Efectivamente, para las mujeres peruanas afectadas por las esterilizaciones forzadas, el 13 de noviembre del presente año del 2018, se encendió una luz desde la fiscalía que preside la Dra. Marcelita Gutiérrez, que significa dar inicio a la acusación fiscal a los responsables mediatos e inmediatos del delito contra la vida y la salud de 2074 mujeres, quienes fueron sometidas a la esterilización forzada contra su voluntad durante el mandato de Alberto Fujimori.
De acuerdo con la resolución fiscal de la Dra. Marcelita Gutiérrez el ex presidente Alberto Fujimori y sus ex Ministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Jhon Mota, tendrán que someterse al debido proceso de investigación fiscal, mientras que las víctimas de las esterilizaciones forzada, podrán ir recuperando su derecho a la justicia y reparación, participando activamente en todo el inédito proceso de judicialización que estará a cargo del Ministerio de Justicia y Ministerio Publico respectivamente. Se espera por lo tanto, que esta primera luz que acaba de encenderse para las mujeres más olvidadas y excluídas en la historia del país, genere reconstrucción de valores, derechos y actitudes que desde todas las regiones del Perú, las mujeres tendrán que enarbolar a favor de la no violencia y contra la impunidad.
Esta resolución fiscal a favor de todas las afectadas por las esterilizaciones forzadas, llega igualmente en una coyuntura en el que el Poder Judicial se encontraba prácticamente capturado por la corrupción, pero al mismo tiempo en el reto crucial de rescatar y sanear a este mismo Poder Judicial, y sea el Estado de Derecho el que consolide la Justica y garantice que derechos fundamentales se cumplan en el país, evitando que la impunidad, la intolerancia y violencia política se impongan nuevamente.
La esterilización forzada a las mujeres durante la dictadura de los años 90, fue resultado de esos delitos. Cabe entonces en estos momentos, que todos los sectores sociales y profesionales, hagamos un alto y reflexionando cada uno, desde el espacio o especialidad que tengan, decidan y asuman quehaceres innovadores que la Historia del Perú exige, aún estamos a tiempo, ya que de lo que hagamos o dejemos de hacer, las nuevas generaciones nos juzgarán.
La emblemática lucha y larga espera de Justicia y Reparación que vienen librando las afectadas por la esterilización forzada no será en vano. Ellas saben que son muchas más las que faltan ser tomadas en cuenta y que deben ser integradas en el REVIESFO o Registro Nacional de Víctimas de Esterilización Forzada. De esta manera, a través de nuestra revista “Nueva Acción Crítica”, solicitamos a las y los colegas Trabajadores Sociales del país, unirse a todas las voces de las mujeres y hombres que resultaron víctimas de esterilización forzada.
Considero que la solidaridad del sector profesional de Trabajo Social con las mujeres andinas afectadas por la esterilización forzada fortalecerían los proceso de cambio, programas y proyectos estratégicos, cuya incidencia política y social multiplicaría esfuerzos y resultados positivos a lograrse con la Justicia y reparación integrales para las víctimas de esterilización forzada en las diferentes regiones y localidades del país.
Evidentemente lo anterior, implicaría una importante gestión de capacidades, recursos humanos e institucionales que la mayor parte de las y los trabajadores sociales tienen en su haber.
Los quehaceres e iniciativas innovadores no deber ser atribución de quienes toman siempre las decisiones. Nuestra población urbana y rural requiere de una importante innovación que consolide la cultura e historia andinas.
Las transformaciones y procesos necesarios que la ciencia y la tecnología pueden contribuir para avanzar, serían posibles si se dan pasos previos en los que han de transitar cada uno de los sectores poblacionales. De esa experiencia posiblemente, nuestros pueblos originarios, tendrían mucho que aportar. La innovación en educación, la organización, la producción y bienestar se alcanzará entre todos los que aprendimos a intercomunicarnos y a tomar decisiones adecuadas para solucionar las necesidades o conflictos de nuestros pueblos. Es en este sentido que se debe entender la acción solidaria de un sector profesional como el nuestro.
Decimos que nuestro quehacer frente a las secuelas dejadas por la esterilización forzada o las de la violencia política y de género, serán un verdadero aporte, porque habrá que innovar procesos, procedimientos, metodologías y herramientas donde todos los saberes de la comunidad andina e indígena, así como los de técnicos y académicos deberían ser tomados en cuenta. Serán las mismas mujeres y hombres que reconstruyendo su memoria colectiva, renovarán o harán de nuevo algunos de los cimientos que se debilitaron con la pérdida o resquebrajamiento de los derechos y valores humanos.
En este sentido, la esterilización forzada ha dejado profundas secuelas en la salud mental y emocional de las mujeres afectadas, provocándoles en muchos casos una profunda depresión, durante veinte años no ha habido ninguna forma de reparación mental de las mujeres, es importante una intervención holística que tome en cuenta no solo los saberes, sino también las creencias o idiosincrasia de cada comunidad a las que pertenecen nuestras hermanas esterilizadas. Estas secuelas y otras tantas las hemos evidenciado en nuestra investigación “La verdad está en nuestros cuerpos, secuelas de una opresión reproductiva”, realizada en Huancabamba con la participación de 300 mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas.
Otra de las secuelas ha sido la preocupante afectación a su salud física dejándolas en muchos casos afecciones cancerígenas en la zona de la intervención, otras sin poder trabajar porque su vientre y espalda tienen dolores permanentes, otras con fuertes dolores de cabeza, desde que fueron intervenidas, posiblemente debido a que se utilizó anestesia para animales con ellas.
De otro lado, una de las graves secuelas es el deterioro de su autonomía sexual pues ya no pueden disfrutar de su sexualidad, al tener permanente malestar en su vientre. Incluso por ello han sido obligadas y hasta violadas por sus propias parejas para mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.
Debido a estas secuelas han quedado en dependencia económica porque ya no pueden realizar las mismas actividades económicas que les generaban ingresos. Ahora dependen de la pareja y de sus familias. Y han quedado muchas en extrema pobreza. Cuando Fujimori dijo en Beijin en 1995 que las mujeres del Perú serían dueñas de su propio destino, solo fue una gran mentira, porque ninguna de las cerca de 300 mil mujeres y 20 mil hombres esterilizados han tenido oportunidad ni de salir de la pobreza, ni de superar las graves secuelas que la esterilización forzada ha generado en sus vidas.
Nuestra propuesta:
- Una reparación integral para las afectadas por las esterilizaciones forzadas. Una pensión vitalicia y atención médica de calidad y calidez
- Un reconocimiento de comisión del delito por parte del Estado peruano y un pedido de perdón a las cientos de víctimas de la esterilización forzada.
- Que al igual que los procesos y monumentos a la memoria por las violaciones a los derechos humanos llevados a cabo a modo de reparación simbólica para las víctimas de violencia política, que también se haga para el caso de las víctimas de esterilización forzada.
- Que se siente un precedente a nivel internacional haciendo justicia a estas valerosas mujeres que han resistido veinte años en su demanda de verdad, justicia y reparación. Esto quiere decir, evidenciar que esta política no solo ha sido aplicada en el Perú, ahora nos hemos enterado que ha sido aplicada en comunidades indígenas de Canadá. Eso es racismo y genocidio, pretender exterminar a un determinado sector de población. También en el 2014 se esterilizó a mujeres Dalit (la casta más baja) en la India. Y sabemos que también en México también se ha estado esterilizando a mujeres indígenas. En Europa se esterilizó a mujeres gitanas y así en muchas partes del mundo. Por eso es importante que Perú deje un precedente significativo a nivel internacional, haciendo justicia a las mujeres afectadas.
- Promover que en la historia y en la construcción de la memoria histórica estos hechos se evidencien y no queden en la impunidad del olvido. La educación para transformar un pueblo hacia un futuro posible es importante e imprescindible
JOSEFA RAMÍREZ PEÑA
Licenciada en Trabajo Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado de forma activa en colectivos y redes de mujeres tanto en Perú como a escala latinoamericana e internacional, y es un referente en temas relacionados con la marginación, exclusión social, violencia de género y desigualdad de las mujeres de la región andina del Perú.
Tiene una importante experiencia profesional en el trabajo con mujeres campesinas y en el área del desarrollo rural comunitario. Sus campos de especialización principales son la educación permanente de mujeres y jóvenes andinas y andinos, investigación-acción, gestión organizacional, desarrollo local, diseño, monitoreo y evaluación de proyectos con enfoque de género y derechos humanos.
En la actualidad, coordina el Programa PEPMA del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC), del que fue cofundadora y desde el que contribuye a impulsar políticas y programas dirigidos a las mujeres del medio rural, así como en defensa de sus derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos. Igualmente ha promovido la organización de la Asociación Provincial de Mujeres de Huancabamba-AMHBA, 1993 (Región Piura) que integra a la población femenina de sus 8 Distritos y a las Mujeres afectadas por la Esterilización Forzada.