Nota técnica [1]
“Un país no se mueve solo por la economía y las cifras; se mueve por los valores, la ética y la condición humana”
Introducción
En el Perú, como en otros países de la región, los partidos políticos elaboran planes de gobierno para presentarse ante la ciudadanía, en su calidad de elegibles para conformar gobierno; pero con frecuencia relegan aspectos esenciales de la vida de la gente: su salud, su educación, la convivencia, la interculturalidad que nos distingue y la garantía de un bienestar integral.
Las propuestas que hemos visto recientemente, provenientes de los grupos políticos que se presentaron a las elecciones generales nos hacen insistir que ningún proyecto de desarrollo puede sostenerse sobre la indiferencia hacia quienes viven en condiciones de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad. Pues, asumir un gobierno es pensar en todos, crear políticas de largo aliento para que los recursos públicos puedan orientarse, prioritariamente, al acceso universal a la salud, la educación, el agua, el empleo y el trabajo, así como a la vivienda digna y a enfrentar las condiciones ambientales naturales que amenazan regularmente la vida de los peruanos. La verdadera ética de las propuestas políticas tendría que mostrarse en la capacidad de garantizar bienestar y dignidad para toda la ciudadanía, sin discriminación ni olvido.
Es así que, en el Núcleo Temático de Políticas Públicas (NTPP) del Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS), nos pareció sumamente acertado el llamado Harambee (palabra suajili de Kenia) que significa “trabajar juntos para unir una sociedad dividida”, lema con el que la Federación Internacional del Trabajo Social inauguró el día mundial del Trabajo Social 2026, para visionar un horizonte ético y político que inspire nuestras acciones; si queremos convivencia, nadie puede quedar fuera, aun cuando en el Perú acciones de este tipo se ven lejanas y muchas veces son consideradas accesorias a las políticas de crecimiento económico, con mayor razón si tomamos en cuenta la fragmentación que vivimos como sociedad.
En marzo de este año, con motivo del Día Mundial del Trabajo Social, las escuelas y facultades de Trabajo Social del Perú elaboraron un análisis de las propuestas en materia de políticas públicas y sociales presentadas por las treinta seis agrupaciones políticas con miras a las elecciones generales de 2026, con las que se definirá el gobierno del país para los próximos cinco años. El resultado de este esfuerzo colectivo fue el documento titulado “Nota técnica sobre los planes de gobierno y sus propuestas sociales en el marco de la agenda global del Trabajo Social y las próximas elecciones generales 2026 en el Perú”[2].
Consideramos que este documento técnico constituye una valiosa contribución de la academia al conocimiento y al debate sobre las políticas sociales en el contexto electoral. En él se sistematizan y describen las propuestas incluidas en los planes de gobierno de los partidos políticos, tarea que resulta especialmente relevante ante la gran cantidad de organizaciones participantes y la dificultad de dar seguimiento detallado a cada una de ellas.
Este trabajo conjunto de las escuelas y facultades de Trabajo Social representa un aporte significativo a la defensa del Estado de derecho, la promoción de la participación ciudadana y la construcción de una paz con justicia social. En un momento decisivo para el futuro del país, la academia reafirma así su compromiso con el análisis crítico y la incidencia en las políticas públicas, fortaleciendo el papel del trabajo social como actor clave en la transformación social. En el documento se señala que:
“(El informe) tiene como objetivo analizar las propuestas de las 36 organizaciones políticas que postulan a las elecciones presidenciales de Perú en 2026. Este análisis se realiza desde una perspectiva académica y profesional, utilizando una metodología de codificación analítica para evaluar la coherencia de los planes de gobierno con los estándares internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible en el marco de la agenda global del Trabajo Social. El informe no evalúa la viabilidad electoral, sino la solidez programática de las propuestas de políticas públicas y de protección social, así como el enfoque de derechos de cada agrupación”[3].
Por la importancia de dicho documento técnico, el Núcleo Temático de Políticas Públicas (NTPP) del CELATS asumió la tarea de revisarlo con el propósito de abrir una reflexión sobre el papel del Trabajo Social en las condiciones adversas que atraviesan las políticas públicas y sociales en el país. En particular, porque los planes de gobierno presentados para las elecciones de 2026 evidencian vacíos significativos en materia de política social. Resultado de ello, es el artículo presente.
La revisión realizada por el NTPP busca ofrecer a los profesionales de Trabajo Social una mirada en perspectiva: observar que nuestra labor no se limita al ámbito asistencial y promotor, sino que también implica incidencia política, capacidad de análisis y posicionamiento frente a las decisiones que afectan la vida de la ciudadanía. En este sentido, resulta indispensable preguntarnos dónde nos ubicamos en el entramado de las políticas sociales, para reafirmar que el Trabajo Social propone y defiende la inclusión, el fortalecimiento de valores y competencias para la convivencia ciudadana, y la resolución de problemas sociales desde un abordaje integral.
Las integrantes del NTPP consideramos que el aporte de las escuelas y facultades de Trabajo Social constituye una excelente oportunidad para invitarnos, como comunidad profesional, a pensar nuestro rol político y estratégico dentro de las políticas sociales. Esta reflexión es el punto de partida para la revisión que presentamos a continuación, en la que buscamos contribuir al debate público y fortalecer la voz del trabajo social en la construcción de un país más justo e inclusivo.
Análisis de las propuestas de los partidos políticos desde el enfoque de derechos
El sistema político muestra una fragmentación programática profunda. Solo un grupo reducido de partidos presenta coherencia en el enfoque de derechos. Lo que predomina:
- El asistencialismo, sin visión de desarrollo, aprendizaje y crecimiento humano.
- La debilidad técnica, por la poca profundización y superficialidad con que se tratan los temas sociales.
- La falta de articulación intersectorial, que muestra la fragmentación de la visión de desarrollo que tienen los partidos políticos en el país.
El problema no es solo la carencia de propuestas de los partidos políticos, sino la ausencia de una visión integral de bienestar y justicia social. El análisis evidencia que el desafío hacia el 2026 no es únicamente programático, sino ético y político, que se piense en las personas y su bienestar. Esto pasa por integrar políticas desde un enfoque transversal que conecte lo Interseccional, Territorial, Medioambiental e Intergeneracional, algo que los políticos y sus técnicos no toman en cuenta, aunque el desarrollo del país lo exige:
“Los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las personas, su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común y se traducen en formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que todos los involucrados deben demostrar en la dinámica diaria de la intervención social, con el fin de generar una sociedad más justa, inclusiva y equitativa para todos”[4]
Se trata asimismo de trascender el asistencialismo hacia sistemas universales de atención que no se base en una concepción de beneficiarios (personas con necesidades no cubiertas), expuestos al clientelismo, sino a titulares de derechos (Personas con derechos exigibles que generan obligaciones al Estado), para reconstruir lazos de integración desde la reciprocidad, identidad y pertenencia y fortalecer las relaciones: responsabilidad con el otro, como parte de la convivencia ciudadana.
Relación con el quehacer el trabajo social
Aquí podemos conectar cada hallazgo con el rol del Trabajo Social:
- Educación y salud: El informe muestra la ausencia de propuestas integrales de los distintos partidos políticos. Para Trabajo Social, esto significa que la intervención comunitaria y la articulación intersectorial se verían debilitadas o no tomadas en cuenta. El reto es promover políticas universales que reconozcan la salud y la educación como derechos, abandonando la idea de que son meramente servicios.
- Empleo digno: El predominio de propuestas retóricas exige al Trabajo Social pensar la formalización laboral donde la participación de los trabajadores también se manifieste y la protección de derechos como estrategia contra la desigualdad.
- Cuidados y envejecimiento: El hecho que un creciente sector de población como los adultos mayores no se hayan visibilizado en los planes de gobierno, ni se haya considerado la conveniencia de un sistema nacional de cuidados, orientan al Trabajo Social a posicionar la corresponsabilidad social y estatal como eje central del bienestar.
- Discapacidad: La ausencia de propuestas revela un enfoque asistencialista. El Trabajo Social tiene que promover la transición hacia un modelo de derechos, con accesibilidad, inclusión laboral y vida independiente.
- Mujeres y género: Los riesgos de retrocesos en derechos llevan al Trabajo Social a ser un actor vigilante y propositivo en la defensa de la equidad de género y la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer.
Aporte analítico y prospectivo
El documento muestra una realidad del espectro político nacional: la ausencia de propuestas o la debilidad de las mismas alrededor de las necesidades y demandas sociales. Podría enriquecerse con un análisis que considere los efectos de mantener este tipo de propuestas a futuro, si los decisores de políticas no consideran el ámbito social en su justa importancia y como digno de atención. Si estas carencias persisten a nivel de las políticas, acortar las brechas de desigualdad se convierte en un esfuerzo aislado y limitado, sin mayores posibilidades de cambio, ya que:
- Los planes asistencialistas mantienen la dependencia y no generan autonomía.
- La poca importancia al sistema de cuidados mantiene la sobrecarga en las mujeres y profundiza las desigualdades de género.
- La salud mental a la deriva incrementa los riesgos psicosociales y debilita la cohesión social.
- La invisibilización de los pueblos indígenas y migrantes, reproduce la exclusión histórica y vulnera los derechos colectivos, muestra a su vez, las asimetrías existentes en las relaciones ante lo diverso, la diferencia y la variedad.
El trabajo social, en este escenario, no puede descuidar el papel que históricamente ha ido construyendo en la sociedad y hoy es globalmente reconocido:
“El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas…Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar”[5].
En ese sentido, le correspondería un papel más activo y de incidencia pública que comprometa sus conocimientos y experiencias profesionales, ya que se trata de un momento importante en la vida democrática del país en el que se juega el destino de los ciudadanos y ciudadanas. Se trata de poner en valor el acervo académico, ético-político y profesional del Trabajo Social:
- Vigilar y denunciar vacíos programáticos.
- Proponer políticas universales que integren protección social, cuidados y derechos.
- Articular actores sociales para que las demandas ciudadanas se traduzcan en políticas públicas efectivas.
- Defender la dignidad humana como principio ético-político frente a enfoques restrictivos o regresivos.
Conclusiones
El informe evidencia una alta heterogeneidad programática entre los partidos políticos. La mayoría de las propuestas son declarativas y carecen de señalamiento de mecanismos técnicos, indicadores y financiamiento, lo que limitaría su capacidad de implementación. Solo un grupo reducido de partidos presenta propuestas explícitas y coherentes, alineadas con estándares internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible.
- Principales vacíos identificados en los planes de gobierno:
- Asistencialismo predominante: La lucha contra la pobreza se reduce a transferencias económicas, sin considerar causas estructurales.
- Invisibilización de grupos en situación de vulnerabilidad: Personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas y población migrante están ausentes de la mayoría de los planes.
- Debilidad en salud mental y cuidados: La salud emocional y la institucionalización de un sistema nacional de cuidados son temas críticos que ya vienen discutiéndose y sin embargo, no son considerados para ser abordados en su real magnitud.
- Retrocesos en género y derechos: Persisten riesgos en derechos sexuales y reproductivos, por las propuestas restrictivas de los partidos conservadores.
- Fragmentación intersectorial: Educación, salud, empleo y protección social se tratan de manera aislada, sin articulación territorial ni enfoque integral.
- Implicancias para el Trabajo Social
La información muestra que la mayoría de los partidos políticos aún no logra traducir sus propuestas en políticas públicas sólidas y universales. Se aprecia una gran diversificación de partidos de reciente creación, así como la aparición masiva de grupos políticos que no han profundizado en estas problemáticas, pero también la presencia de partido antiguos que no muestran en sus planes una conciencia social lo suficientemente comprometida con la erradicación de la desigualdad y la pobreza. El Trabajo Social, con su rol ético-político y técnico, se convierte en un actor estratégico para vigilar, denunciar y proponer políticas inclusivas que garanticen derechos, reduzcan desigualdades y fortalezcan la cohesión social en el Perú. Asimismo, los desafíos hacia el 2026 no son únicamente económicos, sino profundamente éticos, sociales y ambientales.
- Riesgo de perpetuar desigualdades: La ausencia de políticas estructurales refuerza exclusiones históricas y vulnerabilidades sociales.
- Debilidad democrática: La falta de propuestas sólidas en transparencia y gobernanza amenaza la cohesión social y la confianza ciudadana.
- Impacto intergeneracional: La invisibilización de la infancia, juventud y adultos mayores compromete el curso de vida y la sostenibilidad social.
- Desafíos éticos y sociales: El reto para 2026 no es solo económico, sino garantizar dignidad humana, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.
c. Aportes estratégicos que puede promover el Trabajo Social
- Defensa del enfoque de derechos: Posicionar salud, educación, empleo y cuidados como derechos universales, no como asistencias.
- Institucionalización de los cuidados: tal como lo señala el documento técnico, es el momento de avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados.
- Inclusión de grupos vulnerables: Visibilizar y garantizar derechos de personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas, migrantes y población LGTBIQ+.
- Articulación intersectorial y territorial: Fortalecer las redes sociales para integrar políticas sociales con enfoque de curso de vida y justicia ambiental en los diversos territorios.
- Fortalecimiento democrático: Promover transparencia, participación ciudadana y vigilancia social para garantizar gobernanza inclusiva.
- Ética del Trabajo Social: Colocar la dignidad humana como principio rector de las políticas públicas, frente a enfoques asistencialistas o restrictivos.
El documento técnico de las escuelas y facultades de Trabajo Social del Perú revisado tiene un adecuado corolario en su presentación que corresponde destacar con respecto a las propuestas del Trabajo Social a la política pública social y la protección social. Esta mirada académica resulta fundamental porque desde los vacíos existentes en los planes de gobierno es posible dirigir la mirada hacia los retos que el próximo gobierno debería enfrentar, muchos de los cuales no han sido abordados con la profundidad necesaria. Por su validez, aquí presentamos un resumen de ese acápite del documento técnico de las escuelas y facultades de Trabajo Social:
Aporte del trabajo social a la política pública social y la protección social
El trabajo social[6] aporta un rol ético-político y técnico fundamental en la intervención social, vigilancia social y el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que articulan protección social e inclusión financiera, mediante procesos de acompañamiento, fortalecimiento de capacidades y articulación territorial, promoviendo oportunidades de desarrollo humano sostenible y equitativo. Busca llamar la atención de los decisores de políticas sobre:
- Articulación de actores: promover la unidad y responsabilidad colectiva a través de filosofías como el Harambee (apoyo mutuo).
- Defensa del enfoque de derechos y género: reconocer como condiciones indispensables para el bienestar y el ejercicio efectivo de la ciudadanía el acceso a alimentación adecuada, vivienda digna, agua y saneamiento, educación, salud, participación social y la erradicación de todas las formas de violencia. En este marco, las políticas públicas de protección social orientadas a la reducción de desigualdades y violencias de género requieren incorporar estrategias de inclusión y educación financiera, así como instrumentos como las microfinanzas —ahorro, microcrédito y microseguros—, con el propósito de ampliar y consolidar las autonomías económicas y sociales.
- Propuesta de sistemas universales: transitar hacia un Sistema Nacional de Protección Social Universal y de Cuidados, articulado y financiado, que supere la fragmentación actual.
- La vigilancia pública y la incidencia ciudadana, analizar técnicamente las políticas públicas, sociales y de protección social, evaluando su coherencia y su alineamiento con los marcos nacionales e internacionales; la promoción de un debate público informado que convoque a la academia, a los actores políticos y a la ciudadanía para fortalecer una participación responsable; la identificación de riesgos democráticos que permitan denunciar propuestas que relativicen derechos humanos, impulsen enfoques punitivos sin garantías o impliquen retrocesos en derechos sexuales y reproductivos; y la exigencia firme de que los compromisos internacionales y regionales se concreten en políticas públicas medibles y financiadas, asegurando que el desarrollo del país no se limite al crecimiento económico, sino que sea profundamente humano, justo y sostenible.
Reflexión final
Apreciamos el trabajo realizado por las escuelas y facultades de Trabajo Social del Perú, ya que ha sido la base para la revisión del papel del Trabajo Social que aporta el Núcleo Temático de Políticas Públicas del CELATS. Constituye un esfuerzo conjunto que reafirma la importancia de situar al Trabajo Social en el centro del debate sobre las políticas públicas. Este diálogo entre academia y práctica profesional nos recuerda que nuestra labor no se limita al acompañamiento asistencial, sino que también implica incidencia política, reflexión crítica y compromiso ético con la vida digna de las personas. Desde esta perspectiva, invitamos al colectivo profesional de trabajo social a continuar fortaleciendo su voz en la construcción de políticas sociales inclusivas, participativas y orientadas a la justicia social, como parte de un horizonte colectivo para el futuro del país y de nuestra región.
- Este artículo ha sido elaborado con apoyo en la revisión de textos y expresa plenamente la preocupación de las integrantes del Núcleo Temático de Política Públicas (NTPP) del CELATS por la vida digna y el ejercicio de los derechos en el país; a propósito de los planes de gobierno presentados por las agrupaciones políticas en el contexto de las Elecciones Generales 2026. Mayo 2026. ↑
- Documento elaborado por: Sección de Trabajo Social del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Católica de Santa María, Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano, Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú y Comité Peruano de Bienestar Social. ↑
- Documento técnico mencionado. ↑
- MINEDU Perú, 2016 ↑
- DEFINICIÓN GLOBAL DEL TRABAJO SOCIAL. Federación Internacional de trabajo social – FITS ↑
- Documento técnico mencionado.
