Es cíclico el debate acerca de la necesidad de formalizar las diversas formas de trabajo como requisito para expandir derechos. Han pasado 82 años de la creación de la Caja Nacional del Seguro Obrero y 60 de la Caja del Empleado, pero la “formalidad” laboral no logra superar el 30% de la PEA. Es claro que la ruta para expandir derechos no es la formalización.
El camino es la extensión de las políticas y sistemas públicos universales, iniciando justamente por los que tienen relación con el trabajo formal: acceso a salud y a pensiones dignas. En el primer caso se ha avanzado bastante con la extensión del SIS a más de 16 millones de peruanos, los que sumados a los cerca de 10 millones de ESSALUD y cerca un millón de las FFAA y FFPP, orientan la continuidad de la política de ampliación del acceso extendiendo el SIS a los cerca de 3 millones de peruanos que no cuentan con un seguro público de salud.
De ese modo se resolvería el problema de la exclusión del acceso a salud, y se obliga al sistema de salud público en su conjunto a trabajar sobre la base de las necesidades de la población, y no desde la diferenciación y contención que han sido las reglas que por décadas han asumido. De hecho eso requerirá reordenar las redes desde el territorio hacia la complejidad, en una lógica de acceso ciudadano; y obligará a unificar progresivamente fuentes y uso del financiamiento.
En el caso de las Pensiones 22% cuenta con la ONP producto de las contribuciones, 21% cuenta con Pensión 65 producto de la decisión de implementar la pensión no contributiva, y 7% tiene pensión de una AFP; tanto en pensiones como en salud los campos privados son marginales. En suma más del 50% de la población no cuenta con un esquema de pensiones, y los que existen están desfasados: ONP en promedio entrega 670 soles al mes y P65 llega a 125.
Esta realidad obliga a pensar en la creación de un sistema público de pensiones sobre la base de la ONP y P65, que progresivamente vaya extendiendo el derecho a la pensión a todos aquellos que no cuentan con una pensión privada; y en paralelo sincerar el monto necesario para lograr dignidad y no de sobrevivencia.
De esa forma podríamos iniciar la consolidación de derechos básicos para toda la población, y romper la segmentación en los principales sistema públicos. Lo hemos logrado en educación, en donde el sistema público es para todos los que lo busquen sin ninguna condición. Hay que priorizar el debate sobre universalizar en paralelo a la competitividad, ya que es la forma de avanzar en igualdad y equidad.
ALEXANDRO SACO Periodista colaborador en varios medios de comunicación en Perú, analista en temas del derecho a la salud pública. Ex Coordinador nacional de FOROSALUD
