País Vasco
He de comenzar mencionando que trabajo en una asociación que presta asesoría y acompañamiento a mujeres migradas que residen en San Sebastián, al norte de España[1]. Fundamentalmente, a aquellas que trabajan cuidando a personas mayores como “internas” (que en Perú sería cama adentro). Acompañamos los procesos de homologación de estudios y de formación, con el objetivo de que continúen su aprendizaje a lo largo de la vida y puedan trabajar en otras actividades laborales.
España, es uno de los países que tiene población procedente de países como Perú. En el caso de las mujeres, un buen porcentaje de ellas se dedica al trabajo doméstico y al de cuidados de personas mayores y menores. En este sentido, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) informaban que, en diciembre de 2019, existían 580.500 personas en la rama de actividad de hogares como empleadores, de las que 319.000 estaban de alta en el Sistema Especial de Seguridad Social de empleadas de hogar. Definitivamente, no podemos olvidar de una parte de la economía sumergida en este sector: la persona empleadora que tiene en casa a una persona sin autorización de trabajo o la trabajadora que no está de alta en la Seguridad Social, como menciona Isabel Otxoa[2]
Previo a este contexto de alarma sanitaria, desde diferentes organizaciones de trabajadoras del hogar y de cuidados (a nivel estatal y provincial), se propusieron determinadas reivindicaciones para este colectivo. Se exigía al gobierno español que pusiera todos los medios necesarios para terminar con la discriminación del sector, que se cumplan todos los derechos reconocidos en las leyes, así como, la autorización de residencia por trabajo a las mujeres migradas que trabajan en el hogar y cuidados, de todo el territorio español[3].
En este contexto de pandemia, que, por supuesto es una crisis de cuidados, el Gobierno de España ha lanzado una serie de medidas -para paliar los efectos-, destinadas a las personas y colectivos más vulnerables. Sin embargo, esta situación pone en evidencia la precariedad del empleo del hogar. Asimismo, nos encontramos que a miles de mujeres les han suspendido el contrato, las han despedido o la persona que las contrató ha fallecido, por lo tanto, se han quedado sin prestación para el desempleo.
En el caso de las mujeres “internas”, esta situación conlleva sobrecargas de trabajo, incluso, las familias empleadoras les han obligado a permanecer en el domicilio, privadas de su libertad, para que de esta manera se evite el contagio a las personas mayores que cuidan. Condiciones inaceptables que vulneran sus derechos como personas y trabajadoras. Como muestra de ello, una empleada de hogar interna nos comentó que desde el día que dieron la orden del confinamiento, los hijos de la mujer mayor que cuida le dijeron que no saldría para que no contagie a su madre. Una de las veces que la llamé me preguntó ¿cómo están las calles, hay gente? De igual manera, otra mujer que también realiza estas tareas de cuidado, que solamente sale el sábado en el día y regresa a dormir, me comentó:“No sé hasta cuándo podré aguantar este encierro”. Ambas han aceptado esas duras condiciones laborales, porque no les queda otra opción.
Como menciona Isabel Otxoa, existe un número importante de trabajadoras -cantidad que no conocemos- quienes no tienen permiso de trabajo y de residencia, que están atendiendo a personas mayores y si se quedan sin empleo, no podrán conseguir otro y tampoco, accederán a las prestaciones. Igualmente, no podrán transitar libremente, porque se exponen a la apertura de expedientes de expulsión. Por ello, tanto la falta de reconocimiento y de protección, generan angustia y sufrimiento a estas mujeres, puntualiza Otxoa.
De igual modo, desde diferentes organizaciones sociales, colectivos, plataformas y redes feministas se están proponiendo espacios de interlocución con el gobierno, porque detrás de esta pandemia existe una crisis de los cuidados. Manifiestan que “es el momento de dar una respuesta efectiva ante esta crisis sociosanitaria de manera coordinada y junto a las activistas y agentes que conocen de cerca estas realidades, quienes mantienen la sociedad y la vida y tienen capacidad de organizar a la sociedad civil desde las bases”.[4]
Desde nuestra asociación, en este contexto, estamos realizando un trabajo de escucha activa, que permita conocer de cerca cómo afecta esta situación a las mujeres migradas, a nivel personal y laboral. De igual manera, canalizamos las demandas de aquellas que cuidan la vida de las personas mayores -trabajo de vital importancia-, a otras organizaciones e instituciones públicas, con quienes trabajamos de manera coordinada.
Estamos seguras que esta situación marcará un antes y un después en nuestras vidas como mujeres, trabajadoras y profesionales. Asimismo, constituye una oportunidad para repensar -de manera individual y colectiva-: acerca del tipo de vida que sea vivible y las prioridades que le damos a la misma; cuestionarnos los privilegios que tenemos; pensar qué podemos y debemos reivindicar como personas, profesionales y como colectivo a nivel local y global; qué podemos aportar para construir un barrio, una sociedad y una aldea global, donde no exista un “nosotras/os” y las/os “otras/os”, sino, que interesen todas y cada una de las personas…En definitiva, valorar la importancia de poner en el centro la vida. 14 de abril de 2020.
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[1] Asociación Intercultural Bidez Bide (En euskera significa “haciendo camino”).
[2] Es profesora de Derecho del trabajo, en la Universidad del País Vasco. Trabajadoras de hogar y cuidados: buscando el ángulo desesperadamente. https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/trabajadoras-hogar-cuidados
[3] Comunicado 30 de marzo 2020. Día internacional de las trabajadoras de hogar. #trabajadorashogarconderechosYA
[4] Gessamí Forner. El movimiento feminista vasco crea una mesa técnica para hacer frente a la crisis de cuidados.https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/movimiento-feminista-crea-mesa-tecnica-crisis-cuidados
SORAYA RONQUILLO PEÑA
Trabajadora Social peruana, educadora popular y activista feminista decolonial.
Egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 1987. Tiene experiencia de trabajo con mujeres de comedores populares de Lima, hasta 1999. Desde el año 1999, se trasladó a vivir a España ante el reto de poder trabajar con población migrada y a su vez, dando continuidad a su formación profesional con estudios en igualdad, cooperación al desarrollo e interculturalidad. Paralelamente, ha ejercido como profesora colaboradora honorífica del Grado de Trabajo Social de la Universidad del País Vasco, siendo tutora de alumnas practicantes, así, como del alumnado de Antropología Social. Asimismo, ha trabajado en Programas de Intervención Familiar con menores en situación de riesgo. A partir del año 2009, acompaña -desde la Asociación Intercultural Bidez Bide -, a mujeres migradas de Latinoamérica, en sus procesos personales y colectivos de aprendizajes e itinerarios de formación. De igual manera, gestiona proyectos de educación para el desarrollo y es responsable del equipo interdisciplinario, que produce medios audiovisuales sobre realidades migratorias transnacionales. Actualmente, estudia el 4to año del Grado de Antropología Social, en la Universidad del País Vasco.
