Comparto con las y los colegas de Trabajo Social, lectoras y lectores de Nueva Acción Critica, este breve análisis referido a las Mujeres Campesinas Andinas e Indígenas de nuestro país, afectadas por la Esterilización Forzada y su larga espera de Justicia y Reparación. Las esterilizaciones forzadas fueron parte de los Programas de Planificación Familiar o Control de Natalidad del conocido historial de Gobiernos Dictatoriales que tanto en América Latina, como en otros países del mundo, impusieron esta medida represiva a su población.
En el Perú se decretó esta Política de Estado, durante el Gobierno Dictatorial de Alberto Fujimori, denominándola: “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1995)”, encargándose de su implementación al Ministerio de Salud (MINSA) y sus operadores. Es así que entre 1995 y 2001, mediante este Programa, cerca de 300 000 mujeres y más de 22 000 hombres, habrían sido las victimas de Esterilización Forzada. La mayoría de las victimas provienen de las Comunidades Andinas e Indígenas de la Sierra y Amazonia, así como de la población migrante radicada en las áreas periféricas de Lima y otras ciudades de la Costa.
La primera investigación se inicia con la Dra. Giulia Tamayo León “Nada Personal” y “Silencio y Complicidad” (1998). En términos legales constituye un importante reporte que logra constatar que, desde el Ministerio de Salud (MINSA) en coordinación con otras Regiones de Salud, en modo silencioso y sin que nadie lo advirtiera, se implementaron planes de trabajo con objetivos y metas requeridos por la Alta Dirección del MINSA y el Gobierno Central, referidas al cumplimiento de un número determinado de mujeres intervenidas en cada Feria o Campaña de Salud organizadas en los Distritos o Capitales de Provincias. Huancabamba fue la zona donde la Dra. Tamayo hizo sus primeros hallazgos, posteriormente, continuará su indagación en Anta (Cusco), recogiendo información de otras zonas donde se habían realizado las esterilizaciones forzadas. Así se evidenció que Huancavelica ocupaba el primer lugar de metas cumplidas, mientras que Huancabamba ocupaba el segundo lugar.
Desde nuestro compromiso en la carrera de Trabajo Social, el IAMAMC no solamente nos adherimos e identificamos con los hallazgos y evidencias de Giulia Tamayo, sino porque nuestra acción pretendía impulsar una propuesta de Desarrollo Sustentable con las mujeres de las comunidades, desde un enfoque de Derechos Humanos y de Equidad de Género. Este importante Reporte de defensa del justo acceso a los Servicios y estándares de salud, reconocidos por los organismos y respectivas convenciones internacionales de Derechos Humanos y contra todo tipo de violencia y desigualdad contra la mujer (Conferencia del Cairo, Viena, Copenahue, Beijing). Indudablemente que impulsaran en cada una de las zonas, Provincias y Regiones la necesidad de organizarse y defender sus derechos.
No fue fácil romper las barreras del silencio y complicidad, que había heredado el sistema de justicia durante los diez años de Dictadura. Diferentes Comisiones organizadas para esclarecer los hechos sobre esterilizaciones forzadas no avanzaron mucho en su propósito, ya que la participante Sra. Hilaria Supa Huamán, como mujer indígena en representación de las afectadas, fue constantemente discriminada por el grupo técnico de profesionales o médicos que integraban las Comisiones. La acción y protesta de las organizaciones de mujeres de Cusco, Huancabamba y otros lugares, a través de plantones, asambleas, entrevistas o conferencias de prensa, irán poco a poco impulsando organización y voz propia. Es destacable así, el rol cumplido por Hilaria Supa, quien llega a ser Congresista y Parlamentaria Andina; proponiendo nuevas iniciativas para la organización y propuestas de solución logrando que las autoridades y sobre todo del Ministerio Publico empiecen a preocuparse por el tema de la esterilización forzada.
Las mujeres afectadas por las esterilizaciones se han ido organizando e impulsando su acción vindicativa con voz propia y presencia pública, tanto en las calles como en medios de comunicación. Han realizado un reclamo permanente a su derecho a reparación y justicia social. Consideran que todo el proceso de judicialización; primero tiene que pasar por todo un proceso de reconocimiento y verificación de testimonios e informaciones de las mismas víctimas y zonas donde se produjeron las esterilizaciones forzadas y segundo, actualizar y fundamentar con pruebas las demandas contra los responsables directos e indirectos del delito de esterilización forzada, lo que ha impactado en la salud física, sexual y mental de sus cuerpos, tal como lo ha pedido y ordenado el Sr. Fiscal Luis Landa en abril del presente año, pidiéndole a la Sra. Fiscal Marcelita Gutiérrez que inicie el proceso judicial.
Desde el año 2014 y aun después de elaborarse el Registro Nacional de Victimas de la Esterilización Forzada (RVIESFO) solamente de las más de 5 758 registradas, se habrían reconocido por el Ministerio Publico o Fiscalía de la Nación a 2074 casos; que serían convocados para el proceso de judicialización.
Ante todo este duro proceso, producto del silencio y complicidad, con que se trató de ocultar el delito de lesa humanidad, en nuestra última investigación “La verdad está en nuestros cuerpos. Secuelas de una opresión reproductiva” (Sara Cuentas Ramírez y Josefa Ramírez Peña, Lima, 2016); se identifican y se denuncian las graves secuelas que dejaron las esterilizaciones en su autonomía económica, política y física, y en consecuencia generando en ellas un malestar permanente en sus cuerpos y bienestar emocional y comunitario. Así mismo, junto a diversas activistas de diversas partes del mundo, participamos en la Iniciativa Colectiva por los Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas, donde, a través de las redes sociales hacemos permanente acción vindicativa para dar a conocer la demanda de las mujeres afectadas.
En Huancabamba, en julio del presente año, la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba (AMHBA) que agrupa a más de 300 mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas, aprobó un Pronunciamiento Público y una Agenda Política que plantearon a las autoridades del Estado Peruano para que agilicen el proceso de judicialización de los casos de esterilización forzada. Esta acción revalora y demuestra que las mujeres andinas e indígenas, frente a la larga espera de la Justicia y Reparación, junto a sus familias y comunidades, no se han quedado silentes, ni se han revictimizado. Ellas están asumiendo su propio liderazgo, desde su conocimiento situado, desde su diversidad, desde sus propias capacidades y de sus saberes surgidos de su experiencia vivida de resistencia a la opresión reproductiva.
Las reuniones de representantes nacionales e internacionales en Bruselas (2017), la audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos (01 de Octubre de 2018) y la instalación de la Mesa de Trabajo para atender a las mujeres afectadas por la esterilización forzada, integrada por representantes del Estado y sociedad civil, -según los acuerdos del Plan Nacional de Derechos Humanos (2018) y que convocara el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (28- 09-018)-, renuevan las expectativas frente a esta larga espera de la Justicia y Reparación en el Perú. Seguiremos nuestro compromiso.
JOSEFA RAMÍREZ PEÑA
Licenciada en Trabajo Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado de forma activa en colectivos y redes de mujeres tanto en Perú como a escala latinoamericana e internacional, y es un referente en temas relacionados con la marginación, exclusión social, violencia de género y desigualdad de las mujeres de la región andina del Perú.
Tiene una importante experiencia profesional en el trabajo con mujeres campesinas y en el área del desarrollo rural comunitario. Sus campos de especialización principales son la educación permanente de mujeres y jóvenes andinas y andinos, investigación-acción, gestión organizacional, desarrollo local, diseño, monitoreo y evaluación de proyectos con enfoque de género y derechos humanos.
En la actualidad, coordina el Programa PEPMA del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC), del que fue cofundadora y desde el que contribuye a impulsar políticas y programas dirigidos a las mujeres del medio rural, así como en defensa de sus derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos. Igualmente ha promovido la organización de la Asociación Provincial de Mujeres de Huancabamba-AMHBA, 1993 (Región Piura) que integra a la población femenina de sus 8 Distritos y a las Mujeres afectadas por la Esterilización Forzada.
