Latinoamérica
“Esta crisis no es por el coronavirus: esta crisis es resultado de la mercantilización de los espacios de lo público, de lo común y de lo solidario. De estados desentendidos frente a sus responsabilidades en la reproducción social.” (Natalia Quiroga Diaz, 2020:1)
La Red Latinoamericana de docentes y profesionales de Trabajo Social que se desempeñan en el Campo Gerontológico expresa su solidaridad con toda Latinoamérica ante la pandemia del COVID-19 que azota a nivel mundial. Y, al mismo, tiempo se afirma en la crítica y propuesta respecto de los sistemas socioeconómicos y de salud – programas y servicios públicos – en todos los países de nuestra región. Esta situación de emergencia afecta de forma significativa – y grave – a las personas mayores, personas con discapacidades, personas en situación de calle, entre otros ciudadanos/as que se encuentran en contexto de vulnerabilidad y exclusión social. Resulta necesario que los Estados tomen acciones asertivas e integrales de prevención y control para todos, todas y todes, en las que la preservación de la vida opere como directriz democratizadora.
No obstante, la toma de decisiones en contexto de crisis será prioritaria junto a otras cuestiones que nos interesa plantear colectivamente. Nuestra América se enfrenta a un tiempo que invita a la revisión de los modos organizativos en el orden personal, familiar, comunitario y social. El lugar en que se colocan las necesidades de consumo superficial estalla frente a las situaciones límite en que nos coloca la pandemia. Esto supone la emergencia de cambios a nivel de las estrategias de producción de la riqueza, distribución de la misma, configuración de políticas sociales con pretensión de integralidad y con relevante impacto para toda la ciudadanía. La producción de la política, necesita sustentarse en las ideas de que todos, más allá de su edad, etnia, o situación socioeconómica son personas, con relaciones que los instalan como sujetos de derechos, de deseos, y como productores de lazo social. En ese sentido, es necesario que irrumpa – de manera exponencial – la universalidad de la salud como derecho fundamental. Se trata de un cambio que deseamos ponga a la justicia social como su base fundacional.
En relación a las vejeces y sus protagonistas, esta Red manifiesta repudio contra todo tipo de acto discriminatorio por edad, tal como se ha venido observando – principalmente – en los países de Europa, al minimizar el valor de la vida de las personas mayores así como su muerte. En ese sentido, la afectación y gravedad del COVID-19 hacia las personas mayores, no tiene que ver sólo con una cuestión biológica (por predominio de enfermedades crónicas, entre otras razones), sino -sobre todo- con una cuestión social y política. Enfatizamos que las personas mayores son tributarios de derechos, y los mismos deben ser ejercidos. Destacamos especialmente, el derecho a la vida, a la enunciación y al ejercicio de autonomía.
En esa misma línea, esta Red asevera la relevancia de que los mensajes de los medios de comunicación así como de los programas y servicios del Estado en relación a los cuidados de las personas mayores, no solo sean dirigidos a los familiares, sino también -y sobre todo- a las mismas personas mayores, como protagonistas de su vida y su salud. Al no dirigirse a ellas se refuerza el prejuicio de “pasividad” relacionada a la vejez, el cual es uno de los más arraigados viejismos. Rechazamos todo tipo de lenguaje que infantilice, desvalorice y violente a los viejos y las viejas. Esta situación de crisis también nos permite tener la oportunidad de generar cambios de paradigmas respecto de las vejeces a nivel mundial, y en particular, en nuestra región.
Reconocemos en este contexto el gran valor de los cuidados para todos y por parte de todos. En ese sentido, hacemos el llamado a construir espacios de cuidados en las comunidades y barrios; así como deconstruir la imagen femenina arraigada a su ejercicio. Las prácticas de cuidado no distinguen género, por lo que todos y todas podemos ejercerlas. Finalmente, enfatizamos que el cuidado también es un acto político, y es deber de los gobiernos así como de todos los ciudadanos/as promoverlo y ejercerlo con base en los principios de interculturalidad y de intergeneracionalidad.
