La participación social de las personas adultas mayores

Perú

Desafíos que enfrenta la sociedad civil

Las políticas públicas serán con participación ciudadana o no serán

“Cuando se ha comprendido lo que es la condición de los viejos -de las viejas- no es posible conformarse con reclamar una “política de la vejez” más generosa, un aumento de las pensiones, alojamientos sanos, ocios organizados. Todo el sistema es lo que está en juego y la reivindicación no puede sino ser radical: cambiar la vida.

(Simone de Beauvoir, 1983, p. 642)

Introducción

Nos encontramos en un proceso de envejecimiento demográfico a nivel mundial desde hace ya más de cuatro tres décadas, y actualmente este fenómeno se está desarrollando con mayor celeridad en Latinoamérica, trayendo consigo un cambio irreversible en la estructura de edades a nivel de todos los países de nuestra región, siendo cada vez más ancha la cúspide de dicha pirámide, conformada por personas de 60 años a más (Bárcena, 2018, pp. 11-12). Por su parte, el Perú se encuentra en un proceso de envejecimiento poblacional moderado junto con otros países de la región caracterizados por sus altos brechas de desigualdad social, siendo el 12.4% de la población total del país conformado por personas adultas mayores (INEI, 2020, p. 1).

De acuerdo a Dabove (2013, p. 21), el envejecimiento poblacional, así como el aumento de la esperanza de vida son algunos de esos nuevos hechos, resultantes de la compleja y sorprendente realidad, que instala, en tanto “novedad”, preguntas, problemas y desafíos asociativos y distributivos, frente a los cuales las respuestas sedimentadas y hegemónicas en el presente, que se originan en el siglo XIX, ya no funcionan de manera consistente. En ese sentido, la autora señala que, en la actual era de la globalización-marginación, la vejez en su amplia diversidad le plantea a la Política Pública y al Derecho nuevas cuestiones, y le muestra, al propio tiempo, su estrechez.

Es por ello que, en esta era de gran globalización que, a su vez ha conllevado -a palabras de Dabove- a una gran marginación social, es sumamente relevante analizar los desafíos presentes en los procesos de resistencia e incidencia política por parte de organizaciones de sociedad civil en relación a las políticas públicas y servicios para las personas adultas mayores, bajo la lógica de que sean para ellas sino con ellas; es decir, con su participación en tanto ciudadanas y ciudadanos, sujetos de derechos. Cabe mencionar que, la necesidad de un análisis crítico al respecto se hace aun mayor en el presente contexto de pandemia mundial por el COVID-19, en el que han salido a relieve las situaciones de múltiple discriminación y exclusión social hacia los viejos y las viejas[1] por el hecho de su edad, así como una serie de condicionantes que los sitúan en situaciones de vulnerabilidad; hecho ocurrido en distintas sociedades del mundo como la nuestra.

La cuestión social de las vejeces en Perú

Dabove (2018, p. 64) afirma que, en una sociedad cada vez más acelerada e inmersa de narrativas y prácticas viejistas[2], suele ser habitual que se consideren obsoletos los saberes de las y los mayores, que su memoria y sus recuerdos dejen de ser considerados útiles tanto en la esfera pública como privada, o bien, que se estimen agotadas sus posibilidades de aprender y adaptarse a los nuevos tiempos[3]. En consecuencia, la autora afirma que se incrementa la incomunicación entre las generaciones, se profundiza el sentido de aislamiento en las personas adultas mayores, y se potencian los riesgos de que sufran situaciones de abandono, abuso y maltrato[4].

En el Perú existen grandes brechas de desigualdad en relación a las personas adultas mayores, brechas que se manifiestan tangiblemente con el limitado, nulo o no adecuado -en tanto sujetos de derechos- acceso a servicios de protección social, situándolas en situaciones de desprotección o, por otro lado, de sobreprotección; los mismos que vulneran su pleno ejercicio de derechos. El INEI (2020, pp. 2 -20) muestra brechas en relación al acceso a servicios de salud, seguridad social, y educación, siendo estas mayores en las mujeres; y, del mismo modo, el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2019) evidencia altos índices de violencia familiar, institucional y social hacia este grupo etario, haciendo énfasis en que en la sociedad y las familias, las desigualdades de género y vejez se agudizan en esta población por la dependencia económica de las mujeres, quienes carecen de pensiones, ingresos, rentas y trabajos remunerados (2019, quinto párrafo).

Dabove (2018, p. 40) señala que el derecho actual fue diseñado para una realidad poblacional muy distinta a la que se nos presenta y aún no se ha generado las adaptaciones que requiere el mundo multigeneracional[5]. Las personas adultas mayores de hoy y quienes lo serán en el futuro tienen una serie de características que demuestran la importancia de visibilizar y respetar su unicidad y gran diversidad como colectivo (Dabove, conferencia virtual, 2020); por eso precisamente, la denominación pluralizada del término vejez a “vejeces”, presentado por M. Lavile ´Epinay (1999, citada por Ludi et.al, 2012, p. 28) tiene mucho sentido simbólico.

Nos encontramos aún con grandes desafíos en términos de reconocimiento de derechos de las vejeces en nuestro país porque aún persisten políticas focalizadas que parten de las carencias y no universales que partan de las potencialidades, como plantea Béjar (2011, p. 265), agudizando las múltiples discriminaciones y exclusiones. Por eso hablamos de la cuestión social de las vejeces que, como bien afirma Rozas (2018, p. 45) es la conglomeración de desigualdades sociales que forman parte de la lógica del funcionamiento en todas las esferas de la vida social producto de la pobreza y precariedad estructural de los sistemas de salud y de protección social.

Las organizaciones de sociedad civil frente a la estructural invisibilidad y grandes brechas de desigualdad en las vejeces

Si bien es cierto, a pesar de la persistencia de políticas públicas sin un abordaje integral y universal, podemos decir que hay un avance en términos de reconocimiento normativo de derechos de las personas adultas mayores; sin embargo, aún es necesario un reconocimiento real -transversalizado en el día a día- de estos derechos. En ese sentido, será sumamente importante que tanto para la construcción de políticas y directivas, así como para su seguimiento y evaluación se cuente con la participación activa de la sociedad civil que, a palabras de Béjar (2011, p. 26) representa la concepción de la población como sujeto, agente portador de políticas y participante en las decisiones.

En el Perú existen organizaciones de la sociedad civil que desarrollan acciones de incidencia política respecto de la agenda pública de la población adulta mayor, algunas con trayectoria de más de treinta años y otras más recientes. Son conformadas por personas de este grupo etario, así como por agrupaciones de personas de otras edades que se desarrollan en el campo gerontológico. Y, como bien señala Pérez (2009, p. 16), son caracterizados por sus espacios plurales y diversos, así como su autogestión, autonomía e independencia del Estado. Las organizaciones de sociedad civil que bregan por los derechos de las personas adultas mayores, así como otras, son espacios que cuestionan y hacen frente a cualquier norma o decisión que no haya tenido su origen o rectificación en y con ellas mismos.

Asimismo, tienen el objetivo de visibilizar las problemáticas de la población adulta mayor en su gran diversidad que, han sido estructuralmente invisibilizadas y/o sesgadas por una serie de estereotipos y prejuicios. Cabe mencionar que, la principal agenda que se tiene actualmente es la de la aprobación de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuyo proceso se encuentra paralizado en el Congreso de la República. Las organizaciones de sociedad civil vienen realizando incidencia al respecto desde el 2016. Cada vez se llega a visibilizar el tema por más funcionarios políticos y congresistas. En la presente legislación ya se ha logrado que se aborde la situación de la Convención en mención en la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad del Congreso. Esta Convención es un instrumento jurídico vinculante que garantizaría la implementación de lineamientos para un mayor reconocimiento de derechos de las personas adultas mayores.

Desde su accionar no tratan de llegar al “poder”, sino de luchar porque el poder del Estado sea participativo. Estas organizaciones buscan empoderarse con información en relación a su agenda pública y hacerla visible de manera crítica; buscan además erradicar prácticas paternalistas, asistencialistas e infantilistas hacia las personas adultas mayores por parte del Estado, así como de la sociedad en general. Su consigna es visibilizar, cuestionar y proponer. Estas organizaciones buscan promover la participación en clave de ejercicio de esta práctica como derecho humano, como necesidad exigible, que, de acuerdo a Alguacil (2008, p. 5), para ser satisfecha adecuadamente debe tener, ser, hacer y relacionar en un proceso recurrente e inagotable capaz de transformar, reflexionar, implicar, articular, construir, conocer, aprender, comunicar y comunicarse, habilitar, gratificar y exigir en un diálogo horizontal de consenso y disenso abierto y respetuoso a la diversidad.

Desde el paradigma de Derechos Humanos, existe la necesidad de garantizar la representación de las personas adultas mayores en los organismos públicos relacionados a la toma de decisiones de cuestiones que les competen (Padilla, p. 133).

Desafíos en clave de una real participación social de las personas adultas mayores

Con base en la afirmación de Aguacil (2008, pp. 5-6), la participación real de las personas adultas mayores permitiría que ellas accedan y ejerzan el rol de ciudadanía; generando en ellas una apropiación del espacio público de manera compartida, el sentimiento de ser mío, nuestro, sin excluir de él a los otros ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, podemos afirmar que persisten grandes desafíos para su efectiva participación como sociedad civil.

Por ejemplo, la existencia de barreras culturales relacionadas con prejuicios y estereotipos de la vejez se presenta como un obstáculo para el ejercicio de sus derechos, destacándose también la ausencia de educación para la vejez, ya sea en un ámbito formal o informal (Padilla, 2017, p. 128). No existe un reconocimiento intergeneracional de las vejeces, e incluso hay muchas personas adultas mayores -sobre todo hombres- que no se reconocen como tal y terminan siendo cómplices de viejismos. El viejismo en sus múltiples manifestaciones genera limitación del ejercicio de la participación de las personas adultas mayores.

Del mismo modo, las barreras físicas pueden ser grandes obstaculizadores de su participación en tanto existan condiciones funcionales que generan limitación en su movilidad y traslado, requiriendo apoyos de familiares o de cuidadores formales. En ese sentido, los espacios públicos tanto en ámbitos urbanos como rurales deben ser accesibles a la diversidad funcional de las corporalidades para que así los entornos viabilicen la participación de las personas adultas mayores y no lo contrario. Su garantía definitivamente tiene que ver con su un cambio radical de pensar y construir las esferas públicas.

El haber tenido acceso a la educación también es un determinante importante en su participación social; del mismo modo, las condiciones de salud y en esa línea, de morbilidad; así como el acceso a la seguridad social en relación a la autonomía e independencia económica. Y, finalmente, el acceso a uso de las tecnologías de información y comunicación, tan utilizadas ahora más que nunca por el confinamiento. Al respecto, cabe mencionar que, a razón de la existencia de brechas de género, la participación de las mujeres adultas mayores se vería significativamente limitada por las características mencionadas.

Por último, paradojalmente a lo que está planteado por la normativa peruana, son pocos los espacios públicos que promueven la participación activa de la sociedad civil. Muchas personas adultas mayores se han sentido “utilizadas para la foto” cuando han sido convocadas a reuniones por parte de instancias públicas municipales o del Estado, ya que no se les consulta, sino básicamente se les informa, y si bien es cierto, para ellas es muy importante estar informadas el ejercicio de su derecho en estos términos radica sobre a que al contar con información den su opinión y esta sea tomada en cuenta ya sea como crítica y/o propuesta.

A modo de conclusión, las políticas públicas serán con participación ciudadana o no serán

Para que la sociedad reconozca a las personas adultas mayores como sujetos de derechos, ciudadanas y agentes de su vida y todos los procesos que implican la garantía de su bienestar integral y libertad en tanto seres humanos debe haber un cambio de paradigma radical en relación a la vejez y el proceso de envejecimiento. Este cambio de paradigma implicará deconstruir individual y colectivamente la concepción del viejo, de la vieja como personas vivas y vivientes, a palabras de De Beauvoir (1970), y no más como seres pasivos y necesitados de beneficencia y caridad de otros. Este cambio también implicará reconocerse todos y todas como seres envejecientes que de llegar a la vejez desearíamos vivir dignamente y ser tratados con respeto.

Como afirma Padilla (p. 134), es de suma importancia fomentar el sentimiento de formar parte de una colectividad basada en la edad y solidaridad intergeneracional, y la necesidad de continuar trabajando para derribar los estereotipos negativos relacionados con el envejecimiento y la discriminación por edad en la vejez.

¡Construyamos una sociedad para todas las edades, CON todas las edades!

Fuentes de referencia:

Alguacil, J. (2008). Espacio público y espacio político. La ciudad como el lugar para las estrategias de participación. Santiago de Chile: Polis, Revista de la Universidad Bolivariana. Núm. 20.

Béjar, H. (2011). Justicia Social, Política Social. Lima: Achebé Ediciones.

Dabove, M. (2013). Ciudadanía y derechos fundamentales de las personas mayores: De las políticas gerontológicas al derecho de la vejez. Buenos Aires: Revista de la Facultad, Vol. IV N° 1 Nueva Serie II (2013) 19-36.

Dabove, M. (2018). Derecho de la vejez. Fundamentos y alcance. Buenos Aires: Ed. Astrea.

Huenchuan, S. (2018). Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

INEI. (2020). Situación de la Población Adulta Mayor. Informe Técnico N°01 Marzo 2020 Trimestre Octubre-Noviembre-Diciembre 2019.

Ludi, M. (2012). Envejecimiento y espacios grupales. Buenos Aires: Espacio Editorial & Universidad Nacional de Entre Ríos Facultad de Trabajo Social.

Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. (2019). Violencia hacia las personas adultas mayores. Lima: MIMP. Encontrado en: https://observatorioviolencia.pe/violencia-hacia-las-personas-adultas-mayores/

Padilla, M. (2017). La participación y sus derechos. En: Derechos humanos de las personas mayores. Acceso a la justicia y protección internacional (Dabove). Bogotá: Ed. Astrea & Universidad del Rosario.

Pérez, M. (2009). Los Derechos Humanos en la definición de la Política Democrática. Primera Ed. Revista Universidad Metropolitana.

Rozas, M. (2018). La Cuestión Social: su complejidad y dimensiones. Córdoba: Revista digital de Trabajo Social ConCienciaSocial de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Vol. 2. pp. 45- 56.

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[1] De acuerdo a José Yuni (citado por Ludi, 2019, p. 51), al abordar las concepciones y denominaciones de la vejez y los sujetos que son parte de ella es científicamente correcto denominar “viejo o vieja” a razón de que parte, precisamente del concepto “vejez”; y en este caso, sería normativamente correcta la denominación que cada sociedad determine en su marco legal, como en el Perú la Ley N°30490 Ley de la Persona Adulta Mayor denomina en su Artículo 2 “persona adulta mayor” a aquella que tiene 60 o más años de edad, criterio adoptado por las Naciones Unidas. La autora del presente artículo comparte la perspectiva de Yuni. En ese sentido, se utilizarán ambas formas de nombrar al sujeto social de abordaje.

[2] En los años 60 el gerontólogo R. Butler presenta el término ageism o bien, viejismo o edadismo a palabras de Salvarezza con el que conceptualiza los prejuicios y estereotipos negativos sobre la vejez que circulan en el imaginario colectivo dando lugar a prácticas sociales que son lesivas de los derechos y libertades de las personas adultas mayores (Dabove, 2018, p. 40).

[3] Bobbio, De Senectute, p. 15; Ciuro Caldini, Derecho de la ancianidad, “Investigación y Docencia”, n°20, 1992, p. 39; Comparación jusfilosófica del derecho de menores y el derecho de la ancianidad, “Investigación y Docencia”, n°25, 1995, p. 7, y “Derecho de la ancianidad. Nueva especialidad jurídica”, en Dabove (dir.), Derechos humanos de las personas mayores, p. 45 a 65; SAGREGA, El edadismo. Contra “jóvenes” y “viejos”. La discriminación universal. p. 157; DABOVE, Derechos de los ancianos, p. 392 a 394. Citado en Dabove (2018, p. 64).

[4] De Beauvoir, La vejez, p. 261; ALBA, Historia social de la vejez, p. 95; SAGRERA, El edadismo. Contra “jóvenes” y “viejos”. La discriminación universal, p. 157; DABOVE, Derechos de los ancianos, p. 392 a 394. Citado en Dabove (2018, p. 64).

[5] Dabove, Los derechos de los ancianos, p. 103 a 110. Citado en Dabove (2018, p. 40).