Las tendencias globales post pandemia que tendrán impacto en nuestras reflexiones de política pública

Perú

Las tendencias que presentamos aquí, representan las grandes ideas – fuerzas que estarán presentes en los debates de política en los próximos años, y en la que los centros de investigación y los centros de asesoría política estarán buscando una respuesta. Aquí en el CELATS son parte de las reflexiones de la Comisión del Planeamiento Estratégico para identificar cómo estas tendencias van a influir en el quehacer del trabajo social en la región de América Latina, especialmente ahora, luego de que la crisis sanitaria haga evidente sus sinergias con la crisis económica que se viene. Las cuatro tendencias descritas aquí, están íntimamente entrelazadas por tanto no deben leerse como trayectorias independientes o incluso nacionales.

El Celats continuará reflexionando sobre estas tendencias para ver cómo se expresan de manera concreta en la región de América Latina para identificar nuevas líneas de acción para el trabajo social, para la incidencia en el afinamiento de las políticas públicas, en los contenidos de nuestros mensajes y en la exploración de nuevas preguntas de investigación.

1. Persistencia de la desigualdad económica y material en la región con características sistémicas y estructurales que se acentuaron con la pandemia del C0VID 19.

La creciente desigualdad económica se ha convertido en uno de los problemas que definen nuestro tiempo. Al polarizar a las poblaciones y concentrar el poder, amenaza no solo la estabilidad social sino también las instituciones de la democracia y la rendición de cuentas (Piketty, 2014). Además, las sociedades con niveles más altos de desigualdad económica, independientemente de la riqueza absoluta, tienden a tener niveles relativamente más altos de problemas sociales y de salud. Estos incluyen mayores tasas de mortalidad, mayores grados de desconfianza, mayores tasas de delincuencia, mayores niveles de obesidad, mayores niveles de enfermedades mentales, mayores niveles de violencia y mayores tasas de encarcelamiento (Wilkinson y Pickett, 2010).

La evidencia predominante sugiere que la relación entre tales males sociales y la desigualdad no es meramente correlacional no causal (por ejemplo, Dorling, 2015; Pickett y Wilkinson, 2015); es decir la forma como la desigualdad se reproduce sigue generando más desigualdad, volviéndose más sistémica por lo que, los esfuerzos para reducirla, requieren nuevos enfoques que rompan las bases que la sustentan.

Que la riqueza se concentra cada vez más está bien establecido. Oxfam (2018) informó recientemente que 42 personas ahora tienen la misma riqueza que el 50% más pobre de la población mundial, o 3.700 millones de personas; Además, el 82% de todo el crecimiento económico creado en 2017 se destinó al 1% más rico de la población, mientras que el 50% más pobre no experimentó ningún aumento. Como muestran los datos recientes, esto es indicativo de una tendencia más amplia y sostenida (ver Figura 1). Se pueden observar dinámicas similares en otros lugares, con Chile y México con los niveles más altos de desigualdad en el mundo (OCDE, 2016). Por tanto, la desigualdad económica afecta a países de diferentes regiones del mundo con formas muy diferentes de organización social, económica y política. Como resumió Markus (2017, p. 211), nos enfrentamos a “jerarquías sociales cada vez más pronunciadas y una creciente desigualdad global”. Como se señaló anteriormente, la desigualdad tiene un efecto pernicioso en una amplia gama de facetas de nuestra existencia física y social. Wilkinson y Pickett (2010) fueron de los primeros en demostrar de manera contundente cómo, en los países ricos, no eran los niveles de ingresos per sé los que predecían los problemas sociales y de salud, sino las diferencias en los niveles de ingresos dentro de estos países, argumentando que los problemas en los países ricos están no porque la sociedad no sea lo suficientemente rica (o incluso demasiado rica), sino porque la escala de diferencias materiales entre las personas dentro de cada sociedad es demasiado grande ”(Wilkinson y Pickett, 2010, p. 25).

La pandemia del covid -19, encontrará a los países de la región de América Latina, sin las reservas suficientes para mantener el gasto público al mismo nivel que antes de la pandemia y peor aún, la habrán agotado. Además de la urgencia de reconstruir sus sistemas de salud y educación que se mostraron precarizados, fragmentados y privatizados a tal punto de no responder a las necesidades de la gran mayoría de la población, además de otros aspectos claves como la exclusión del sistema bancario, de la internet y de la tecnología básica para recibir clases virtuales o recibir los bonos de ayuda económica. La figura 2 muestra el impacto del COVID19 sobre las economías de los países que en el caso del Perú cayeron hasta en un -32%.

Desigualdad Estructural (coeficiente Gini)

Figura 2

Desigualdad, Informalidad y Empleo[1].

La precariedad del empleo debido a la informalidad de los mecanismos de contratos y la persistencia de un gran número de micro y pequeñas empresas, también será una tendencia que continuará después de la pandemia. No todos los trabajos pueden hacerse virtualmente, por lo que los trabajadores manuales y presenciales tendrán que regresar a los centros de trabajos, frente a empleadores que tendrán que invertir en protocolos de seguridad que hagan viables la nueva convivencia social. La tasa del empleo informal en el Perú es del 72% de acuerdo a un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo y esta informalidad ocurre en su mayoría (90.8%) en micro y pequeñas empresas que tienen entre 2 a 10 trabajadores. Entonces formalizar no es necesariamente la respuesta automática, pues la formalización casi llevaría al quiebre a estas empresas si es que el estado no tiene un plan bien diseñado para mantenerlas produciendo mientras mejoran las condiciones laborales. Mientras tanto estos trabajadores no tienen acceso a vacaciones, o al seguro de desempleo (CTS) y a un sistema de pensiones que los proteja en su vejez (SNP o AFP según su elección). Otro grupo importante de informalidad se esconde bajo el nombre de “independientes”, (ver figura 3) es decir profesionales y hombres de oficio que ofrecen sus servicios a terceros y tienen que deducir de sus salarios los derechos laborales que le corresponden al empleador. Por otro lado, ya se está discutiendo por economistas muy serios sobre el ingreso básico universal, es decir que todos los mayores de edad en edad de trabajar reciben un ingreso básico que les permita vivir sin trabajar. La idea ya fue planteada por el historiador Yuval Noah Harari – 2015 en su famoso: Sapiens: A Brief History of Humankind;en la que solo este salario sería capaz de sostener a los trabajadores desplazados por la tecnología inteligente de los robots en un futuro posible al 2050. La epidemia del Covid- 19 y la subsecuente crisis económica que dejará a miles de personas sin trabajo podría adelantar este debate y quién sabe algunos países decidan implementarla. La política consiste en una transferencia universal de dinero financiada por impuestos generales que le otorgue a cada individuo un monto apenas por debajo de la línea de pobreza, con el objetivo de mantener el incentivo a trabajar. La idea no es nueva y se discute en Europa desde el 2013 con adeptos tanto de opciones políticas de derecha e izquierda como una manera de enfrentar la desigualdad económica dentro de los países.

2. La mayor vulnerabilidad social se expresa en las mujeres, los niños y niñas y adolescentes; adultos mayores; la población indígena y la población migrante que sufren diferentes formas violencia de género y/o violencia familiar y de discriminación reduciendo sus derechos a una vida sana y segura.

Las desigualdades económicas están acompañadas de desigualdades sociales, de un grupo cada vez más grande de excluidos del crecimiento experimentado en los últimos años. La discriminación por el color de la piel, etnia, sexo, credo, opción sexual o país de procedencia ha creado diferencias abismales entre las personas en un mismo país. Los pueblos indígenas, los inmigrantes, las niñas y mujeres, la comunidad LGTB (Lesbianas, Gais, ​ Bisexuales y Transgénero), las minorías religiosas, además de carencias materiales sufren maltratos y abusos por ser lo que son. Según Max Hernández (El comercio, 29/12/2019), el feminicidio es una síntesis siniestra de algo que muchos hombres sienten: el sentido de posesión absoluta de “la mujer que alguna vez amamos”.. quien lo ejecuta, siente que es su derecho, que es un acto justiciero. No es el dolor de la pérdida de un ser querido, sino que ese ser le arrebató su orgullo. Los estudios en la disciplina de la neurociencia, describen los cambios que ocurren en la actividad cerebral y en la conducta de las personas que sufren abuso y discriminación en algún momento de su vida.

3. Los territorios presentan una alta vulnerabilidad social y ambiental frente a los riesgos originados por fenómenos naturales y antrópicos y, por efectos del cambio climático, que se han acentuado por una deficiente planificación urbana y rural o procesos de reconstrucción inconclusos que generan mayor vulnerabilidad. La falta de un marco normativo claro, homogéneo del ordenamiento territorial fomenta la corrupción en la asignación de derechos en el territorio y aumenta la precariedad. La informalidad en los servicios de transporte y de saneamiento en las ciudades, disminuyen la calidad de vida de sus habitantes.

Existen otras dimensiones de la desigualdad que se relacionan estrechamente con las anteriores. Una de ellas es su expresión territorial, ya que la pobreza o los bajos niveles de desarrollo se concentran en ciertas áreas. Las ciudades son parte de esta dinámica territorial que tiende a concentrar espacialmente el desarrollo y a generar polarizaciones, tanto en las propias ciudades como en su relación con el mundo rural. Otras desigualdades se relacionan con el deterioro ambiental: son los sectores de menores recursos los que sufren en mayor medida las consecuencias negativas de la contaminación en zonas urbanas, y los campesinos pobres los que deben trabajar en los ecosistemas rurales más degradados. Por otra parte, la infraestructura existente y los patrones de inversión en esa infraestructura consolidan y reproducen las desigualdades territoriales y ambientales. (La ineficiencia de la desigualdad, CEPAL 2018). La forma desordenada como las ciudades han crecido también, la han vuelto más vulnerables. Poblaciones asentadas en laderas de morros o en quebradas amenazadas por huaycos y deslizamientos, con servicios precarios son solo una expresión del nivel de vulnerabilidad existente en las ciudades de la región y donde la gestión del riesgo, aparece como una tarea casi imposible, por el nivel de esfuerzo desplegado en su construcción. La forma como se ocupa el territorio también está teñida por los valores de consumo que circulan en la sociedad sin ninguna mediación cultural o adaptación tecnológica, de esta manera las pequeñas ciudades y sus alcaldes imitan a las grandes ciudades sin una mayor exploración del paisaje o identidad cultural. Vivir en la ciudad puede ser un valor que se cuestiona luego del Covid -19 pues las cifras de contagio han superado de lejos las expectativas, para lo cual se empieza a mirar a las ciudades pequeñas e intermedias como sinónimo de calidad de vida, solo si se mejora la calidad de los servicios de salud, educación y acceso a internet, lo que abriría una posibilidad de planificación local del territorio.

4. Al polarizar a las poblaciones y concentrar el poder, la desigualdad amenaza la estabilidad social y también las instituciones de la democracia y la rendición de cuentas (Piketty, 2014).

Si bien es cierto que las democracias representativas que permiten la alternancia en el poder ha sido una tendencia en la región de América Latina, ésta ha mostrado sus limitaciones. La relación entre la democracia, la gobernanza y el rol de la sociedad civil se encuentra en una tensión constante, por la “ineficacia” de la democracia en responder a los problemas descritos líneas arriba. La corrupción, la captura del estado por los grupos de poder económicos para torcer la justicia o las políticas a su favor, desacreditan a la democracia. Los ciudadanos y los movimientos sociales pierden la fe en que las reglas del sistema político (elecciones, partidos políticos, ética política) puede responder a sus necesidades más urgentes y realizar los cambios necesarios para equilibrar la balanza de la desigualdad social y económica. Ni qué decir de promover de manera proactiva las bases para una economía verde, libre de emisiones de gases de efecto invernadero, promover una alimentación saludable basada en una producción sostenible de los alimentos. Los movimientos feministas, ecológicos, de seguridad alimentaria frente al hambre, obliga a otros conceptos y alternativas y ciertamente a otras políticas de estado.

[1]Ver el estudio de Julio Gamero, presentación en Desco, 21 de Julio, 2020, facebook