Para el Trabajo social es imprescindible comprender plenamente la pobreza y desigualdad y analizar la pertinencia de las soluciones que a lo largo del tiempo se vienen desplegando.  Retomar las aspiraciones de vida digna y vida buena de las personas que, a propósito de la pandemia del COVID 19 y todas las falencias del sistema económico, hoy están en el foco de la atención social. Luego de años y años de políticas públicas para atender las problemáticas sociales, la desigualdad no sólo se mantiene, sino que ha revelado vulnerabilidades en muchos aspectos de la vida humana.

Los programas que pretendían atender la pobreza y sus circunstancias han sostenido una generación tras otra de excluidos de los beneficios del crecimiento económico. Para Fantova (2020), se constata una situación crítica para las políticas públicas por “el insostenible desajuste sistémico entre ellas y la sociedad que han contribuido a forjar” y que han seguido manteniendo en el mismo lugar de siempre.  Esto lleva al cuestionamiento de un modelo que centraliza sobremanera lo económico por sobre la vida de la gente y cuyos resultados son excluyentes, tanto a nivel de la existencia humana como de la relación individuos y ambiente.

La injusticia social y la insostenibilidad ecológica presentes en el mundo actual reclaman la construcción colectiva de nuevas formas de abordar el problema, que posibilite a toda la ciudadanía del planeta alcanzar una vida digna en un entorno sostenible (Bonil, Sanmartí y Otros, 2004).

Nuevos sujetos han sido reconocidos en el escenario de las políticas sociales junto con sus problemas de estigmatización, de exclusión, de injusticia: adultos mayores, familias diversas, mujeres víctimas de violencia de género. Las mujeres exigiendo derechos igualitarios. Los jóvenes reclamando democracia y participación. La economía de los pequeños productores sosteniendo el pan llevar de la vida cotidiana.  Grupos que antes no eran visibles, como personas con discapacidad, gays, indígenas, afrodescendientes, están demandando sus derechos y tienen presencia en la sociedad como colectividades. Trabajo Social tiene que promover el respeto a la diversidad y fortalecer esas identidades que muestran la cultura y los modos de vida distintos (Carballeda,2012). Estos grupos y sus circunstancias requieren de las instituciones una atención a sus necesidades: una “dignidad mínima” (Benjamin, citado por Pfeiffer, 2009).

   Así cuando hablamos de dignidad humana hacemos referencia a la asunción de dos sentidos a propósito de este concepto: el sentido que enaltece al humano frente a los demás seres de la naturaleza facultándolo para que los utilice como recursos (o medios) para sostener su vida; y, el que empuja a un tratamiento específico de respeto e igualdad entre los mismos hombres… (Pfeiffer, 2009).

La pandemia del COVID-19 ha revelado la fragilidad del sistema a través de las instituciones de protección social para atender a la gente: Son “precarias las condiciones de calidad de la oferta o estructura de oportunidades… (nos) exige poner atención en la estructura de prestaciones de los servicios sociales y sus niveles de calidad” (Matus, 2015). Esas instituciones manifiestan la disposición para atender las necesidades que impone la economía, centrada en la acumulación económica o en la política.

Asumir la centralidad de lo social (Evangelista, 2019) tiene como desafío generar una nueva institucionalidad y una nueva relación con los sujetos sociales. Esto implica cambio de reglas, cambio de políticas, revisión de los territorios, respuestas inclusivas, equitativas e integrales para la diversidad de sujetos (Huamán, 2020), sin desconocer lo económico, político, cultural. Los sujetos y sus circunstancias, al centro de cualquier debate y propuesta, la consideración de los movimientos, las organizaciones, los espacios que no tuvieron y aun no tienen voz.

Si como dice Evangelista (2020), asumir lo social como central implica la confluencia de actores y sus realidades, tenemos una nueva noción de la acción pública, con intervención de otros actores: las distintas instancias del Estado y la sociedad civil, las universidades, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, todos pueden intervenir con sus propias propuestas y programas, todos deben actuar como alternativa a la tradicional presencia del Estado como único tomador de decisiones y garante del bienestar.

En esa orientación, Serafini (2020) plantea que la reproducción social y la sostenibilidad de la vida tendrían que ser el centro de la acción. Y si de una nueva manera de intervenir se trata, habrá que trabajar datos que ya no se enfoquen en los promedios, sino que incorporen la mediana, que es donde se concentran los casos (CEPAL, citado por Huamán, 2020). Para Cortez-Monroy y Matus (2015), se trata de resistir las fórmulas de fragmentación de lo social y esa actitud debe llevar a dar cuenta no sólo de los problemas sino de las fallas del sistema para resolverlos, de esa manera, renovar las formas de trabajar lo social porque “la mayoría de las evaluaciones todavía se centran en una medición de la demanda que requiere evaluar su impacto”. La evidencia así vista cobraría sentido.

Del mismo modo, una ausencia importante en las políticas públicas, son las políticas del cuidado, siendo principalmente mujeres en un 85% en américa latina, según informa Serafini (2020) y en el Perú, menos del 60% de personas mayores de 65 años recibe pensión, según el ministro de economía Waldo Mendoza (2021).  El derecho a recibir cuidados de calidad para personas por salud o por edad y el derecho de quienes son cuidadores remunerados y no remunerados no tienen un marco político de protección económica y social como responsabilidad pública que permita a los/as cuidadores a una diversidad de prestaciones de apoyo o compensación. El peso enorme del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en la vida de las mujeres es la consecuencia de lo que se define como la injusta organización social del cuidado. Esto refiere a la desigual distribución de responsabilidades por un lado entre Estado, mercado, hogares y comunidad, y por el otro entre varones y mujeres. (Rodríguez, 2018). Tiene sentido lo que plantea Serafini, porque si la sostenibilidad de la vida es precaria en el presente, es imposible pensar en un desarrollo que asegure la atención de las necesidades de futuras generaciones y esa precariedad en el ejercicio de este derecho es histórica. Procesos de inseguridad, incertidumbre y falta de garantías para las condiciones de vida muestran que la reproducción social no es, aún, el centro de las políticas sociales.

En otra dimensión, la desigualdad aplicada al territorio, al espacio que ocupa una comunidad humana y sus relaciones con el entorno físico, social, cultural y político. Las características de nuestras sociedades latinoamericanas han llevado a los pobres a poblar las zonas áridas y agrestes de las ciudades, sin servicios públicos dignos, sin seguridad ciudadana, con infraestructura autoconstruida y en franca subvaloración del espacio territorial. Convivimos con las desigualdades, tanto, que pasan a ser consideradas como una condición natural en la percepción de las personas. Estas condiciones, dice Quinteros (2020), arrastradas por siglos, muestran la desigualdad histórica entre ricos y pobres y la indiferencia de los gobiernos por impulsar un desarrollo territorial o regional equilibrado y justo. Para enfrentar estas desigualdades, añade Quinteros, deben tomarse en cuenta en cada ámbito territorial, los niveles diferenciados del poder de decisión, los alcances reales de la descentralización y el nivel de participación de la ciudadanía en los asuntos de política pública.

Una gran dificultad para la acción de las políticas públicas es la segmentación de lo social que aparece desde su concepción. Pero, así la intención de la acción pública fuera la integralidad de sus políticas, será muy difícil su efectividad si aún hoy seguimos pensando en la pobreza, como vulnerabilidad de las personas y no en la desigualdad como expresión de las fallas del modelo económico, “asociada a procesos de explotación y acaparamiento de oportunidades” (Reygadas, citado por Pereyra, 2017). A nivel de la intervención, consideremos también las amenazas que atentan contra la acción efectiva: a pesar que desde los programas sociales, la atención de las personas vulnerables toma mucho de la atención del Trabajo Social y de la actual perspectiva de las políticas públicas, la defensa a ultranza de espacios y funciones consideradas propias por las distintas profesiones que intervienen en lo social desarticula cualquier acción concertada. Cada una defiende su “espacio” particular, con lo cual terminan atendiendo al árbol y desatendiendo al bosque. Esa situación que se observa actualmente, pone la defensa del espacio laboral como inmediato y necesario, pero descuida la visión estratégica, en la que interdisciplinariedad y transdiciplinariedad juegan un papel importante hoy. Resolver las fallas y vacíos del sistema no puede lograrse con una visión unidisciplinar que impide llegar a la efectividad.