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Chile

Andrés Vera Quiroz

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“En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170 mil empleos al año, los salarios están mejorando" (Sebastián Piñera, 09 de octubre del 2019)

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Movilizaciones sociales reclamaron derechos al Estado y al gobierno de Piñeira

Durante los años 2018 y 2019, particularmente en el primer semestre de ese último año, Chile estuvo repleto de movilizaciones y manifestaciones sociales de grandes convocatorias, todas instaban a solicitar y reclamar derechos hacia el Estado y al gobierno de turno, como las marchas contra las AFP y por los derechos de la Mujer, por ejemplo. Como no mencionar el asedio permanente y sistemático de fuerzas de choque del cuerpo armado de Carabineros de Chile en las calles aledañas al Instituto Nacional Barros Arana (INBA), del Liceo de Aplicación y/o sobre los techos del Instituto Nacional por la aplicación de la Ley Aula Segura. Desde la evasión masiva por cientos de estudiantes que ingresaban sin pagar saltando el torniquete en diversas estaciones de la red de Metro de Santiago, lo cual puso en jaque a las fuerzas policiales acostumbradas a operar en aquiescencia de impunidad, sin pensarlo, el gas lacrimógeno y el agua comenzó a saturar las calles de Santiago para aplacar y controlar la protesta que cada vez se fue masificando y extendiéndose por comunas y regiones del país.

Manifestación popular. Plaza Dignidad. Foto de Andrés Vera Quiroz

El estallido social del viernes 18 de octubre del 2019, la declaración de guerra y, a la postre, el estado de emergencia y toque de queda, con la salida de las Fuerzas Armadas para controlar la “manifestación social” ha dejado en evidencia el retroceso que ha enfrentado Chile y la sociedad actual frente a las masivas, graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por agentes del Estado, particularmente Carabineros de Chile. Lo mencionado a partir de un actuar con excesivo y desbocado uso de la fuerza a través de la represión, coacción y castigo por parte de funcionarios del Estado, particularmente, las Fuerzas Especiales de dicho cuerpo armado.

Cabe mencionar para dar sustento a dicha aseveración, hasta el 24 de noviembre del año 2019, Carabineros de Chile utilizó cerca de 143.381 cartuchos de escopeta, 121.106 bombas lacrimógenas calibre 37 y 22.275 granadas de mano, y una cifra cercana entre octubre a diciembre del mismo año, de 152.245 de cartuchos calibre 12 disparadas con las escopetas antidisturbios, mencionar que cada cartucho contiene 12 proyectiles, es decir, sobre un 1 millón 800 mil proyectiles sobre manifestantes.

Cobra relevancia lo indicado, especialmente, por la mutilación ocular que se está convirtiendo en un símbolo de la represión institucional contra la protesta social en todo el mundo. Los proyectiles como los perdigones, balas de goma y similares fueron introducidos en diferentes países prometiendo una humanización del control de manifestaciones, no olvidando que existen a lo menos cerca de 70 personas heridas con lesión ocular en Colombia desde el inicio del Paro Nacional en Colombia, manifestaciones iniciadas el 28 de abril del año en curso y fuertemente reprimidas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Represión a los manifestantes

En Chile, en términos de cifras parciales arrojan un resultado aproximado de más de 400 personas con heridas oculares, más de 2.000 querellas contras agentes del Estado, particularmente funcionarios de Carabineros de Chile, y una cifra cercana a 34 fallecidos en manifestaciones sociales y más de dos centenas de personas detenidas en contexto de manifestación social tanto en Santiago como en regiones, que se encuentran en calidad de Presos Políticos, debido exclusivamente, al uso y abuso de la prisión preventiva sin evidencia y sin condena ejecutoriada, usando este precepto con sesgo y estigmatización y a su vez, con un efecto ejemplificador y de amedrentamiento.

Carabineros reprimen a los manifestantes. Foto Andrés Vera Quiroz

Desde el día 1° de producido el estallido social, que con el transcurso de los días evolucionó en un levantamiento popular, que implicó diversas manifestaciones y enfrentamientos en casi todas las regiones de Chile como respuesta popular a la instalación del Estado de Excepción Constitucional, en medio de dicha crisis, la misma ratificada por varias instituciones nacionales e internacionales en cuanto a las graves violaciones a los Derechos Humanos.

En medio de la violencia popular y la institucional que se vivía diariamente en las calles del país, el 15 de noviembre, en el Congreso, se forjó un consenso político como respuesta a las movilizaciones, situación que no dejó satisfactorio a todos los actores sociales y que fue reconocido como el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, el cual expresa, “ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por S.E. el Presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático. Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”.

Este acuerdo fue el salvavidas institucional a la crisis de gobernanza y la represión del gobierno de Piñera Echenique, el mismo fue como consecuencia como se había planteado por las masivas y combativas movilizaciones, es decir, permitió aspirar superar la crisis política y social más grande que vivía Chile desde 1990. Fue un intento desesperado por lograr controlar la agenda y sobre todo el orden público.

Dicho acuerdo fue una respuesta de emergencia ante la evidente crisis de legitimidad y de gobierno que llegó a un punto de máxima expresión, en la cual el gobierno de Piñera Echeñique estuvo a punto de ser derrocado evitando así un momento de inestabilidad política y convulsiones sociales mayores. Las clases dominantes llegaron justo a tiempo para salvar el orden institucional representado en la Presidencia de la República.

El acuerdo parlamentario para avanzar hacia una nueva reforma constitucional le dio respiro a un sistema en crisis profunda, en términos sociales, económico y político.

La élite ganó tiempo para oxigenar a una institucionalidad caduca, con la esperanza de mantener el actual orden social, político y económico.

Serán dos largos años de debates en los cuales se dirimirán proyectos principales como el derecho a la Educación, la Salud, la Protección Social, el rol de las Fuerzas Armadas, la propiedad social y privada, los principios que regirán al estado y la economía, el reconocimiento a los pueblos originarios, entre otros múltiples y variados aspectos. Pero también, para los grandes ausentes como la juventud (adolescentes y jóvenes) pues para el proceso constituyente fueron excluidos del mismo, y eso que han sido los principales “sujetos populares” de la revuelta.

Cabe consignar que desde el fin formal de la dictadura cívico miliar en marzo de 1990, Chile entró en un largo y tedioso proceso de transición, que se extendió por casi 3 décadas, en las cuales las aspiraciones y esperanzas de la ciudadanía estuvieron lejos de ser resueltas, ya que los bajos sueldos, el alto costo de la vida, un irregular sistema de pensiones, la privatización de recursos naturales y la injusticia con los pueblos originarios marcaron esas décadas, sin tener grandes soluciones ni profundos cambios.

La protesta y movilización popular solamente fue frenada con la llegada de la pandemia en marzo del 2020. En la actualidad, Chile se debate entre dos grandes crisis, la que nace a partir del estallido social y la crisis sanitaria con la desigualdad, hambre, pobreza y con una cifra de más de 32 mil muertos confirmados y sospechosos de COVID-19. El Gobierno no sigue oyendo el clamor ni la demanda popular, ni las voces expertas instalándose por omisión una suerte de dictadura sanitaria, en la cual, so pretexto desde el enfoque foucaultiano de controlar y vigilar la pandemia, se dictan medidas e instrucciones para inmovilizar a la ciudadanía, por ejemplo, toque de queda y largos estados de excepción. Pese a que en general se respeta las cuarentenas y las medidas de distanciamiento social, aun así, cientos de trabajadores desde los territorios se movilizan cada mañana a buscar el sustento para las familias y, de esa manera, se observa tanto en la locomoción colectiva como en las estaciones de metro saturadas en las horas de mayor aglomeración y movilidad.

Cuando se cumple más de 20 meses de la revuelta popular, en Chile prima el negacionismo de la responsabilidad del Estado en las vulneraciones graves a los Derechos Humanos.

Las prácticas lesivas y violatorios de los mismos en el accionar para el control de la protesta no es un problema de excesos individuales. Las autoridades competentes con su constante negación de los hechos -como lo señalan los pocos sumarios administrativos ante el alto volumen de denuncias- establecen conductas activas y omisivas de prácticas cuestionables que deben tener una concluyente refutación jurídica ética, y política de todos los sectores.

El estallido y posterior levantamiento popular nos deja enseñanzas y la crisis sanitaria también, empero estos no aun sido abordados en los espacios de virtuales obligados, denotando una crisis de contenidos y de revisión de los mismos. “Nosotros vamos para el adelante y el pueblo viene para atrás, luego vamos para atrás y el pueblo va para adelante”. En términos profesionales, el Trabajo Social debe ser una de las disciplinas de las ciencias sociales más política y curiosamente, en constante despolitización y contradicción.

Lo anterior es alarmante, ya que el ejercicio de los trabajadores sociales nos posiciona en una relación permanente con la ciudadanía, en particular con los grupos pobres o que son objeto de vulneración de derechos. El rol y ejercicio profesional del Trabajo Social requiere de una base ética sólida y una formación que admita desplegar procesos de intervención críticos y reflexivos. Como delibera, Netto “siempre hay cuestión social, pues siempre hay lucha de clases”.

No cabe duda que en todos esos asuntos no existe consenso ni acuerdos en el país, es más, se ha seguido transitando entre sombras y luces.

El pueblo demanda acceso a derechos fundamentales mientras una elite defiende privilegios a estas alturas inadmisibles. Sin embargo, las posibilidades de que la voz del pueblo sea oída esta vez como se espera, no es algo tan claro ni contundente. El mecanismo institucional, establecido para elegir a los delegados constituyentes no es garantía para que la nueva constitución recoja las aspiraciones del soberano. Es muy posible que la nueva constitución esté llena de vacíos y contradicciones, y muchas de ellas tenderán a beneficiar de nuevo a la élite. Tal cual como se esbozaba en el epígrafe parte de un discurso realizado por el presidente Piñera Echenique a 9 días de ocurrencia de la revuelta y levantamiento popular. Chile de nuevo se encuentra ante una nueva oportunidad histórica para enfrentar y dilucidar la disociación entre la ciudadanía y la participación política para reorganizarnos como una sociedad plena. Como cualquier posibilidad, se puede aprovecharse o perderse.

Los retos continúan siendo enormes, más cuando Chile aún no culmina el trauma de las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura cívico militar (1973-1990) y, en estos tiempos, nos vemos enfrentados de nuevo a ellas. Uno de esos desafíos es que el imperativo de los Derechos Humanos no sea una voz de un discurso etéreo, sino realidad concreta para todos y todos, situando en el centro del debate los Derechos.

Por las convicciones justas y necesarias para este nuevo proceso de esperanzas: Verdad, Justicia y Reparación; Juicio y Castigo a Responsables de Graves Violaciones a los Derechos Humanos; Refundación a Carabineros de Chile y Libertad Inmediata a los Presos de la Revuelta… parafraseando al cura obrero fallecido en marzo del 2020, Mariano Puga Concha, “el despertar no tiene que morir nunca más”.

Mg. Andrés Vera Quiroz
Es Diplomado en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, además de Asistente Social y Magister en Trabajo Social de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Miembro del Colegio de Trabajadores de Chile AG. Asimismo miembro del directorio de Codepu, organización de Derechos Humanos. Ha ejercido docencia como profesor ayudante y titular en diversos establecimientos de Educación Superior. Sus escritos versan principalmente sobre Derechos Humanos, Ciudadanía, Memoria y la historia del Trabajo Social.