Latinoamérica
El progreso de las mujeres en el mundo es el informe insignia en el que ONU Mujeres da seguimiento a los avances en la igualdad de género en todo el mundo. En esta ficha informativa se ofrece un breve resumen de los principales temas y datos para la región de América Latina y el Caribe del último informe: Familias en un mundo cambiante 2019-2020.1
1. PANORAMA REGIONAL
En América Latina y el Caribe, las mujeres se están casando más tarde y teniendo una menor cantidad de hijos, y una fracción importante de ellas han optado por cohabitar con sus parejas. El matrimonio infantil sigue siendo frecuente, al igual que la maternidad adolescente. Las tasas de divorcio y separación siguen aumentando, y la región presenta el mayor índice de hogares monoparentales encabezados por mujeres en el mundo. El acceso a los servicios públicos, incluida la atención de la salud reproductiva, continúa restringido, sobre todo para las mujeres de grupos socioeconómicos desfavorecidos y residentes en zonas rurales. La participación laboral de las mujeres ha aumentado en mayor medida que en cualquier otra región, y las mujeres migrantes realizan una contribución sustancial al bienestar económico de sus familias. Sin embargo, se requieren mejores políticas públicas para reducir y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado que realizan las mujeres, así como para proteger y promover los derechos de las mujeres migrantes. También es necesario avanzar en la implementación efectiva de leyes para erradicar la violencia contra las mujeres en las familias.
2. LAS FAMILIAS SON DIVERSAS Y CAMBIANTES
En el informe se demuestra la gran diversidad de estructuras y relaciones familiares en las distintas regiones, dentro de cada país y a lo largo del tiempo. Esta diversidad se refleja claramente en América Latina y el Caribe, donde es posible concluir lo siguiente:
Diversidad de hogares:
• Los hogares formados por parejas con hijas o hijos (de todas las edades) representan un 39,9 % del total de los hogares de la región, y las familias extensas, que incluyen a otros familiares como tías y tíos o abuelas y abuelos, suponen casi una cuarta parte de los hogares (23,6 %).2
• La región de América Latina y el Caribe presenta la mayor tasa de hogares monoparentales del mundo (11 %). La inmensa mayoría de ellos son hogares encabezados por mujeres, quienes a menudo tienen grandes dificultades para conciliar el trabajo remunerado, la crianza de sus hijas e hijos y, a veces, el cuidado de otras personas dependientes.3
• La recopilación de datos a través de métodos innovadores en países como la Argentina, el Brasil, Chile, Costa Rica, México y el Uruguay permitirá obtener estadísticas más representativas sobre la diversidad de las familias. A su vez, esto hará posible adoptar políticas y leyes orientadas a las familias más eficaces.
Matrimonio:
• La edad de las mujeres al contraer matrimonio en la región se elevó de 22,7 años alrededor de 1990 a 23,6 alrededor de 2010.4 No obstante, el matrimonio infantil y la cohabitación antes de los 18 años siguen constituyendo problemas significativos: un 24,7 % de las mujeres de 20 a 24 años señala haberse casado o haber cohabitado con una pareja antes de los 18 años, lo que representa un ligero incremento en comparación con el 23,5 % registrado hace 25 años.5
No casarse, cohabitación, divorcio y separación:
• La proporción de mujeres de entre 45 y 49 años que nunca han estado casadas aumentó del 11,4 % alrededor de 1990 al 13,4 % alrededor de 2010, y es la segunda tasa más alta del mundo.6
• La cohabitación ha crecido de manera exponencial en la región a lo largo de las cuatro últimas décadas: en Panamá, el 73,9 % de las mujeres de 25 a 29 años que vivían en algún tipo de unión en 2010 cohabitaban con su pareja; en el Uruguay dicha proporción era del 70,7 %, y en la Argentina del 65,5 %.7 Con la liberalización del divorcio y la transformación de las normas sociales, la práctica de la cohabitación se ha expandido como preludio del matrimonio, pero también como una opción
después del divorcio o como elección de estilo de vida.8
• Alrededor de 2010, el 9,6 % de las mujeres de 45 a 49 años de edad estaban divorciadas o separadas, un porcentaje que duplica el promedio mundial (4,7 %).9
Fecundidad:
• La tasa de fecundidad ha disminuido de forma significativa en la región, pasando de 5 hijos por mujer en el período comprendido entre 1970 y 1975 a una proyección de 2 hijos por mujer entre 2015 y 2020.10
• Sin embargo, la región tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente a nivel mundial: el 18,2 % de las mujeres de 20 a 24 años de edad dieron a luz antes de cumplir los 18 años. En el caso de las mujeres en el quintil más pobre, la tasa se eleva al 30,1 %.11
Personas adultas mayores:
• Las proyecciones muestran que, para 2020, las personas adultas mayores (de 60 años o más) representarán el 12,8 % de la población en América Latina y el Caribe.12
3. HACEN FALTA LEYES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD, RECONOZCAN LA DIVERSIDAD DE LAS FAMILIAS Y PROHÍBAN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Las leyes de familia, que rigen el matrimonio (incluida la edad mínima a la que puede contraerse), el divorcio, la custodia y tutela de hijas e hijos, la adopción y la herencia, incluyen a menudo disposiciones discriminatorias que generan condiciones desiguales para las mujeres y las niñas en muchas partes del mundo. En América Latina y el Caribe, el progreso ha sido sustancial, aunque algunas brechas persisten:
• La edad legal para contraer matrimonio es de 18 años o más, tanto para los hombres como para las mujeres, en todos los países y territorios de la región con datos disponibles.13 Sin embargo, la mayoría de los países de la región admiten excepciones a la norma. En Colombia, por ejemplo, es posible casarse desde los 14 años si se cuenta con el consentimiento de los progenitores.
• Varios países, entre los que se encuentran la Argentina, Chile, Colombia y el Uruguay, han adoptado medidas para reconocer jurídicamente las relaciones de cohabitación. En Colombia, por ejemplo, estas parejas tienen derechos similares a las casadas en lo referente a la ciudadanía, la jubilación, la atención de la salud o las pensiones alimentarias.14
Parejas del mismo sexo:
• Hasta 2019, la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, el Ecuador, México y el Uruguay figuraban entre los 42 países del mundo que habían otorgado algún tipo de reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo. Por otra parte, en 9 de los 33 países de la región, las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo están explícitamente tipificadas como delito.15
Se avanzó en la formulación de leyes para eliminar la violencia contra las mujeres. El problema, sin embargo, es su falta de implementación:
• A principios de la década de 1990, tan solo unos cuantos países del mundo contaban con leyes contra la violencia doméstica. En 2018, todos los países de América Latina y el Caribe para los que se dispone de datos, con la excepción de Haití, habían promulgado leyes de este tipo.16
• A pesar de ello, su efectiva implementación continúa siendo un desafío para muchos países de la región; un 11,8 % de las mujeres de 15 a 49 años señalan haber sido víctimas de violencia física o sexual a manos de una pareja o expareja, en los últimos 12 meses.17
• Los datos oficiales de 19 países de América Latina y el Caribe revelan que, en 2017, 2559 mujeres fueron víctimas de femicidio/feminicidio. Los datos correspondientes a 2016 y 2017 muestran que Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, la República Dominicana y Trinidad y Tabago son los países de la región con mayor prevalencia de femicidios/feminicidios.18
• Hasta 2018, 23 de los 33 países de la región para los que se dispone de datos contaban con leyes explícitas que tipifican como delito la violación conyugal.19
4. GARANTIZAR SERVICIOS PÚBLICOS ACCESIBLES Y DE CALIDAD ES ESENCIAL PARA APOYAR A LAS FAMILIAS Y PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO
Los servicios públicos desempeñan un papel crucial para las familias y la igualdad de género. En particular, el acceso a la atención de la salud reproductiva es esencial para que las mujeres y las niñas puedan ejercer su voz y tomar decisiones sobre la vida familiar.
• El descenso de la tasa de fecundidad proyectado para la región (de 5 nacidos vivos por mujer en el período comprendido entre 1970 y 1975, a 2 entre 2015 y 2020) refleja el aumento de la igualdad de género en la educación y la participación laboral, así como una mejor disponibilidad de servicios de planificación familiar.20
• Mientras que la disponibilidad de métodos anticonceptivos modernos para las mujeres de la región ha aumentado de manera constante desde 1970 (su utilización se ha incrementado desde entonces de un 39 % a un 82,6 %), el acceso a estos métodos sigue siendo limitado entre las mujeres más pobres o de medios rurales.21
5. EL ACCESO DE LAS MUJERES A INGRESOS PROPIOS Y ADECUADOS APUNTALA SUS DERECHOS EN LAS FAMILIAS
El control sobre sus recursos económicos —por ejemplo, ser titulares de activos, percibir un salario o beneficios estatales— coloca a las mujeres en una situación más igualitaria con respecto a los hombres en sus relaciones íntimas, fortalece su poder de negociación en la familia y les permite abandonar una relación insatisfactoria, si así lo deciden. Para las mujeres mayores, es crucial contar con ingresos o activos propios para garantizar un nivel de vida adecuado.
El estado civil de las mujeres influye en su tasa de participación laboral:
• América Latina y el Caribe es la región en la que se observa el mayor aumento en la participación laboral de las mujeres de entre 25 y 54 años de edad en las dos últimas décadas (del 57 % al 67%).22 Este incremento se dio de una manera sumamente estratificada, ya que las mujeres más pobres registran tasas de participación mucho menores que las más ricas.23 Por su parte, la participación laboral de los hombres se mantuvo en un nivel elevado durante este período (tasa del 93 %).24
• Entre las mujeres de la región, aquellas que se encuentran casadas o cohabitan presentan la tasa más baja de participación laboral (60,4 %). La tasa más alta entre las mujeres de esta región corresponde a las que están divorciadas o separadas (80,7 %). Entre los hombres de la región, las tasas de participación laboral son elevadas con independencia de su estado civil.25
• Las diferencias en la participación laboral entre grupos de mujeres reflejan en parte la mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que estas asumen cuando forman una pareja. Entre las mujeres divorciadas, las mayores tasas de actividad económica podrían reflejar tanto su mayor riesgo de pobreza como una mayor autonomía para buscar un empleo remunerado fuera de los confines del matrimonio.
Las madres solas afrontan importantes riesgos de caer en la pobreza y dificultades para recibir pensiones alimentarias:
• Los hogares monoparentales encabezados por mujeres, sobre todo en el grupo económico más desfavorecido, continúan expuestos a elevados riesgos de pobreza. Con frecuencia, las pensiones alimentarias que reciben de los padres de sus hijas e hijos son insuficientes, y la probabilidad de retrasos o suspensión en los pagos es muy alta. En Colombia, por ejemplo, tan solo el 28 % de las madres que tenían la custodia de sus hijas e hijos recibieron pensiones alimentarias en 2008; sin embargo, en los casos en que sí las recibieron, las pensiones redujeron la pobreza del hogar.26
• Es posible que, para poder recibir apoyo estatal, las madres solas (en custodia de sus hijos) tengan que demostrar su imposibilidad de recibir pensiones alimentarias por parte de los padres. Una investigación sobre las madres solas en el Caribe reveló diversos motivos por los que no querían acudir a los tribunales para tratar de obtener pensiones alimentarias de sus exparejas. Entre las razones esgrimidas figuraban, por ejemplo, el tiempo, la energía y demás recursos necesarios para presentar una solicitud, la vergüenza que les causaba dicha situación, la probabilidad de sufrir acoso o violencia a manos de su expareja, o la frecuente irregularidad en los pagos.27
6. LAS FAMILIAS NECESITAN TIEMPO, DINERO Y SERVICIOS PARA PROPORCIONAR CUIDADOS
En las familias, las niñas y los niños y las personas adultas mayores reciben los cuidados y la nutrición que necesitan. Sin este trabajo de cuidados no remunerado —realizado en su inmensa mayoría por las mujeres—, las economías y las sociedades se detendrían por completo. Las familias y las mujeres necesitan apoyo estatal para realizar este trabajo vital. La mejor manera de respaldar esta labor es ofreciendo tiempo (licencias por maternidad, paternidad y parentales compartidas), recursos económicos (transferencias monetarias y pensiones para las familias con responsabilidades de cuidado) y servicios (cuidados de calidad para las y los niños y las personas adultas mayores).
Las mujeres realizan la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado:
• A escala mundial, las mujeres realizan el triple de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres.28
• En 11 países de América Latina y el Caribe, las mujeres de menores recursos dedican cada día 103 minutos más al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que las mujeres de mayores recursos; sin embargo, la dedicación de los hombres es similar (y muy baja) en todos los grupos de ingresos.29
• En las zonas rurales, la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es mayor, debido al menor acceso a infraestructura básica (como agua corriente y tecnologías que permiten ahorrar tiempo y trabajo). En Bolivia, por ejemplo, tan solo un 38 % de los hogares más pobres dispone de agua corriente (suministrada por tuberías), frente al 99 % de los hogares más ricos.30
Hacen falta políticas públicas para apoyar a las familias y a sus integrantes a brindar cuidados:
• En muchos países de la región, la disponibilidad de licencias por maternidad es escasa. Chile y el Uruguay son los países que más esfuerzos han realizado en la región para ampliar el acceso a licencias maternales y parentales compartidas, incluso para las personas que trabajan en la economía informal.
• En Chile y el Ecuador la cobertura de la educación temprana y el cuidado infantil aumentó de manera considerable. Los Centros de Desarrollo Infantil del Ecuador, por ejemplo, han aumentado la cobertura de los servicios de cuidado infantil para niñas y niños de 5 años o menos, del 3 % en el año 2000 a más del 22 % en 2015.31 En el marco de esta iniciativa también se formalizó y profesionalizó a un nuevo sector de promotoras y promotores de la educación infantil.
• En el Uruguay, una coalición de organizaciones de mujeres junto a las y los legisladores lograron poner el tema de los cuidados en la agenda pública, y construir un Sistema Nacional de Cuidados innovador e integral que incluye servicios de cuidados para niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad.
7. SE NECESITAN POLÍTICAS Y NORMAS MIGRATORIAS ORIENTADAS A LAS FAMILIAS Y A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
La migración es un importante fenómeno que afecta a las familias y los derechos de las mujeres dentro de ellas. Aunque la migración puede ofrecer nuevas oportunidades a las mujeres, con frecuencia exige a las familias lidiar con una compleja red de políticas y normas que afectan las condiciones en las que viven sus miembros y la posibilidad de vivir juntos o separados.
• Las mujeres representan el 50 % o más del total de las personas que migran a otros países en América Latina y el Caribe.32
• Muchas mujeres migrantes denuncian que experimentan violencia y explotación durante el trayecto migratorio, a veces a manos de los traficantes de personas. Una encuesta realizada a 467 migrantes en México, por ejemplo, constató que el 68,3 % de quienes entraban al país habían sido víctimas de violencia durante el tránsito: el 31,4 % de las mujeres había sufrido abusos sexuales, así como el 17,2 % de los hombres.33
El acceso a los servicios públicos y a la protección social es esencial para las mujeres y las familias en el contexto de la migración:
• Cuando migran las mujeres, otros familiares, en su mayoría mujeres, suelen hacerse cargo del cuidado de sus hijas e hijos. En México, por ejemplo, muchas abuelas que ya vivían en el mismo hogar que sus hijas se encargan de atender las necesidades diarias de cuidados de sus nietas y nietos.34
• En 2018, Colombia regularizó a miles de venezolanas y venezolanos, quienes desde entonces han podido acceder a servicios tales como los servicios prenatales y posnatales. La Argentina también ha demostrado que es posible ampliar la cobertura de los servicios de salud regulares (no de emergencia) a migrantes tanto en situación regular como irregular.35
8. ADEMÁS DE SER PROPICIAS, LAS POLÍTICAS ORIENTADAS A LAS FAMILIAS PUEDEN COSTEARSE
En un análisis elaborado para este informe se demuestra que la mayoría de los países pueden adoptar este paquete de políticas orientadas a las familias.36 Dicho paquete garantizaría el acceso de toda persona a un ingreso básico y a una atención esencial de la salud a lo largo de su curso de vida; además, aseguraría que las niñas y los niños en edad preescolar y otras personas adultas puedan acceder a servicios de cuidados de calidad.
• El análisis pone de manifiesto que, para cerrar las brechas en términos de ingresos, salud y cuidados, 18 países de América Latina y el Caribe (sobre un total de 24 países para los que se dispone de datos) podrían implementar las políticas requeridas con una inversión inferior al 5 % del producto interno bruto (PIB).
• Cinco países necesitarían invertir entre un 5 % y un 9 % de su PIB.
• Para uno de los países sería preciso invertir un 15 % del PIB, lo cual haría necesario conseguir apoyo adicional de donantes internacionales.
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