Injusticia epistémica y capacidad de agencia en las negociaciones climáticas de las organizaciones indígenas peruanas: desafíos para el trabajo social

Pensamiento crítico-Perú

“La justicia para los pueblos indígenas significa la reparación de siglos de injusticias y el reconocimiento de nuestra sabiduría ancestral.” – Oren Lyons , activista de derechos indígenas y jefe de la Nación Onondaga)

Autora

Josefa, Rojas Pérez, trabajadora social de la PUCP con una Maestría en Gobernanza y Desarrollo en la Universidad de Sussex, Reino Unido y estudios de Doctorado en la Escuela de Ciencias Políticas y Gobierno de la PUCP. Se ha especializado en la agenda social de la gestión de riesgos de desastres y el cambio climático. Es vicepresidenta del CELATS y forma parte del Grupo Temático de Agua, Bosques y Cambio Climático de la misma organización.

Palabras clave: Negociaciones climáticas, conocimientos ancestrales, conocimiento occidental, REDD+ Indígena Amazónica, discriminación, autodeterminación, epistemia plural, políticas climáticas.

Resumen

Este artículo reflexiona sobre cómo la injusticia epistémica afecta la capacidad de agencia de las organizaciones indígenas peruanas en el contexto de las negociaciones climáticas. Se analiza cómo los saberes y testimonios de los pueblos indígenas, especialmente en relación con el cuidado de los ecosistemas, son sistemáticamente deslegitimados por las instituciones públicas y privadas en el ámbito nacional, mientras que en el ámbito global se han logrado algunos avances. En este artículo se analizan los principales hitos de eventos y momentos políticos desde el 2007 hasta el presente y como se produce la discriminación que impide que las organizaciones indígenas participen plenamente en la formación de políticas públicas relacionadas con el cambio climático, a pesar de su experiencia y conocimiento ancestral. Sobre la base de ello se propone que el trabajo social puede intervenir al reconocer y corregir estas injusticias epistémicas, fomentando una epistemia plural y promoviendo que las voces indígenas sean respetadas y valoradas en la toma de decisiones, especialmente por tomadores de decisión, formuladores de políticas públicas o promotores de inversión en territorios indígenas.

1. Introducción

En el marco de las negociaciones climáticas los pueblos indígenas han sido reconocidos por el aporte que hacen a la conservación de los ecosistemas a través de sus conocimientos ancestrales y también como vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Sin embargo, sus logros en la agenda nacional aún son magros. El 55,6% de sus territorios no están titulados y sus organizaciones siguen denunciando el avance de las actividades ilegales y extractivas en sus territorios mientras aumentan las amenazas hacia sus líderes y custodios ambientales.

En este artículo se da a conocer que una de las razones de esta marginalización es la discriminación en contra de los pueblos indígenas como sujeto de conocimiento y de su capacidad de agencia para proponer mejoras en las políticas públicas. El discurso y las políticas de apertura a las inversiones no toman en cuenta la presencia de las comunidades indígenas en el territorio y presentan la Amazonia como “un espacio vacío” contribuyendo desde el mismo Estado a la invisibilización de las comunidades nativas.

El reconocimiento de la capacidad de agencia (influir, participar, proponer) de las organizaciones indígenas tiene diferente tratamiento en el campo internacional. Mientras que en el marco de las negociaciones climáticas se les abre espacios para presentar sus demandas y experiencias, en el territorio nacional estos espacios todavía siguen limitados y restringidos. En ese sentido, la teoría de la injusticia epistémica proporciona el marco adecuado para comprender como opera la discriminación en los discursos, visiones, prácticas y políticas de las instituciones públicas y privadas que terminan marginalizándolos de los procesos de toma de decisiones.

En este artículo se analizarán los principales hitos de eventos y momentos políticos desde el 2007 hasta el presente, incluyendo el Baguazo (2009) y sus repercusiones en la creación del Ministerio de Cultura (2010) y la aprobación de la Ley marco sobre el derecho a la consulta (2011). En momentos más recientes, se destaca la creación de la Plataforma de los Pueblos indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC, 2018).

En el marco de las negociaciones climáticas se reconoce como un hito importante la aprobación de la nota de concepto de la versión indígena de la iniciativa para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) Indígena Amazónica (2024) que les permitiría en el futuro participar en los mercados de carbono regulados que reconocen el valor de sus conocimientos ancestrales, una demanda que las organizaciones indígenas han venido solicitando desde el 2007.

Finalmente, el artículo reflexiona sobre la escasa presencia de los trabajadores sociales en el territorio trabajando con la población indígena. El trabajo social peruano mantiene una presencia importante en el sector salud y en el sector empresarial y bastante centralizada en Lima. En este artículo se aboga por un rol más activo de las y los trabajadores sociales promoviendo una epistemia plural con la población no indígena en los sectores donde tiene mayor presencia. También aboga por el fortalecimiento de la institucionalidad del trabajo social para mejorar su posicionamiento en otras áreas como los gobiernos locales y regionales desde donde se puede contribuir con el fortalecimiento de la capacidad de agencia de las organizaciones indígenas para reducir su marginalización y beneficiarse de las políticas climáticas.

1.1 El problema

En el Perú, se encuentran registradas alrededor de casi 3 millones de personas que se identifican como indígenas andinos y amazónicos. Solo un porcentaje de ellos (495 mil personas) se autoidentifica como pertenecientes a cincuenta naciones o etnias amazónicas como los Ashánincas, Awajún, Shipibo Conibo, Shawi, Kukama, Achuar, Cacataibos y Wampis entre otros (Censo del 2017). De acuerdo con la base de datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura se registraron 3,543 localidades entre comunidades nativas, anexos, caseríos y los asentamientos de población indígena en aislamiento o contacto inicial (PIACI).

Según datos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP,2024) el total de territorio indígena amazónico sería alrededor de 18 millones de hectáreas, aproximadamente el 14% del territorio nacional. Solo el 44.6% de estos asentamientos cuentan con resoluciones de titulación de sus territorios, según la misma fuente y sus territorios se ven amenazados por la expansión de actividades extractivas, el narcotráfico y la tala ilegal. Asimismo, líderes y defensores ambientales indígenas han perdido la vida en la defensa de sus territorios. Parte importante de la problemática, son los niveles de pobreza extrema, y exclusión de los pueblos indígenas.

Según la definición de la UNESCO (2018) los conocimientos ancestrales indígenas, se refieren a las formas de comprender e interpretar y las habilidades desarrolladas por las sociedades con una larga historia de convivir con la naturaleza. Sin embargo, los pueblos indígenas no están representados en la toma de decisiones por tanto no logran influir en políticas nacionales (Byskov & Hyams, 2022; Letelier & Cáceres, 2023; Rosario Carmona*; et al., s. f. Etchart, 2017)

En octubre del 2014 en la Conferencia de la Partes (COP 20) realizada en Lima, las organizaciones indígenas propusieron una agenda de seis puntos para ser incluida en el acuerdo de París. Entre ellas resaltan: a) el reconocimiento de sus derechos colectivos sobre sus territorios; b) el reconocimiento de sus conocimientos ancestrales para enfrentar el cambio climático y c) el reconocimiento del derecho al consentimiento libre, previo e informado en aplicación del Convenio 169 de la OIT y d) suspender las iniciativas del Mecanismo REDD+ y las iniciativas de mercado de carbono en territorios indígenas. Se incluía también una posición clara de los gobiernos frente a la expansión de los monocultivos, biocombustibles, proyectos hidroeléctricos y minería ilegal que tienen impactos negativos sobre sus territorios.

1.2 La injusticia epistémica y la epistemia plural

La capacidad de agencia se puede concebir como una capacidad esencial del ser humano (y de sus colectivos) en su condición de sujetos de conocimiento que contribuyen a construir un acervo de entendimiento e información común para el bien de la sociedad en su conjunto (Fricker, 2015).

Según Miranda Fricker (2007) la injusticia epistémica se refiere a las formas en que las personas y los colectivos pueden ser perjudicadas en su capacidad para conocer, comprender o comunicar conocimientos debido a prejuicios sociales y estructuras de poder en un contexto dado. Fricker, describe dos tipos de injusticia epistémica: la injusticia testimonial que ocurre cuando los prejuicios afectan la credibilidad que se otorga a alguien como portador de conocimiento y no es considerada en serio en su testimonio debido a su género, raza, clase social, etc.

El segundo tipo de injusticia, llamado injusticia hermenéutica, se produce cuando un grupo de personas o colectivos carecen de los recursos hermenéuticos (lingüísticos y conceptuales) necesarios para interpretar y comunicar sus experiencias. La injusticia epistémica no es anecdótica, sino sistémica, es decir se la encuentra dispersa en todo el sistema social por tanto son el resultado de un poder netamente estructural (Pohlhaus, 2017) y puede operar de manera consciente o inconsciente (Byskov & Hyams, 2022; Fürst, 2024; Santamaría, 2023).

En ambos tipos de injusticia existen costos y pérdidas en el resto de la sociedad, por un lado, porque los aportes indígenas no forman parte de la visión país y, por otro lado, porque la población no-indígena no se ve confrontada en sus creencias y prejuicios. La gran valoración que se da al conocimiento occidental como el único validado con la etiqueta de científico ha llevado a que los conocimientos ancestrales sean desvalorizados aun cuando la evidencia sugiere que estos han servido para la adaptación de los pueblos indígenas a través de la historia.

La falta de credibilidad otorgada a las comunidades indígenas y a sus experiencias y conocimientos, por su origen étnico, su estatus socioeconómico, por usar un idioma diferente al predominante castellano, genera una injusticia epistémica de primer orden, que luego conduce a la exclusión de sus organizaciones como interlocutores válidos para la política pública (injusticia epistémica de segundo orden), culminándose con intervenciones, proyectos y programas contraproducentes y carentes de sentido para los pueblos indígenas (injusticia epistémica de tercer orden).

La injusticia epistémica puede ocurrir tanto en los procesos de incidencia política cuando no se reconocen los relatos, palabras, códigos, conceptos que no encuentran traducción y significado en la epistemia dominante, pero también en la vida cotidiana cuando los profesionales y técnicos de los servicios públicos y los programas sociales se interrelacionan imponiendo conceptos y formas occidentales de ver el mundo que no consideran los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas.

¿Es posible revertir la injusticia epistémica? Fricker argumenta que es necesario desarrollar una ética de la virtud epistémica para combatir estas injusticias, fomentando actitudes y prácticas que reconozcan y valoren la diversidad de perspectivas y experiencias, lo que otros autores la denominarían como una epistemia plural (Byskow M. Hyams K. 2022). Una forma de justicia epistémica que las organizaciones indígenas han encontrado es a través de la autodeterminación y la toma de decisiones en su propio territorio (Kosko, 2013).

1.3 Manifestaciones de la injusticia epistémica en el discurso

En mayo del 2023 una encuesta a nivel nacional realizada por el Instituto de Estudios Peruanos encontró que el 72% de los encuestados cree que la crisis política actual que atraviesa el país está vinculada al racismo y la discriminación existente en contra de los pueblos indígenas u originarios y 68% de peruanos cree que los pueblos originarios cuidan los recursos naturales y que su cultura aporta al futuro del país. Los autores de la encuesta sostienen que estos resultados tienen que ver con la crisis política pues da cuenta de una situación de exclusión del sistema político, que no los considera, y de la necesidad de reformar el sistema de representación en el país (IEP, 2023).

La discriminación se ha explicado exhaustivamente en los estudios de la colonización española que develaron a las “encomiendas” como las instituciones extractivas por excelencia que solo buscaban sacar renta a través de la extracción de los recursos naturales sin reconocer los derechos de los habitantes originarios de las Américas. Sin embargo, versiones del discurso todavía se pueden identificar en el presente y tal vez el caso más ilustrativo es el articulo denominado “El síndrome del Perro del Hortelano” (El Comercio, octubre, 2007) y el siguiente párrafo puede ilustrar la percepción de la población indígena:

“Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción. Los ríos que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir energía eléctrica. Hay, además, millones de trabajadores que no existen, aunque hagan labores, pues su trabajo no les sirve para tener seguro social o una pensión más adelante, porque no aportan lo que podrían aportar multiplicando el ahorro nacional”.

Alberto Vergara (Vergara, A. 2021) hizo notar que la palabra más usadas en este articulo fueron “millones”, “inversión”, “hortelano”, “perro”, “recursos” y “hectáreas” y sin alusión a Estado de derecho, democracia, instituciones o representatividad de los ciudadanos. El articulo pone énfasis en los que “se oponen al progreso” y que el principal problema del país es la “propiedad ociosa” que no generan inversión ni dan trabajo y que el futuro del país es “poner en valor los recursos que no utilizamos”.

Asimismo, Arrunátegui, C. (2010) usando las herramientas del Análisis Crítico del Discurso (ACD) pone de manifiesto que las noticias que reportaron el evento han enfatizado sistemáticamente los aspectos negativos del amazónico y ha invisibilizado sus aspectos positivos, ocurriendo lo inverso para el gobierno tomando la forma del cuadrado ideológico, característico de todo discurso ideológico que reproduce la lucha entre el Nosotros y los Otros (Arrunátegui, 2010).

1.4 El discurso discriminatorio como base para justificar la inversión en territorios indígenas

El Baguazo (junio, 2009) se define como un conjunto de acciones de resistencia y lucha de los pueblos amazónicos de la zona norte en respuesta a una serie de decretos legislativos emitidos durante el gobierno de Alan García (2006-2011) que, en conjunto, amenazaban la integridad de los territorios indígenas. La mayoría de estos decretos se dieron entre mayo y junio del 2008 y permitían la inversión privada en territorios indígenas en el marco de las negociaciones del Perú con EE. UU. para la firma de un tratado de libre comercio (TLC).

Los eventos que ocurrieron antes, durante y después del Baguazo tuvieron un impacto importante en el deseo de autodeterminación de los pueblos indígenas, vía la creación de los Gobiernos Territoriales Autónomos (GTA). Como primer resultado, se tiene que, en el 2015, las comunidades Wampis (que totalizan una población aproximada de 15 mil personas), protagonistas del Baguazo, invocaron el reconocimiento internacional de los derechos de los aborígenes y declararon la creación del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis-GTANW (el primero de su clase en Perú), para defender el territorio y los recursos de las crecientes presiones de las industrias extractivas.

Otros resultados del Baguazo fueron la creación del Ministerio de Cultura en julio del 2010 y la aprobación de la Ley Marco del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas -Ley 29785 en el 2011. Ambas políticas estuvieron dirigidas a sentar las bases para institucionalizar el diálogo con los pueblos indígenas en las políticas públicas.

La protesta duró 57 días, hasta que el Gobierno reaccionó con violencia, creando el conflicto subsiguiente, que se haría conocido como “El Baguazo”, con un saldo de 33 muertos (10 indígenas y 23 policías), más de 200 heridos, saqueos y destrucción por toda la región. Tras estos sucesos, se abrieron nueve procesos judiciales, la mayoría de los cuales han sido resueltos. En el año 2016, se condenó a 25 policías por homicidio calificado y lesiones graves. En el año 2018, se dictó la absolución de 53 indígenas acusados por los mismos delitos. La sentencia más reciente se dio en el 2023, cuando se condenó a dos generales de la policía nacional por ocho de las muertes. El Estado peruano fue declarado tercero civilmente responsable de los hechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Baguazo mostró cuatro deficiencias del Estado peruano con los pueblos indígenas, que fueron expresadas por la Defensoría del Pueblo (Defensoría del Pueblo, s. f.; Merino, 2010) en su informe ante el Congreso de la República:

1) El irrespeto al derecho a la consulta previa;

2) la invisibilidad de los pueblos indígenas y la ausencia de una institución estatal dedicada a esta población;

3) La ausencia del diálogo intercultural en el país y

4) La necesidad de un Estado inclusivo y sin discriminación a los pueblos indígenas.

1.5 La REDD Indígena Amazónica. Una oportunidad en las negociaciones climáticas.

En la Conferencia de las Partes (COP), que se realiza cada año, se propusieron hitos muy importantes para las organizaciones indígenas. El primero fue la COP 13 (2007), celebrada en Bali, Indonesia, en la que se aprobó avanzar con la construcción del mecanismo Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques, más conocido como REDD+, a través del cual se reconoció un potencial mercado de carbono en este sector, de gran interés para empresas y organizaciones no gubernamentales conservacionistas, ya que ofrecía la oportunidad de obtener pagos por resultados a proyectos de reforestación y conservación de los bosques como una medida para mitigar los efectos del cambio climático.

Las organizaciones indígenas adoptaron una posición crítica hacia este mecanismo debido a que, en algunas experiencias iniciales en Madre de Dios, empresarios inescrupulosos presentaron proyectos a nombre de las comunidades nativas, dando origen a lo que se conoció como “piratería del carbono”. En el 2010, se inició la preparación de una contrapropuesta enriquecida con la visión indígena, denominada REDD Indígena Amazónica (RIA), que fue lanzada en la COP 17 (2011), en Durban, Sudáfrica, con el apoyo de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

La REDD Indígena Amazónica (RIA) es considerada una propuesta mejorada de REDD+, que incluye el acervo cultural y social de los pueblos indígenas, ejerciendo su derecho de libre determinación. La RIA también reconoce los sistemas económicos y productivos del bosque en pie como una propuesta alternativa al modelo extractivista (plantaciones de monocultivos, petróleo, oro u otros recursos naturales) (AIDESEP, 2024) e incluye un reconocimiento a la jurisdicción indígena, expresada en los Gobiernos Territoriales Autónomos (GTA), cuya primera experiencia se gestó con el pueblo Wampis, participantes en los eventos del Baguazo (2007).

Según la nota de concepto presentada en la COP 29 (2024), en Bakú, Azerbaiyán, la RIA constituye un precedente mundial de una alianza entre las organizaciones indígenas peruanas (AIDESEP, ANECAP y CONAP) y el Estado peruano a través del Ministerio del Ambiente. Si esta nota de concepto sigue su proceso y las organizaciones indígenas logran acreditar ante verificadores internacionales que están protegiendo los bosques amazónicos, estarán en condiciones de recibir pagos por la venta de bonos de carbono que se reducen en sus territorios.

Estos logros muestran la capacidad de agencia de las organizaciones indígenas para convocar asistencia técnica y promover alianzas estratégicas en un entorno altamente especializado como el de las negociaciones climáticas. Su mérito es mayor por su capacidad de articular estas propuestas con un aprendizaje interno de sus propias experiencias en el campo del mercado de carbono.

A pesar de este logro, para las organizaciones indígenas, las negociaciones climáticas no han contribuido al cumplimiento de sus expectativas relacionadas con la titulación de sus territorios, una protección contra el avance de las actividades extractivas y una mayor participación en las decisiones de inversión sobre sus territorios (Reed, 2024).

Línea de tiempo

2007

Discurso del síndrome del perro del hortelano.
Perú vota a favor de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
COP 13: Se aprueba iniciar el mecanismo REDD+.

2009

Baguazo: Decretos Legislativos que amenazan los territorios indígenas.

2010

Creación del MINCUL, ente rector de los pueblos indígenas y originarios.
COP 16: Se aprueban las salvaguardas REDD+ que incluyen los derechos de los PPII.

2011

La Ley Marco del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas (Ley N.º 29785).
COP 17: AIDESEP presenta propuesta RIA con respaldo de la COICA.

2014

COP 20 en Lima, Perú. Primer Pabellón Indígena.
Declaración Carta de Intención Noruega y Alemania (DCI).

2015

Creación del Primer GTA de los Wampis.
COP 21: Acuerdo de París.

2016

Se aprueba la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático.

2018

Ley Marco sobre Cambio Climático (CC).
Plataforma de PPIICCC.

2022

Publicación de la Agenda Grande de los PPII – AIDESEP.

2023

El Estado peruano fue declarado tercero civilmente responsable de los hechos de Bagua por la CIDH.
Octubre: II Encuentro de Autonomías Indígenas convocado por AIDESEP y COICA.

2024

COP 29: AIDESEP presenta la Nota de Concepto de RIA con el apoyo de MINAM.

1.6 El rol del trabajo social en el fortalecimiento de una epistemia plural.

El fortalecimiento de las capacidades para la incidencia política de las organizaciones de base es una función que puede ser desarrollada desde la educación, la promoción social y la investigación aplicada, a fin de mejorar su participación en la toma de decisiones sobre las inversiones y los proyectos que ocurren en el territorio de los pueblos indígenas.

Hay dos limitaciones importantes del trabajo social para lograr este propósito. La primera tiene que ver con la presencia de los profesionales en el territorio. Según el Colegio de Profesionales de Trabajo Social (CPTS), existen alrededor de 13 mil profesionales empadronados, pero este número es difícil de corroborar debido a los conflictos que existen entre las instancias regionales y locales de esta institución. De acuerdo con el estudio realizado por el Grupo de Interés de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Marcos en el 2023, sobre una muestra de 253 profesionales, se reconoce que el 59% trabaja en el sector público, el 20% en el sector privado y el 30% en el sector salud.

Por otro lado, en una presentación realizada por la trabajadora social Judith Flores Torres en el Congreso de la República del Perú, en julio del 2024, se reporta que en el sector salud laboran cerca de dos mil profesionales en diferentes regímenes laborales, y el 49% está ubicada en Lima y otras ciudades como Arequipa (9%) y Puno (7,2%). En la Amazonía, su presencia se reduce al 0,02%. Una presencia creciente de profesionales se da en los gobiernos regionales, en los programas sociales como Qali Warma, Cuna Más y Pensión 65, y en menor medida, en Organizaciones No Gubernamentales de la Amazonía, relacionadas con proyectos de conservación de los ecosistemas y los medios de vida de los pueblos indígenas.

De acuerdo con esta información, se evidencia una presencia mayoritaria de los trabajadores sociales en las ciudades, trabajando con población no indígena. Entonces, surge la interrogante respecto a ¿cómo se puede intervenir en favor de una epistemia plural?

El compromiso del trabajo social con el cambio, y con grupos en situación de vulnerabilidad y pobreza, adjudica a estos profesionales acciones a favor del pluralismo epistemológico, que significa la transmisión de información pertinente, sin prejuicios, y promoviendo el fortalecimiento de las capacidades y saberes ancestrales. Implica, además, compromiso con la interculturalidad y el develamiento de los mecanismos que refuerzan la discriminación consciente e inconsciente hacia los pueblos indígenas. Este trabajo, finalmente, tendrá un impacto más grande en el conjunto de la sociedad peruana.

2. Reflexión crítica, aportes y perspectivas.

Es evidente que una de las barreras que tienen las organizaciones indígenas para la participación en la toma de decisiones es la discriminación existente, la cual se manifiesta de manera estructural en todo el sistema social. El reconocimiento de la discriminación no excluye la existencia de intereses particulares, ya que esta se produce dentro de las relaciones de poder y jerarquía que se legitiman primero a través de los discursos, y después mediante acciones y decisiones.

La teoría de la injusticia epistémica nos señala la lógica de cómo esta discriminación ocurre: primero en el discurso, afectando la credibilidad de sus experiencias y conocimientos, ya sea por su origen étnico o por su dificultad para expresarse en los códigos predominantes, como el uso de un idioma diferente. Esto luego conduce a la exclusión de sus organizaciones como interlocutores válidos para opinar sobre la política pública o sobre un proyecto de inversión. Como resultado, se tienen intervenciones, proyectos y programas contraproducentes y carentes de sentido para los pueblos indígenas y, en el peor de los casos, intervenciones que afectan su forma de vivir, la cual además tiene un valor importante para la conservación de los ecosistemas amazónicos y la reducción del calentamiento global.

Otro aporte importante de la injusticia epistémica es que muestra los efectos negativos de esta exclusión en dos niveles. El primero evidencia el enfoque extractivista de los proyectos de inversión, que invisibiliza las necesidades concretas de las comunidades indígenas y no contribuye a mejorar los indicadores sociales y económicos, es decir, no distribuye la riqueza que se puede generar con dichos proyectos de inversión. En segundo lugar, no contribuye a la construcción de una visión pluricultural del país. El resto de la población no indígena peruana no se compromete con una epistemia plural, que reconoce los aportes de los conocimientos indígenas en la protección de los ecosistemas amazónicos como un valor global para la humanidad.

Fortalecer la capacidad de agencia para una mayor participación en las políticas públicas puede ser abordado por la profesión desde la educación social, la promoción social y la investigación aplicada. En este artículo se aboga por que los trabajadores sociales contribuyan a la justicia epistémica de varias maneras. En primer lugar, brindando información y fortaleciendo la capacidad de agencia y organización de las comunidades indígenas en los distritos amazónicos donde se implementan los programas del MIDIS, en las DEMUNAS y en los Centros de Emergencia Mujer. En segundo lugar, trabajando con el resto de la sociedad no indígena para contribuir a una epistemia plural que valore e incluya la visión indígena. En tercer lugar, revisando sus propios prejuicios y sus interpretaciones del mundo, considerando que la discriminación opera a nivel de sistema en toda la sociedad peruana.

El trabajo social puede preguntarse cómo intervenir en cada contexto y someter la propia práctica profesional a una reflexión permanente sobre sus propias posibilidades en una sociedad altamente fragmentada. Es necesario reflexionar si el desempeño profesional no estará promoviendo sus propias injusticias epistémicas. Preguntarnos: ¿A quiénes damos voz? ¿Qué conocimientos escogemos y valoramos? ¿Cómo resolvemos las inconsistencias e incoherencias de la realidad sin la urgencia de intervenir? Estas preguntas deben formularse desde la academia, las organizaciones profesionales, los estudiantes, en el sector público y privado, y desde las ciudades donde hay una mayor presencia de los trabajadores sociales…

3. Conclusiones

Las organizaciones indígenas han demostrado una capacidad de agencia importante en los espacios de apertura ofrecidos en las negociaciones climáticas que les ha permitido mejorar el mecanismo REDD en base a sus conocimientos ancestrales sobre el cuidado de los ecosistemas amazónicos. Estas reuniones a nivel internacional además han contribuido a que se reúnan las comunidades indígenas que viven y comparten saberes y preocupaciones más allá de los límites territoriales de los países de origen, lo cual aporta seguramente a fortalecer su capacidad de agencia.
En el ámbito nacional, las organizaciones indígenas enfrentan todavía muchas barreras para ser reconocidos como interlocutores válidos para aportar en la formulación y gestión de políticas públicas y especialmente en proyectos de inversión, que los marginaliza y las discrimina.
La teoría de la injusticia epistémica contribuye a develar de como ocurre esta discriminación desde el discurso que desconoce o invisibiliza su aporte, hasta la desacreditación de sus propuestas.
La discriminación hacia el conocimiento de los pueblos indígenas priva al resto de la sociedad no-indígena a ampliar su identidad y de enriquecerse culturalmente.
La injusticia epistémica contribuye a cuestionar las propias visiones que se tiene como país y a comprender las causas de una sociedad fraccionada, mutilada, imposibilitada de construir una epistemia plural para todos sus ciudadanos.
Se requiere seguir investigando sobre cómo se produce la injusticia epistémica y como perciben y operan los agentes no indígenas y los efectos que tiene en la construcción de las identidades de los pueblos indígenas andinos y amazónicos que son la mayoría en el país.

4. Referencias

AIDESEP. (2024). Agenda Climática Indígena. Propuesta de los Pueblos Indígenas frente a la crisis climática. 19.
Arrunátegui, C. (2010). Ideología y prensa escrita en el Perú: el caso Bagua*: Vol. XXXIV (Número 2).
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Byskov, M. F., & Hyams, K. (2022). Epistemic injustice in Climate Adaptation. Ethical Theory and Moral Practice, 25(4). https://doi.org/10.1007/s10677-022-10301-z
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R. Carmona; C. Biskupovic;, & J. Ibarra. (2022). Respuestas locales para una crisis global: Pueblos Indígenas, sociedad civil y transdisciplinaridad para enfrentar el cambio climatico. Revista Antropologías del Sur, 17(Año 9), 081–101.
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Yopo Díaz, M. (2012). Políticas sociales y pueblos indígenas en Chile. Aproximación critica desde la noción de agencia. UNIVERSUM, 2(N^o27), 187–208.
Vergara, A. 2021. Ciudadanos sin Republica. De la Precariedad Institucional al descalabro político. Editorial Planeta Perú.

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