Una visión de la EPJA flexible, desescolarizada, diversificada rompiendo con la mirada que homogeniza y escolariza, fortaleciendo la educación formal, no formal e informal.
  • EPJA con visión territorial, articulada a la educación comunitaria, promotora de identidad, de sociedad educadora, compartiendo saberes, el autocuidado, estrechando lazos de solidaridad.
  • Formación integral de los educadores de EPJA tanto en la formación inicial, en ejercicio, promovida desde una universidad articulada a los procesos sociales y de cambio. Asegurando sus condiciones de vida, su estabilidad laboral y un salario justo.
  • Derecho a la conectividad, dotando de equipos e internet gratuitos como condición central al logro de otros derechos y a la democratización del país.
  • Financiamiento que implique el incremento del presupuesto a partir de políticas de tributación, garantizando que las empresas paguen una parte justa, aumentando los impuestos sobre ganancias y riquezas excesivas.
  • Movimiento socio político pedagógico por el derecho a la educación a lo largo de la vida, con las personas jóvenes y adultas construyendo otra educación, haciendo de la educación popular y ciudadana una orientación que nos devuelva la politicidad del acto educativo y nos permita proyectar en el aquí y ahora, la sociedad hermanada y justa a la que aspiramos.

Bibliografía

BANCO MUNDIAL (2018). Acuerdo de cooperación técnica reformas para la expansión de servicios e infraestructura de banda ancha a zonas remotas y rurales. Diagnóstico del estado actual del mercado de banda ancha y posicionamiento de la red dorsal nacional de fibra óptica (RDNFO) en el mercado. Washington: Banco Mundial. https://bit.ly/3znWHZc

CÉSPEDES ROSSEL, Nélida (2013). “El derecho a la educación de personas jóvenes y adultas”. Revista Sinéctica. Guadalajara, México. Número 40. https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/49/41

COLECTIVO POR UNA EPJA TRANSFORMADORA (2018). Por el Derecho a la Educación de Jóvenes y Adultos. De la EBA 2021 a la EPJA 2036. Lima: Colectivo por una EPJA transformadora. https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2019/10/CEAAL_EBA-2021_EPJA-2036.pdf

CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2003). Ley N° 28044. Ley General de Educación, art. 25. Lima, 28 de julio. http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf

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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN (2005). Hacia un Proyecto Educativo Nacional 2006-2021. Propuesta del Consejo Nacional de Educación. Lima: CNE. https://bit.ly/3vdvkxP

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PICÓN ESPINOZA, César (2017). La educación de personas jóvenes y adultas como movimiento de carácter cultural, social y político. Lima: Red Peruana de Gestores de Educación. https://bit.ly/3pP8E5V

PICÓN ESPINOZA, César (2018). Si las personas jóvenes y adultas aprenden, nos beneficiamos todos. Lima: Movimiento Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas.

https://bit.ly/3cDQGOm

[1] Documento base preparado para el: Diálogo especializado sobre educación de personas jóvenes y adultas de 18 a más años. Proyecto educativo nacional 2021-2036. Consejo Nacional de Educación, DVV Internacional Perú.

Nélida Céspedes RosselEducadora popular peruana. Es presidenta honoraria del Consejo de Educación Popular de América Latina, y del Grupo de Incidencia en Política Educativa del CEAAL (GIPE). Coordina el Colectivo por una EPJA Transformadora; miembro del Colectivo Aportes en Educación. Asociada de Tarea, Asociación de Publicaciones Educativas (Perú). Miembro del Comité Editorial de la Revista Piragua del CEAAL; de Educación y Cultura de Tarea, y de la Revista Decisio del CREFAL (México). Autora de diversas publicaciones nacionales e internacionales.