El CELATS se sumó a la celebración del Día Mundial del Trabajo Social 2022 este 15 de marzo con la realización de un Seminario que tuvo como lema: COMO CO- CONSTRUIMOS UN MUNDO JUSTO, SOSTENIBLE E INCLUSIVO- SIN DEJAR A NADIE ATRÁS.
El evento fue organizado por el Núcleo Temático Agua y Cambio Climático, en coordinación con la Comisión de Comunicaciones, el mismo que tuvo como finalidad identificar los desafíos de la intervención profesional en términos de enfoques, políticas, metodologías y trabajo interdisciplinario en la intersección entre lo social y lo ambiental, mostrando la complejidad de intervenir en el territorio con múltiples intereses y con muchas desigualdades sociales que se expresan en el espacio rural.
El seminario permitió compartir experiencias de trabajo con poblaciones indígenas amazónicas y con productores rurales de comunidades alto andinas las mismas que presentan mayores indicadores de pobreza y que históricamente se encuentran excluidas de las políticas públicas por lo que se requiere aumentar los esfuerzos para que sean incluidos en este nuevo mundo justo, sostenible e inclusivo que deseamos. Asimismo, se ha presentado la problemática del agua y el saneamiento en el desarrollo de la región de América Latina y cómo se gestiona el conocimiento para la adaptación frente al cambio climático en el estudio de los impactos del retroceso glaciar en la calidad del agua en las comunidades altoandinas del Callejón de Huaylas. En el evento participaron colectivos profesionales desde diferentes puntos de Latinoamérica (Argentina, Ecuador) y el mismo Perú (Lambayeque, Ancash, Piura, entre otros).
La primera presentación “Co- Creando desarrollo con poblaciones indígenas de la Amazonía” a cargo de la TS Giuliana Zegarra Begazo presentó la experiencia de preparación de Planes de Vida- El Buen Vivir que se constituye como el instrumento de planificación priorización y preparación de propuestas de desarrollo de las comunidades nativas amazónicas a corto, mediano y largo plazo. En su preparación participan jóvenes, niños, mujeres y adultos tanto comuneros como líderes para lo cual se despliegan metodologías participativas ajustadas al contexto local que permitan superar las barreras del idioma.
Se recalcó que la amazonia representa el 75% del territorio y que existen 55 pueblos indígenas reconocidos en el Ministerio de Cultura y existen otros 20 pueblos indígenas en contacto inicial o no contactados.
Uno de los desafíos de los planes de vida es la viabilidad de la implementación por lo que se hace incidencia política para que estos planes se articulen con la política de los gobiernos locales y regionales mediante ordenanzas regionales para que sean reconocidos e implementados vía el presupuesto público y los programas sociales vigentes.
Otro desafío es la vigilancia de los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas considerados los guardianes del bosque amazónico viven en un territorio constantemente amenazado por la construcción de centrales hidroeléctricas, proyectos de hidrocarburos y minería. Los países de la región incluyendo el Perú son signatarios del Convenio 169 de la OIT que busca proteger sus derechos frente a estos proyectos por tanto la vigilancia de la sociedad civil en caso los gobiernos atenten contra su cumplimiento, debería ser considerado como un elemento de la incidencia política de las TS.
La segunda presentación “Adaptación al Cambio Climatico como oportunidad para gestionar el conocimiento” a cargo de la TS Doctora Jenny Menacho Agama, nos presentó la problemática del retroceso de los glaciares por efecto del cambio climático que deja expuestas a la intemperie rocas mineralizadas y ricas en sulfuro que alteran la calidad del agua y afectan los medios de vida de las comunidades alto andinas, especialmente en la cordillera blanca.
Los pobladores de las comunidades altoandinas sienten los efectos del cambio climático en su vida diaria, ya sea en la calidad del agua, en la irradiación del sol, en la escasez de hielo y escarcha y en sus cultivos. Tienen además una interpretación del cambio climático que tiene que ver con la modernidad, el envejecimiento del planeta o por alteraciones de turista y andinistas que muchas veces no coinciden con las interpretaciones de las entidades técnicos científicos que investigan estos temas.
De esta manera existen limitaciones en la construcción de un conocimiento conjunto de la adaptación que incluya ambos saberes y permita una mayor seguridad y confianza en las medidas de adaptación que se propongan para estas comunidades. A este sesgo en la investigación científica, se le podría denominar “antisocial” en el sentido que desconoce las interpretaciones locales priorizando solo el conocimiento científico – académico.
La tercera presentación “El Trabajo Social como Bisagra del desarrollo en zonas rurales andinas” a cargo de la TS Nélida Ana Ibarra, comparte la experiencia como Jefe del Centro de Servicios Económicos de Puno en el marco del Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza (PRA) cuyo objetivo ha sido la articulación de los productores a los mercados. Luego de la organización de los productores en cadenas productivas de fibra de alpaca, quinua, artesanías entre otros, se ha procedido a la preparación de los planes de negocios que sirvieron para identificar los cuellos de botella en sus cadenas productivas para luego recibir asistencia técnica para resolverlos. De esta manera de manera progresiva los productores mejoran la calidad de su producción y sus ingresos económicos además que van consolidando sus negocios y mejoran las condiciones de vida de sus familias.
El rol del TS ha sido de facilitar la asistencia técnica y articular los actores locales que intervienen en estas cadenas productivas involucrando a las cámaras de comercio, los gobiernos locales y regionales, las empresas, cooperativas, mercados y ferias, buscando reducir las asimetrías en el flujo entre los productores y el mercado. La experiencia desarrollada en Puno ha atendido las diferentes percepciones del negocio que existen entre las etnias quechua y aimara, el tamaño de la tierra y las capacidades existentes de las asociaciones para hacer una economía de escala.
El aporte de este proyecto es importante para el desarrollo en el país debido a que el 85% de productores agropecuarios son pequeños productores y la mayoría de ellos en las comunidades alto andinas que no tienen acceso al crédito y a la asistencia técnica necesaria para competir en el mercado. Estas asimetrías en el mercado perpetúan el círculo de la pobreza excluyéndolos del crecimiento económico del país. Muchos de estos productores lograron presentarse a ferias y mercados internacionales debido a que lograron productos de buena calidad.
La cuarta presentación “El agua, el saneamiento y el desarrollo sin dejar a nadie atrás” a cargo de la TS Rosa Meza Moyano, ha mostrado la importancia del agua limpia, el saneamiento y la higiene para el desarrollo pues tiene implicancias en otros derechos como la salud, la nutrición y el bienestar, especialmente de las mujeres y niños y la población adulta de entre 50 a 75 años.
En la región de América Latina y el Caribe esta es una agenda de política pública pendiente pues todavía hay 58 millones de personas que no tienen acceso al agua potable segura en las zonas rurales y 7 millones de personas aún practican la defecación al aire libre.
El agua también tiene un valor cultural importante para las comunidades locales y el uso ineficiente e insostenible genera la degradación de las fuentes de agua, por tanto, hay una necesidad de que los gobiernos desarrollen la gestión integrada de los recursos hídricos, que incluya a todos los actores involucrados, desde las fuentes del agua en las cabeceras de cuenca hasta su tratamiento y reutilización.
En el Perú la ley Nº 30215 de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos – MERESE regula y supervisa los acuerdos voluntarios de todos los actores para realizar acciones de conservación, recuperación y uso sostenible con el objetivo de asegurar la permanencia de los ecosistemas.
En el sector de agua, saneamiento e higiene participan múltiples actores desde los tres niveles de gobierno, las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, los operadores comunales y las empresas de agua y saneamiento. A lo largo del ciclo de proyecto de inversión pública la participación comunitaria es promovida como factor importante para la sostenibilidad del servicio, pues el fortalecimiento de las capacidades se da desde los usos y beneficios del agua, hasta la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento.
Desde la experiencia en proyectos de agua, saneamiento e higiene, el TS contribuye en la creación y recreación de espacios de organización, participación, educación social y aprendizajes significativos entre la comunidad, el gobierno y los operadores locales para lograr la utopía colectiva de que al 2030 en la región de América Latina y el Caribe se materializa el derecho humano al agua y al saneamiento.